Floresta: Recuperaron la casa de Patricia Castro, tomada desde la pandemia y convertida en taller textil

Tras años de insistir en la Justicia y en diversos organismos estatales, Patricia Castro logró recuperar la propiedad familiar que había sido tomada durante la pandemia. La vivienda, ubicada en la intersección de Bahía Blanca y Bacacay, en el barrio de Floresta, había funcionado históricamente como un hotel-pensión y, en los últimos años, fue convertida en un taller textil clandestino y subalquilada a diversas familias.

La recuperación de este inmueble, que se concretó ayer, marca la propiedad número 800 devuelta a sus dueños por la Ciudad de Buenos Aires, según informaron fuentes del Ejecutivo porteño. El caso de Castro se hizo público en abril de 2023, a raíz del trágico derrumbe de una vivienda tomada en Avenida Rivadavia al 8700, también en Floresta, que dejó tres muertos, incluyendo una niña de 12 años, y reveló la problemática de las ocupaciones irregulares en la zona.

De hotel-pensión a taller clandestino

La historia de la propiedad de los Castro se remonta a 1968, cuando fue adquirida por la familia. Durante décadas, funcionó como un clásico hotel-pensión de barrio. Patricia Castro relató a Clarín en 2023 que, en 2018, su padre había comenzado a alquilarla a un grupo familiar de origen boliviano. “Le pagaban muy poco, pero él los estimaba y se veía reflejado en ellos, porque tanto mis abuelos, como mi padre y mi madre, fueron inmigrantes españoles e italianos y sufrieron el desarraigo”, explicó.

Sin embargo, la situación se deterioró tras el fallecimiento del padre de Patricia. “Los inquilinos dejaron de pagar el alquiler, subalquilaron las habitaciones a otras familias y transformaron el lugar en un taller textil, en un depósito y por momentos en una cocina de comida para venta ambulante”, detalló Castro. La dueña, preocupada por la situación, había comenzado a pagar un seguro y el impuesto inmobiliario local, temiendo que pudiera ocurrir una tragedia similar a la de la Avenida Rivadavia.

El largo camino hacia el desalojo

Patricia Castro describió su proceso como un “peregrinaje” ante la Justicia y los organismos del Estado. “Había perdido las esperanzas. Por la zona los vecinos vemos que hay muchas casas tomadas, en las que pueden llegar a operar talleres clandestinos. Entonces yo entendí que la propiedad no me la iban a devolver por voluntad propia”, afirmó a Clarín ayer. Su caso involucró gestiones ante la Agencia Gubernamental de Control (AGC), el Ministerio Público Fiscal (MPF), la Policía porteña y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, además del fuero judicial. Aunque se logró una orden de desalojo en 2023, esta no se había ejecutado hasta ahora.

Al ver los operativos que el Gobierno de la Ciudad realiza para recuperar propiedades, Patricia decidió acercarse a los funcionarios. “No me quedé quieta. En la Justicia la causa estaba como frenada, permanentemente con apelaciones”, relató. Finalmente, logró que un funcionario la escuchara, le compartió toda su carpeta judicial y ayer mismo fue contactada para informarle del operativo.

En el momento del desalojo, se encontraron 12 personas en la casa, cuatro de ellas menores de edad, distribuidas en cuatro familias de origen boliviano. Todas fueron censadas por la Red de Atención del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Una mujer fue trasladada a un hotel, mientras que el resto optó por mudarse con familiares. Dos personas recibirán apoyo económico. Antes de la partida, las familias intentaron desarmar las cinco máquinas de coser que utilizaban en el taller.

Actualmente, la propiedad se encuentra clausurada por la Guardia de Auxilio debido al riesgo de derrumbe, un factor que subraya la problemática de las construcciones precarias y la falta de mantenimiento en las viviendas tomadas. Este desalojo pone de manifiesto no solo la emergencia habitacional en la Ciudad, sino también la complejidad de los trámites que deben enfrentar los propietarios para recuperar sus bienes y la necesidad de mayores controles estatales.