Femicidio de Agostina Vega: la lupa sobre el incumplimiento de protocolos de búsqueda
El femicidio de Agostina Vega, una adolescente cuyo crimen conmueve a la opinión pública, no solo pone el foco en la brutalidad del hecho, sino que también desata un profundo debate sobre el accionar del Estado en las horas críticas posteriores a su desaparición. La atención se centra ahora en el presunto incumplimiento de los protocolos de búsqueda de niños, niñas y adolescentes, cuya aplicación inmediata podría haber sido determinante para encontrarla con vida.
Según lo establecido por el Ministerio Público Fiscal, en consonancia con los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los protocolos son claros: la denuncia de una desaparición no debe tener tiempo de espera, se debe presumir la hipótesis más grave y la búsqueda debe activarse de inmediato. Esto incluye la puesta en marcha del Sistema Federal de Búsqueda de Personas (SIFEBU) y, si corresponde, la Alerta Sofía, sin dilaciones. Sin embargo, en el caso de Agostina, las primeras informaciones sugieren que estas premisas no fueron respetadas desde el inicio, ni la denuncia se receptó con la urgencia requerida, ni se activaron los mecanismos federales de búsqueda a tiempo.
Demoras y presuntas responsabilidades institucionales
La presunta inacción y las demoras en la respuesta estatal son consideradas críticas, ya que las primeras horas son fundamentales para preservar la vida de una víctima en situaciones de desaparición. La preocupación se agudiza al recordar que el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, provincia donde ocurrió el hecho, ha demostrado capacidad para aplicar estos protocolos en otros casos, como la búsqueda de Liam.
La experiencia reciente con casos de alto perfil como el de Loan Peña en Corrientes y Guadalupe Lucero en San Luis, ha instalado en la agenda pública la imperiosa necesidad de actuar con celeridad y sin especulaciones frente a la desaparición de un menor. Por ello, la discusión actual va más allá de la identificación del autor material del crimen, y se extiende a la posible existencia de errores, negligencias o incluso responsabilidades institucionales que contribuyeron a la pérdida de tiempo valioso.
El ex coordinador de la comisión contra la trata, Gustavo Vera, subraya la gravedad de la situación y la necesidad de una investigación exhaustiva:
Las denuncias públicas sobre eventuales vínculos políticos, policiales o judiciales que habrían favorecido la falta de reacción merecen una investigación exhaustiva, independiente y transparente. La sociedad tiene derecho a conocer toda la verdad.
La necesidad de una política de búsqueda integral
El caso de Agostina Vega reaviva el debate sobre la prevalencia de la lógica de la “búsqueda de paradero” en Argentina, en contraposición a los estándares nacionales e internacionales que exigen actuar bajo la presunción de un delito grave desde el primer minuto. Cada demora burocrática, cada denuncia no tomada o cada alerta no activada a tiempo, representa un riesgo inaceptable para la vida de niños y adolescentes desaparecidos.
Ante este panorama, se vuelve urgente que el Ministerio Público Fiscal, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y los ministerios de Seguridad, tanto nacionales como provinciales, impulsen una política activa de capacitación, control y cumplimiento obligatorio de los protocolos de búsqueda. Asimismo, es fundamental reforzar las campañas públicas de difusión de números de emergencia como el 911, 145 y 134, para que familiares, vecinos y testigos sepan cómo actuar de manera efectiva ante una desaparición.
La memoria de Agostina Vega, según Vera, no solo se honrará con la condena a los culpables, sino garantizando que ningún otro niño, niña o adolescente quede desamparado por la indiferencia, la burocracia o la inacción del Estado.
