Retenciones al campo e industria: el Gobierno ultima detalles del decreto para la baja gradual

El Gobierno nacional se encuentra en la fase final de elaboración del decreto que establecerá la disminución gradual de las retenciones a las exportaciones del sector agropecuario y la industria. Se prevén encuentros con cámaras privadas en los próximos días para ajustar los últimos detalles, con el objetivo de que el nuevo esquema empiece a regir a principios de junio.

Fuentes del equipo económico confirmaron que “se está trabajando para que esté listo la semana que viene, más que nada por la baja de trigo y cebada, que es la que comienza a aplicarse en junio”. Estos granos verán una reducción de sus derechos de exportación del 7,5% al 5,5% a partir de la semana entrante.

El esquema de reducción y las expectativas del Gobierno

El presidente Javier Milei había anticipado la medida el jueves pasado en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, y el ministro de Economía, Luis Caputo, brindó precisiones el viernes en una conferencia de prensa. Para la soja, la reducción será más progresiva: un 0,25% mensual en 2027, bajando la alícuota del 24% al 21%, y un 0,50% en 2028, hasta alcanzar el 15%. La meta oficial es estimular la siembra, sostener las exportaciones y, a su vez, enviar una señal al campo en un año electoral.

“Vamos a bajar entre un cuarto de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos”, afirmó Milei.

La decisión se da en un contexto de mayor acopio de soja, en parte impulsado por rumores de una inminente baja de retenciones. Un analista cercano al Gobierno había sugerido dos semanas atrás que era “mejor retener la soja que venderla”, dado que el rendimiento de los plazos fijos es inferior al 20% anual. Mientras las ventas de maíz acumulan 26 millones de toneladas en el año, las de soja suman 14 millones, según datos de la analista Lorena D’Angelo de AZ-Group. El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, estimó que la cosecha de soja avanzó un 50%, aunque advirtió que “falta mucho todavía”.

Caputo reconoció que la liquidación de divisas permitió al Banco Central comprar más de US$ 8.800 millones, pero que gran parte de esos dólares no provinieron del sector agropecuario. En ese sentido, señaló que hubo “bastante retención” de granos y expresó que las nuevas medidas buscarán impulsar la liquidación de divisas y disipar la “especulación”.

Otros cultivos e impacto en la industria

El nuevo esquema también contempla reducciones trimestrales en los derechos de exportación para girasol, maíz y sorgo. El girasol pasará del 4,5% actual al 3% a fines de 2028, mientras que maíz y sorgo se reducirán del 8,5% al 5,5% en el mismo período. En un despacho oficial, estimaron: “Si a la baja de retenciones a la campaña fina más el cronograma de la gruesa le sumás buenas condiciones climáticas y el mejor ánimo que genera en los productores la previsibilidad para la toma de decisiones, deberíamos andar bien”.

Para el sector industrial, la medida implica que rubros como el automotor, petroquímico, maquinaria y equipos, junto a otros, verán sus retenciones bajar del 4,5% al 0% en junio de este año.

Desafíos fiscales y recomendaciones del FMI

A pesar de que las exportaciones se proyectan hacia un récord de US$ 100.000 millones en 2026, impulsadas por una cosecha histórica y el auge energético, el Gobierno enfrenta importantes desafíos económicos. Hasta finales de 2027, vencen deudas por US$ 35.000 millones, y las importaciones podrían alcanzar los US$ 80.000 millones. Además, el Ejecutivo busca manejar la apreciación cambiaria con un dólar estabilizado en $1.400.

Tras aprobar un desembolso de US$ 1.000 millones para Argentina, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó generar un colchón con los ingresos extraordinarios del aumento proyectado de exportaciones primarias, mediante un mayor ajuste fiscal y una acumulación más rápida de reservas para contener “potenciales presiones cambiarias”.

Sin embargo, Caputo advirtió que “seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil”. La poda de retenciones implicará un costo fiscal de US$ 1.200 millones. El Gobierno informó al FMI que, si fuera necesario, aplazará el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), aumentará impuestos a los combustibles y acelerará el recorte de subsidios al transporte para cumplir con un superávit primario del 1,4% del PBI en 2026.