Golpe judicial a la UOM: la Justicia anuló las elecciones y desplazó a Abel Furlán
La Justicia Federal dictó un fallo contundente que sacude al sindicalismo argentino: la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló las elecciones de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ordenó el cese inmediato de las autoridades nacionales y de la seccional Campana, y dispuso la intervención del gremio por un plazo de 180 días. La decisión desplaza de su cargo a Abel Furlán, quien había sido reelecto en marzo pasado.
La resolución, emitida por la Sala VIII del tribunal, designa a Alberto Biglieri como interventor. Este dictamen llega dos meses después de los controvertidos comicios que mantuvieron a Furlán al frente de la UOM, a pesar de las denuncias de presuntas irregularidades que ya habían generado una suspensión previa del proceso electoral.
El fallo judicial y sus implicancias
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, a través de los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, declaró la “nulidad de las elecciones llevadas a cabo en la seccional Campana”, así como también las elecciones nacionales de la UOM del 18 de marzo. La principal razón esgrimida fue “no haberse conformado en debida forma –lo que importa, para ser claros, que no se conformara en ningún modo– el Colegio Electoral”.
El fallo establece el “cese inmediato” de las autoridades nacionales y de Campana, dejando a la UOM “acéfala” a nivel nacional y en la mencionada seccional, dado que los mandatos anteriores vencían el 22 de marzo de 2026. La intervención judicial se extenderá por seis meses, tiempo durante el cual Biglieri tendrá a cargo la administración del sindicato.
Furlán había logrado su reelección con el respaldo de 48 de las 53 seccionales del gremio. Sin embargo, el proceso electoral estuvo viciado por denuncias y una medida cautelar previa de Ángel Derosso, que ya había derivado en una suspensión de los comicios por la misma Sala VIII que ahora dictó la nulidad.
Denuncias contra Furlán y la reacción sindical
La decisión judicial se enmarca en un contexto de serias acusaciones contra Abel Furlán. Poco antes de las elecciones de marzo, Furlán había sido imputado por el delito de malversación de fondos sindicales. La investigación, iniciada por la Fundación para la Paz y el Cambio Climático, lo señala por presuntos delitos de administración fraudulenta, fraude y asociación ilícita.
La imputación se originó a partir de un convenio que Furlán habría firmado unilateralmente con la empresa desconocida USEM SA para controlar los recursos que los trabajadores metalúrgicos aportan al sindicato (el 2% de sus salarios). El acuerdo habría implicado una comisión del 0,5% del total de esos aportes para USEM SA, cuya accionista es Soledad Calle, dirigente del gremio e integrante de La Cámpora. Por esta causa, que lleva adelante el juez Julián Ercolini, la sede central de la UOM fue allanada.
La reacción del ámbito sindical no se hizo esperar. La Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un comunicado repudiando la decisión judicial:
Rechazamos enfáticamente el fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que, arbitrariamente, anuló las elecciones en la Unión Obrera Metalúrgica y dispuso su intervención. Detrás de esta maniobra judicial, las presiones sobre las paritarias y el intento de disciplinar al gremio, se esconde un nuevo ataque contra la organización de las y los trabajadores.
La CGT enfatizó que “cuando avanzan contra un sindicato que pelea por salarios, industria y empleo argentino, avanzan contra todo el movimiento obrero. La defensa de la democracia sindical y de la representación de las y los trabajadores no se negocia”. Por su parte, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, responsabilizó directamente al Gobierno de Javier Milei, afirmando que “No vamos a permitir que la Justicia y el Gobierno vulneren la autonomía de las organizaciones sindicales” y que la intervención “violenta la voluntad de los trabajadores y pretende disciplinar a los dirigentes gremiales que luchan”.
