Súper RIGI y Ley de Lobby: el Gobierno acelera el debate en Diputados con control de comisiones

El Gobierno de Javier Milei prepara una nueva ofensiva legislativa en el Congreso, centrándose en el tratamiento en comisiones de dos proyectos clave: la ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), conocido como “súper RIGI”, y la esperada ley de Lobby. La estrategia oficialista apunta a una rápida aprobación, a pesar de las primeras observaciones planteadas por bloques aliados.

Este miércoles se confirmó que la propuesta para atraer inversiones superiores a los US$1.000 millones fue girada a las comisiones de Presupuesto, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En paralelo, la iniciativa destinada a transparentar las gestiones de intereses, o ley de Lobby, pasará por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

Control oficialista en las comisiones clave

Un factor determinante en la estrategia del oficialismo es el control que ejerce sobre las cinco comisiones que debatirán ambos proyectos. Tres de ellas son presididas por diputados de La Libertad Avanza y las dos restantes por legisladores aliados. Además, el bloque libertario y sus socios cuentan con la mayoría de las sillas en estas comisiones, lo que anticipa un camino sin grandes obstáculos para obtener despacho y llevar las iniciativas al recinto.

La menor representación del peronismo en el debate en comisión, sumada a la presencia de un puñado de legisladores de la oposición crítica, refuerza la expectativa del oficialismo. En este contexto, no descartan la posibilidad de abrir la agenda la próxima semana para acelerar el trámite legislativo antes del inicio del Mundial 2026, a pesar de que solo restan dos semanas.

El Gobierno se ilusiona con repetir el éxito de 2024, cuando la primera versión del RIGI, incluida en la Ley Bases, fue aprobada con 134 votos a favor. Este caudal de apoyo es visto como una base sólida para los libertarios, que han logrado victorias en votaciones clave desde el recambio legislativo de diciembre pasado.

Observaciones y tensiones entre los aliados

Pese al optimismo oficialista, tanto el PRO como la UCR han deslizado algunas observaciones iniciales. Los radicales, que tienen como referente económico al mendocino Lisandro Nieri, esperaban que el RIGI original fuera una medida excepcional para convertir a Argentina en un polo de atracción de inversiones. Si bien valoran las iniciativas que promueven nuevas inversiones, especialmente en cifras como los US$1.000 millones, han anticipado un análisis detallado del proyecto durante el debate en comisión.

Por su parte, el PRO ya expresa cierta tensión en torno a un artículo que podría afectar las cuentas de provincias, la Ciudad de Buenos Aires y municipios. El “súper RIGI” propone que las importaciones de bienes que formen parte del plan de inversión queden exentas de derechos de importación y de todo régimen de percepción, recaudación o retención de tributos, tanto nacionales como provinciales y municipales, incluyendo el IVA. Esto implicaría que las provincias deberían adherir y otorgar estos beneficios, bajo el argumento del Gobierno de que los nuevos proyectos generarán otra recaudación compensatoria.

Otro punto sensible, según los aliados, radica en la posible afectación de sectores que ya realizaron inversiones y ahora verían a nuevos competidores ingresar con beneficios adicionales. La clave del acompañamiento, como ocurrió con la primera versión del RIGI, podría estar en el respaldo de los gobernadores, especialmente de las provincias mineras. En esta ocasión, se especula que las grandes inversiones se orientarían a los sectores de desarrollo tecnológico y energético, lo que podría incentivar el apoyo de bloques como Innovación Federal y Provincias Unidas, que tienen vínculos con los gobiernos de Córdoba, Santa Fe, Chubut y Jujuy.

Sin embargo, dentro de estos espacios también hay voces disidentes, como la del socialista Esteban Paulón, quien ya anticipó su voto en contra del “súper RIGI”, tal como lo hizo con la primera versión. Paulón sostiene que la propuesta del Gobierno favorece a figuras como el empresario tecnológico Peter Thiel, dueño de la empresa de seguridad informática Palantir, quien visitó al presidente Milei hace un mes. Esta opinión sería compartida por otros diputados.