Crisis cloacal en Mendoza: imputaron a un alto funcionario de Cornejo por «daño y contaminación»
MENDOZA.- La Justicia mendocina imputó a Humberto Mingorance, presidente de la empresa estatal Aguas Mendocinas (Aysam) y uno de los principales funcionarios del gobierno de Alfredo Cornejo, por los desbordes cloacales y el vuelco de líquidos contaminantes en el distrito Los Corralitos, en Guaymallén. La causa se caratuló como “daño y contaminación”, y también alcanza a otros dos directivos de la firma: el gerente general, Darío Hernández, y el gerente operativo, Carlos Sifuentes.
La imputación se produce en un contexto de grave crisis ambiental en la zona, donde los vecinos reclaman desde hace más de tres años por los problemas con las aguas servidas. Días atrás, Aysam fue multada por el Departamento General de Irrigación (DGI) con $120 millones, la penalización más alta en la historia del organismo, por considerar la contaminación de “gravedad excepcional”.
Acusación formal y posibles penas
La fiscalía avanzó con la acusación formal bajo la figura de “Daño agravado por ser ejecutado sobre un bien de uso público en concurso con contaminación de agua de modo peligroso para la salud”. Esta imputación, en caso de prosperar, podría derivar en una pena de entre 3 y 10 años de prisión, lo que implica que los delitos, en sus máximos, no serían excarcelables.
La decisión judicial, tomada por el fiscal de instrucción de la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente, Gabriel Blanco, junto al fiscal en jefe Sebastián Capizzi y los fiscales adjuntos Gustavo Pirrello y Paula Quiroga, cayó como un “balde de agua fría” en el Ejecutivo provincial. Hasta el momento, los referentes del gobierno habían defendido el accionar de Mingorance, con quien compartieron otras áreas de gestión.
Vuelcos, roturas y contaminación del agua potable
Según el expediente judicial, bajo los alcances de la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos, la empresa estatal habría efectuado en más de una oportunidad el vuelco de aguas servidas sobre el Canal Pescara y otros cauces y acequias de la región. Además, se le atribuye haber producido roturas en la infraestructura hídrica con el objetivo de descomprimir el alto caudal. Desde Aysam, por su parte, indicaron que estas acciones fueron necesarias para evitar inundaciones en la vía pública y sostuvieron que sus análisis de laboratorio no evidenciaban alteraciones bacteriológicas significativas.
Contrariamente a la postura de la empresa, los vecinos aportaron a la Justicia estudios de agua potable domiciliaria y de pozo, realizados junto a especialistas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Estos informes revelan que, en algunas muestras, el agua “no es apta para consumo humano” debido a la presencia de bacterias coliformes y Escherichia coli, lo que agrava la preocupación por la salud pública en la zona.
Reconocimiento del problema y obras en curso
Desde el gobierno provincial, a la espera del desarrollo de la causa judicial, reconocieron el problema ambiental y la situación de emergencia que atraviesan los vecinos. Insisten en la importancia de las obras que se están realizando para mitigar el impacto, como la ejecución de bypass y la reconducción del caudal en la zona obstruida, a la espera de una infraestructura mayor que amplíe el sistema troncal de cloacas.
“Son delitos, en sus máximos, que no son excarcelables. Se seguirán haciendo pericias y las partes irán aportando material. Esto recién empieza, por lo que se sumarán informes para determinar qué pasó con las obras que se hicieron en el lugar y el impacto que tuvieron. Ya hay elementos que permiten avanzar en la investigación y determinar responsabilidades”, explicaron a LA NACIÓN desde la Justicia provincial.
El distrito de Los Corralitos, considerado semirrural por el avance demográfico, adolece de infraestructura pública adecuada. No cuenta con red domiciliaria de cloacas y recibe los desechos del Gran Mendoza a través de una cañería con más de cuatro décadas de antigüedad, situación que llevó a la comuna a declarar la emergencia ambiental.
