Escándalo narco en Morón: Concejo Deliberante aprobó la interpelación de Lucas Ghi

El Concejo Deliberante de Morón aprobó la interpelación del intendente Lucas Ghi en medio del escándalo generado por el hallazgo de medio kilo de cocaína en la casa de Luna Suyai Ortigoza, exdirectora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género municipal, quien permanece prófuga. Ghi, o el funcionario que él designe, tendrá un plazo de cinco días para brindar explicaciones ante el cuerpo legislativo.

La decisión del Concejo llega dos días después de que se hiciera pública la situación de Ortigoza, quien fue apartada de su cargo por el jefe comunal tras conocerse la causa por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego”.

Los fundamentos del pedido de interpelación

El pedido de interpelación fue impulsado por la concejal de La Libertad Avanza (LLA) Analía Zapulla, y contó con el respaldo de 16 votos a favor, frente a 8 en contra de las bancadas del PJ-MDF y del Frente Renovador. La iniciativa exige que el intendente detalle “la participación de la administración local en la contratación de la imputada, los mecanismos preventivos y alertas tempranas, los filtros de idoneidad para la incorporación de personal y las acciones judiciales llevadas adelante”.

Además, Ghi deberá responder si “recibió alertas o informes de las áreas de seguridad sobre las actividades de Ortigoza, y si asume la responsabilidad política y funcional por la infiltración del narcotráfico en las segundas líneas de su estructura de gobierno”. Los fundamentos del pedido subrayan que el intendente es “el máximo responsable de la seguridad y de la integridad institucional de Morón” y debe “velar por la idoneidad moral de las personas a las que decide confiarles el presupuesto, el poder político y el acceso a las dependencias públicas”.

“Cuando el crimen organizado penetra de forma tan flagrante las segundas y terceras líneas de un gobierno local, la confianza pública se quiebra por completo y es el intendente quien debe dar la cara y asumir las consecuencias de sus designaciones políticas”, expresaron los concejales.

La interna con Sabbatella y la postura del oficialismo

Entre los ediles que acompañaron el requerimiento de la oposición se encuentran integrantes de Unión por la Patria (UP) alineados con el exintendente Martín Sabbatella. Esta situación expone una histórica interna política entre Ghi y su “padrino” político, que estalló a fines de 2024 y ha derivado en renuncias y fracturas de bloques dentro del peronismo local. De hecho, a fines de marzo, el oficialismo quedó dividido, con la creación del bloque del PJ-MDF por parte de Ghi, en contraposición a la bancada de UP.

Diego Spina, exsecretario de Gobierno local y actual concejal de UP, reclamó: “Esperamos que el intendente venga a dar la cara, y no algún funcionario derechoso de su Gobierno”. Por su parte, la concejal Zapulla (LLA) advirtió que, de no responder al llamado, se podría iniciar un proceso para pedir la destitución del jefe comunal.

Previo a la formalización del pedido, Ghi se refirió a la investigación, aseguró sentirse “defraudado” y afirmó haberse enterado de la situación de Ortigoza por la policía. “Cuando vimos esta situación, no vacilamos un segundo en terminar todo tipo de vínculo que podía tener con el municipio para que nadie pudiese esgrimir alguna relación institucional que pudiese obstaculizar el desarrollo de la investigación”, declaró a un medio nacional, agregando que la mujer “nunca había dado muestras de faltar a lo que se espera de una funcionaria”.

Otro antecedente: el caso de la empleada de Seguridad

El texto del pedido de interpelación también alude a la detención en febrero de Karen Cufré, una empleada de la Secretaría de Seguridad que trabajaba en la Central de Monitoreo Descentralizada de Villa Sarmiento. Cufré está acusada de integrar una banda de extorsionadores virtuales, vinculada al caso del soldado Rodrigo Gómez, encontrado sin vida en la Quinta de Olivos.

La joven había sido contratada de forma temporaria en septiembre del año pasado. En ese momento, el secretario de Seguridad municipal, Damián Cardoso, explicó que “apenas tomamos conocimiento de que estaría detenida, hicimos un chequeo de que la persona estaba privada de su libertad, relacionada con el suicidio del soldado, y de forma inmediata decidimos la cesantía”. La iniciativa refrendada este jueves pregunta si, tras este antecedente, el Ejecutivo implementó “algún protocolo específico de auditoría de conducta pública, control de perfil ético o análisis patrimonial preventivo” para evitar la vinculación de personas con redes criminales en funciones estatales.