Juicio de los Cuadernos: solo declararon 7 de 43 testigos previstos para mayo y hay «retraso inevitable»

El juicio oral por el expediente conocido como los Cuadernos de las Coimas, que reconstruye el presunto circuito de sobornos durante los gobiernos kirchneristas, experimenta un significativo retraso. De los 43 testigos que el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) había programado para declarar durante el mes de mayo, solo siete lograron presentarse, lo que genera una «dilación aún mayor del debate», según fuentes judiciales.

El proceso, que tiene a la expresidenta Cristina Kirchner como principal acusada, comenzó el 6 de noviembre del año pasado. Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli tienen en sus manos un listado de 441 testigos aceptados, propuestos por el Ministerio Público Fiscal, la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF) y las defensas de los 86 imputados.

La escasa cantidad de declaraciones concretadas en mayo obliga al TOF 7 a reprogramar el calendario, sumando más tiempo a un debate ya de por sí extenso. Abogados defensores consultados por Clarín señalaron que, si bien existe la posibilidad de que algunas partes desistan de testigos si consideran que ya se expuso lo necesario para su estrategia, la complejidad de tener 86 imputados dificulta agilizar el proceso.

Complicaciones en las audiencias y el rol del Tribunal

Durante las audiencias, el juez Méndez Signori, presidente del TOF, debe intervenir como «árbitro» ante diferencias entre defensas y fiscalía, especialmente al formular preguntas. Esta dinámica, sumada a que solo se prevén dos audiencias semanales, consume un tiempo considerable.

Fuentes judiciales también explicaron que la duración de cada declaración varía según el testigo. Algunos requieren pocas horas, mientras que otros, de interés para múltiples defensas, pueden ocupar una audiencia completa. Ejemplo de ello son las figuras de Roberto Lavagna, Jorge Leonardo Fariña y Mariana de Jesús Zuvic, cuyas declaraciones han sido reprogramadas por tercera vez y están previstas para el próximo martes 2 de junio.

Con más de 400 testigos aún por escuchar (el Ministerio Público desistió de 200), los cálculos extraoficiales no son alentadores. Algunos estiman que la etapa testimonial demandará al menos un trimestre adicional. A fines del año pasado, el Tribunal informó que el debate no se interrumpiría durante la feria judicial de invierno para intentar garantizar la continuidad.

La posibilidad de que los imputados pidan declarar en cualquier momento, sumado a la etapa final de alegatos donde 86 acusados, la fiscalía y la querella expondrán, extiende aún más los plazos. En Comodoro Py, nadie se arriesga a pronosticar una sentencia para este año electoral.

Vacantes judiciales y la matriz de corrupción

Otro factor que afecta el ritmo del juicio es la situación de vacancia en la mitad de los tribunales orales, lo que provoca que las subrogancias sean habituales y compliquen la coordinación de agendas, derivando en menos audiencias semanales para ciertos casos.

La acusación central en el juicio sostiene que Cristina Fernández, junto a otros funcionarios y empresarios, integró una «asociación ilícita» entre mayo de 2003 y noviembre de 2015. Su finalidad habría sido organizar un sistema de recaudación de fondos ilícitos para el enriquecimiento personal y la comisión de otros delitos. La ex Presidenta está acusada en calidad de «jefa» de esta asociación, rol que también se le atribuye a Néstor Kirchner, cuya acción penal se extinguió por fallecimiento.

Los testimonios de los imputados colaboradores fueron clave en la etapa de instrucción. Sin embargo, durante el juicio, 24 de los «arrepentidos» se remitieron a sus confesiones previas y no aceptaron preguntas de las defensas ni, en su mayoría, de la fiscal Fabiana León. Esta postura, que impide «poner en crisis» esas confesiones, generó críticas por parte de los abogados defensores.

«Tengo por cierto y demostrado que Cristina Fernández, Julio De Vido, Roberto Baratta, Carlos Wagner, Ernesto Clarens, Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti, Claudio Uberti, Oscar Centeno, Gerardo Luis Ferreyra, Germán Ariel Nivello, José Francisco López y Oscar Alfredo Thomas integraron una asociación ilícita, que desarrolló sus actividades al menos desde el mes de mayo del año 2003 y hasta el mes de noviembre del año 2015, y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos.”