Propiedad privada: el Senado avanza con ley tras ceder en desalojos y Renabap
El proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada consiguió hoy dictamen en un plenario de comisiones del Senado, acercándose a su tratamiento en el recinto de la Cámara alta. Sin embargo, el texto original, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sufrió severos cambios para obtener el apoyo de la oposición dialoguista.
Las modificaciones más relevantes incluyen la eliminación completa del capítulo que buscaba suprimir el programa nacional de regulación de tierras en villas y barrios de emergencia, a cargo del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Esta fue una de las principales demandas de la Iglesia Católica y de todos los bloques de oposición.
La bancada libertaria, liderada por Patricia Bullrich (Capital), también debió ceder en la pretensión de la administración de Javier Milei de aplicar un proceso sumarísimo de desalojo en tres días para viviendas y terrenos. El dictamen final, firmado por las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, establece claras diferencias entre intrusos, usurpadores, locatarios y ocupantes precarios.
Nuevos plazos y regulación de tierras rurales
En este sentido, los plazos de intimación se amplían a 10 días corridos en aquellos casos donde el locatario haya incurrido en mora. La entrega inmediata del bien se mantiene únicamente para los “usurpadores”.
Otro cambio significativo se relaciona con el régimen de tierras rurales. El dictamen otorga a las provincias la facultad de aprobar las ventas a capitales extranjeros. No obstante, se mantiene la prohibición absoluta en la adquisición de tierras en zonas de frontera y por parte de otras naciones o de personas físicas o jurídicas con participación de otros países. En este último caso, la autorización queda en manos del Gobierno nacional.
“Hemos receptado una cantidad de modificaciones, tanto propuestos por expositores como por los senadores de todos los bloques”, destacó Bullrich al inicio del debate, antes de explicar los cambios introducidos al proyecto remitido por el Poder Ejecutivo el 27 de marzo último.
Debate y disidencias en el Senado
El kirchnerismo duro rechazó la propuesta, argumentando falta de tiempo para consultar las modificaciones.
“Están dejando en indefensión a los senadores, están haciendo circular un dictamen con un montón de modificaciones que no hemos tenido la mínima posibilidad de consultarlo y venir con una posición formada”, se quejó Florencia López (Justicialista-La Rioja), quien solicitó suspender la reunión.
A pesar de las objeciones, el encuentro continuó.
La oficialista Nadia Márquez (Neuquén), presidenta de la Comisión de Legislación General, anunció la firma del dictamen tal cual lo había leído Bullrich, aunque la jefa de la bancada oficialista dejó abierta la posibilidad de sumar cambios antes de la discusión en el recinto.
Desde el peronismo díscolo también se pidió más tiempo para el debate. La senadora jujeña Carolina Moisés (Convicción Federal) destacó que su bancada “hizo los deberes” y presentó una serie de cambios al proyecto, adelantando que se convertirán en un dictamen de minoría si el oficialismo no los incorpora. Entre sus propuestas, Moisés planteó fijar en 180 días el plazo para el desalojo y la inclusión de una autorización por ley provincial para la venta de tierras a compradores extranjeros o asociados con otras naciones.
El kirchnerismo duro también insistió en la necesidad de una audiencia pública, argumentando que la iniciativa regula cuestiones que afectan el medio ambiente.
“Estamos hablando de la posibilidad de extranjerizar territorios que tiene recursos naturales y ahora lo dejan en manos de las provincias. Lejos está esto de ser federal, esto es un federalismo de fragmentación, antisoberano, eliminan restricciones para vender tierras en zonas de fronteras”, afirmó Ana Marks (Justicialista-Río Negro).
Finalmente, Bullrich explicó que también se incluyeron cambios en el capítulo que regula el proceso de expropiaciones, restringiendo las condiciones para que el Estado pueda quedarse con un bien privado. Se introdujo un límite del 30% del valor del daño emergente como pago en concepto de lucro cesante. Además, se fijó que la tasa de interés aplicable para las expropiaciones surgirá de una combinación entre el índice de precios al consumidor (IPC) más la tasa activa del Banco Nación para operaciones de descuento a 30 días.
