“Lo inyectaron y murió a los 20 minutos”: el drama de una familia en la clínica trucha de Catán
Damián, uno de los damnificados por la presunta operación ilegal de la clínica “Argentina Salud” en González Catán, brindó un desgarrador testimonio sobre la muerte de su padre. En una entrevista televisiva, relató cómo lo llevó al establecimiento por un fuerte dolor abdominal y aseguró que falleció pocos minutos después de recibir una medicación y regresar a su casa, lo que agrava la situación de la red desarticulada en las últimas horas.
“Vivo a dos cuadras. Traje a mi papá porque tenía un dolor en el abdomen y le inyectaron ketorolac. A los 20 minutos falleció en mi casa. ¿Cómo puede ser que esto siga abierto? Ya hice las denuncias y ahora vengo y me encuentro con que sigue funcionando. Es un viva la pepa esto”, expresó Damián con notorio enojo, reflejando la indignación de la comunidad.
El hombre amplió su relato de lo sucedido el 4 de enero: “Estábamos jugando al pádel, le agarró un dolor, vinimos a casa y, para no ir a la UPA -Unidad de Pronta Atención- porque había mucha gente, fuimos a Argentina Salud. Le hicieron un electro, le inyectaron ketorolac y lo mandaron a la casa. Mi papá murió en mi casa de un infarto”. Damián asegura haber intentado obtener respuestas en reiteradas oportunidades, pero siempre le respondieron que el profesional que atendió a su padre no estaba disponible.
Allanamientos y detenciones: el desmantelamiento de una red ilícita
Las declaraciones de Damián se producen en medio de las protestas que se desataron este miércoles frente a la clínica, que formaría parte de una presunta organización dedicada a falsificar documentación médica. En las últimas horas del martes, la Policía Federal realizó 13 allanamientos simultáneos en Virrey del Pino, González Catán y Ramos Mejía.
Hay al menos cinco detenidos en el marco de una causa por “asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina y otros delitos”. Según la investigación, la estructura habría operado durante los últimos cuatro o cinco años y tendría sedes en Virrey del Pino, González Catán y San Justo, extendiendo su alcance de manera preocupante.
Los implicados y la denuncia que destapó la trama
Entre los principales investigados aparecen Rubén Santarceri y Gabriel Musse, quienes ya habían estado detenidos en una causa por homicidio relacionada con piratas del asfalto. Además de Rubén, sus dos hijos Nicolás Alberto Santarceri y Brian Marcelo Santarceri fueron detenidos, junto con su esposa Noelía Sofía Luna y Dunia Mercedes Suazo Pulido, una médica cubana que no había validado su matrícula en la Argentina. Los seis son investigados como quienes conformaron la organización desde el inicio.
La investigación comenzó tras la denuncia penal de la cirujana plástica Romina Neira, que trabaja en el barrio porteño de Palermo. Neira descubrió que circulaba un certificado médico falso con una firma que aparentaba ser la suya, fechado en diciembre de 2025, y que incluso había sido presentado durante un juicio oral, lo que encendió las alarmas sobre la magnitud de la estafa.
Modus operandi y el alcance de las irregularidades
Tras la denuncia de Neira, la fiscalía avanzó con una investigación que permitió detectar consultorios médicos que funcionaban en distintos puntos de La Matanza y Ezeiza. Según los investigadores, allí se atendían pacientes y también se organizaban traslados y servicios médicos a domicilio. En los establecimientos trabajaban estudiantes de medicina y enfermeros que usaban sellos y matrículas presuntamente obtenidos de bases de datos del Colegio de Médicos bonaerense para confeccionar certificados y otra documentación médica falsa, simulando ser profesionales habilitados.
Hay al menos 50 médicos de la Ciudad de Buenos Aires que habrían sido afectados por estas maniobras. También se detectaron irregularidades vinculadas con ambulancias no habilitadas, farmacias clandestinas y adulteración de documentación sanitaria, revelando una compleja red de ilegalidades que ponía en riesgo la salud pública.
La causa está a cargo del fiscal Fernando Garate, de la UFI descentralizada N°1 de La Matanza, y del juez de Garantías Rubén Ochipinti. Los procedimientos fueron realizados por la División Investigación del Robo Organizado de la Policía Federal, que continúa profundizando en los detalles de esta alarmante operación.
