Fraude en Arsat: detienen a Facundo Leal por coimas tras un robo millonario de fibra óptica
Lo que comenzó como una investigación por el robo de material sensible de Arsat en un depósito en San Fernando, derivó en una compleja trama de corrupción que culminó con la detención de Facundo Leal, expresidente de la empresa estatal y extitular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna). En un allanamiento a su departamento de Palermo, la Policía Federal Argentina encontró cerca de US$ 650.000 en efectivo, monedas de otros seis países y diversas drogas. Horas más tarde, en su casa de Mendoza, hallaron otros US$ 1.700.000.
El 4 de enero de 2024, empleados de Arsat descubrieron que quince contenedores en el depósito, operado por la firma Argentina Logistic Services S.A. (ALS), habían sido saqueados. Sustrajeron flejes de cobre y componentes internos de los equipos de la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo), la estructura troncal que lleva internet de alta velocidad a todo el país. Las cámaras de seguridad no funcionaban y el cerco eléctrico perimetral estaba cortado desde hacía tiempo, lo que encendió las alarmas de los investigadores.
La causa, caratulada FSM1924/2024, recayó en el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, y el fiscal Fernando Domínguez. La falta de infraestructura de seguridad en el predio llevó al fiscal a investigar la contratación de ALS, la compañía a cargo de la custodia. Las medidas de prueba, incluyendo el secuestro de teléfonos, revelaron indicios de un presunto pago de coimas. Hasta el momento, once personas físicas y la empresa ALS están involucradas, bajo la sospecha de direccionamiento en la contratación del depósito.
El fiscal Domínguez solicitó la declaración indagatoria de los acusados por defraudación contra la administración pública, malversación, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Los allanamientos se extendieron a domicilios de los imputados en Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Río Negro, así como a las oficinas de ALS y Arsat. También se pidió el levantamiento del secreto bancario, bursátil y de la UIF para los involucrados.
Un contrato millonario y sin licitación transparente
La investigación de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de San Isidro y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) reconstruyó, a través de mensajes de WhatsApp, audios y registros de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA), cómo funcionarios de Arsat que debían controlar al proveedor eran, a la vez, sus beneficiarios.
El 29 de junio de 2021, Juan Andrés Navarro, subgerente de Administración y Finanzas de Arsat, propuso cambiar el depósito de bienes de la empresa a ALS mediante contratación directa. El 3 de septiembre de 2021, Arsat llamó a cotizar, y el 10 de septiembre llegaron las ofertas de tres supuestos competidores: ALS, Transportes Padilla y Tradelog. Las ofertas de Transportes Padilla y Tradelog ingresaron minutos después de la de ALS, una coincidencia que no pasó desapercibida.
Se descubrió que Diego Padilla, vicepresidente de ALS, es hijo del vicepresidente de Transportes Padilla, y que Gastón Walter Padilla, director suplente de ALS, mantenía relación de dependencia con Transportes Padilla. Esto sugiere que la competencia era, en realidad, parte de la misma estructura societaria y familiar. El memorándum que justificó la contratación directa no detalló cuánto se pagaba en el depósito anterior ni la propuesta económica de ALS, que aún no había sido presentada. A pesar de esto, el área jurídica dictaminó que el proceso cumplía los extremos formales, aunque sin evaluar la justificación técnica ni económica.
Audios, mensajes y enriquecimiento patrimonial
Gerardo Boschin, subgerente de Compras y Contrataciones de Arsat durante la gestión anterior y expresidente de Trenes Argentinos, firmó la orden de compra OC-00010632 por US$ 766.099 para un año de servicio. Ese mismo día, envió un audio a Diego Padilla:
“Dieguito, ¿cómo te va hermano? Ahí en un ratito te estamos mandando, aunque usted no lo crea, la orden de compra del depósito. Vamos, vamos”
El reglamento de Arsat establece que contratos por encima de cierto monto requieren aprobación del Directorio. Para eludir esta exigencia, la solución fue contratar por doce meses, con una prórroga de veinticuatro. Así, el 26 de diciembre de 2022, con las firmas de Boschin, Pablo Gastón Pagani (gerente requirente), Nicolás Canet (gerente de finanzas) y Facundo Leal (entonces gerente general), se formalizó una prórroga por $133.944.749 sin intervención del Directorio. En diciembre de 2023, se emitió una nueva orden por US$ 104.000. En total, las contrataciones directas acumularon US$ 1.930.861 y $40.300.000.
