Proponen penas de hasta 8 años de prisión por delitos contra la propiedad rural

El diputado nacional Martín Ardohain (PRO-La Pampa), quien preside la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Cámara Baja, presentó un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal para endurecer significativamente las penas por delitos y actos de vandalismo contra la propiedad rural. La iniciativa surge en un contexto de crecientes denuncias por inseguridad que afectan al sector agropecuario.

Según Ardohain y los legisladores del PRO que acompañan la propuesta, el campo argentino se ve afectado por modalidades delictivas que la legislación actual «ignora o minimiza, dejando al productor en un estado de absoluta indefensión». Argumentan que «el daño a un silobolsa o la destrucción de la infraestructura tecnológica estratégica se pretenden juzgar con herramientas del siglo pasado», lo que impulsa la necesidad de una actualización normativa.

El objetivo principal del proyecto es «adecuar y actualizar las normas penales para dar una respuesta sistémica, eficaz y moderna a una problemática que impacta directo en el tejido social y económico del país». Esto implica diseñar una «arquitectura técnica precisa» que provea a magistrados, fiscales y fuerzas de seguridad de «tipos penales operativos, objetivos y desprovistos de las ambigüedades procesales que históricamente han dificultado la persecución del delito en el sector».

Endurecimiento de penas y nuevos delitos

La propuesta busca un endurecimiento generalizado de las penas, incluso para acciones que hoy son consideradas simples contravenciones. El artículo 1º del proyecto establece penas de prisión de un mes a un año para quien «entrare en establecimiento rural, terreno o sus dependencias, contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo».

El texto aclara que «se presume la voluntad de exclusión por la sola existencia de cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso». Sin embargo, exceptúa los casos donde el ingreso responda a una «necesidad justificada, razones de auxilio o cuando la configuración del lugar no permita distinguir claramente el límite con la vía pública».

Vandalismo y destrucción de infraestructura productiva

Uno de los puntos centrales del proyecto es el endurecimiento de penas para delitos de vandalismo o destrucción de infraestructura productiva. La normativa establece que:

Será reprimido con prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de tres (3) a doce (12) veces el valor del daño causado, el que, sin causar una situación de peligro común, destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare los siguientes elementos, afectando de manera directa el ciclo productivo, el stock de materias primas o la infraestructura del establecimiento agropecuario.

Entre los elementos protegidos se incluyen: cereales u oleaginosas (cosechadas o en proceso de cosecha, almacenadas en silobolsas, tolvas, etc.); bosques, viñas, olivares, cañaverales, algodonales, yerbatales y otras plantaciones en explotación; ganado de cualquier especie, aves de corral, animales de granja y sus productos derivados; y otros elementos como leña, fardos para alimentación animal e infraestructura tecnológica clave (paneles solares, bombas sumergibles, generadores, sistemas de riego) en explotaciones y casas rurales.

Instigación a delitos rurales

Finalmente, la iniciativa también busca modificar el artículo 209 del Código Penal para sancionar la instigación pública a la comisión de delitos. Se propone una pena de prisión de dos a seis años para quien «públicamente instigare a la comisión de un delito determinado o de una clase de delitos de una misma especie, ya sea que se dirijan contra personas, bienes o instituciones». La pena se agravaría en un tercio si la instigación se realiza a través de medios de comunicación masiva, redes sociales o plataformas digitales, buscando abordar la organización de estos ilícitos.