Los mensajes extraídos de los teléfonos revelan la coordinación entre los implicados. El 1 de noviembre de 2020, Santiago Pando, socio de los Padilla, contactó a Diego Padilla para que llamara a Boschin. Tres días después, Padilla se presentó ante Boschin como referente de ALS. El 21 de diciembre, tras una reunión en Arsat, Padilla le escribió a Sofía Varela Vizgarra, gerenta general de ALS:
“Estoy en Arsat. Viene todo perfecto. Tenemos que hacer un par de cosas para que quede algo para los muchachos”
El contrato de locación del predio de San Fernando entre ALS y el propietario Marcos Sued se firmó el 14 de mayo de 2021 por US$ 20.000 mensuales durante 36 meses. Treinta y nueve días después, el memorándum de Navarro pedía que Arsat contratara a ALS para ese mismo predio por tres años, un indicio para la fiscalía de que la negociación preexistía al trámite formal.
El 2 de marzo de 2022, Fernando Paredes le escribió a Diego Padilla:
“Dieguito vamos a tener disponible en lo de Mati [Matías Valent] US$15.000… Esto es para Pando por negocios ARSAT”
Y el 16 de mayo:
“El jueves vamos a ARSAT para darle US$6.000 a Gerardo, de los in y out del depósito y del movimiento de suelo”
Los registros vehiculares de Leal y las declaraciones juradas de otros implicados también arrojaron datos llamativos. En noviembre de 2021, días después de la primera orden de compra, Boschin registró una VW Highline. En mayo de 2021, Leal compró una Ford F150 Lariat V8 4×4, y en junio, su cónyuge adquirió una BMW X5. En julio de 2022, Leal sumó una Volkswagen Amarok y en 2023 una Ford Ranger Raptor y una Can-Am Maverick X3. La declaración jurada de Pablo Pagani pasó de $1.997.362 en 2020 a $18.708.140 en 2023.
Sin controles de seguridad
El pliego de especificaciones técnicas de septiembre de 2021 exigía seguridad las 24 horas: cámaras operativas, cerco adecuado, iluminación, control de acceso y recorridas de vigilancia. Sin embargo, nada de esto existía al momento del robo. El cerco eléctrico no funcionaba desde la empresa anterior, y las cámaras instaladas en 2022 fallaron por problemas de firmware, sin que ALS solicitara mantenimiento. Cuando la policía pidió las grabaciones del período del robo, el presidente de ALS, Fernando Paredes, informó que las cámaras no funcionaron entre el 21 de diciembre de 2023 y el 4 de enero de 2024.
Marcelo Garozzo, del área de Infraestructura de Arsat, declaró que la sustracción de los equipos requería escaleras, herramientas especiales y varios días de trabajo diurno. Un informe de Gendarmería Nacional fotografió los cortes en los flejes, los soportes arrancados y los cables dañados en el shelter N° 361, recomendando la intervención de peritos. La Fiscalía solicitó la declaración indagatoria de Diego Padilla, Fernando Diego Paredes, Gastón Walter Padilla, Sofía Varela Vizgarra, Santiago Pando, Gerardo Boschin, Pablo Gastón Pagani, Facundo Leal, Juan Navarro y Juan Álvarez, además de allanamientos y levantamiento del secreto bancario para Martín Mareco y Matías Valent, señalados como eslabones en la cadena de pagos.
