Propiedad Privada: el debate por el proyecto de ley que impulsa el Gobierno
El proyecto de ley sobre “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, impulsado por el Poder Ejecutivo y actualmente en debate en el Senado de la Nación, busca redefinir y reforzar los alcances de este derecho fundamental. La iniciativa propone cambios significativos en áreas clave como los desalojos, las expropiaciones estatales y la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, desatando un intenso debate sobre sus implicancias sociales y jurídicas.
La propiedad privada, entendida como el derecho legítimo de personas físicas o jurídicas a poseer, controlar, disponer, vender, arrendar o heredar bienes (desde inmuebles hasta capital), es un pilar fundamental del constitucionalismo y las economías capitalistas. Este derecho real implica un señorío sobre una cosa, pero, como sostiene el profesor Daniel A. Sabsay, director de la Carrera de Posgrado en Derecho Constitucional de la UBA, no es un derecho absoluto y está sujeto a limitaciones razonables establecidas por la ley.
Desalojo exprés, expropiaciones y tierras para extranjeros
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la implementación del “desalojo exprés”. Este procedimiento busca agilizar la recuperación de propiedades ante usurpaciones o incumplimientos, exigiendo la acreditación de la titularidad en el Registro de la Propiedad Inmueble. La medida apunta a brindar mayor seguridad jurídica a los propietarios, pero genera preocupación por su posible impacto en sectores vulnerables, especialmente en villas y asentamientos, donde podría colisionar con leyes de integración socio urbana vigentes.
En cuanto a las expropiaciones estatales, la propuesta busca establecer una definición más estricta. Se exigirá una especificación concreta del fin perseguido, que deberá ser idóneo, necesario y proporcional. Además, se incorpora la compensación por lucro cesante, un aspecto que busca proteger el interés económico de los expropiados. Esta modificación implicaría un cambio en la Ley 21.499, que actualmente regula las expropiaciones.
Otro eje central es la flexibilización de los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros. El proyecto busca modificar normativas vigentes para permitir a personas o entidades extranjeras adquirir más de 1.000 hectáreas, una medida que contrasta con la ley actual que limita la titularidad extranjera al 15% del total de tierras rurales.
Impacto social y principios constitucionales
El debate en torno a este proyecto se intensifica al considerar su potencial impacto social. La preocupación radica en que algunas de las medidas propuestas podrían desatender a los sectores más vulnerables. Sabsay subraya que la Constitución Nacional, a través de su artículo 28, establece que las reglamentaciones de derechos no deben alterarlos ni desnaturalizarlos, utilizando la “razonabilidad” como un estándar central de equilibrio y justicia material.
El profesor también hace hincapié en los principios de progresividad y no regresividad, que emanan de convenciones internacionales con jerarquía constitucional (Art. 75, inc. 22 CN). Estos principios establecen que, una vez alcanzado un piso de protección en un derecho, este no puede ser disminuido. Cualquier medida que provoque un retroceso en la protección de un derecho humano podría ser declarada nula por inconstitucionalidad o inconvencionalidad. En este sentido, el proyecto presenta varias regulaciones que, según Sabsay, podrían estar alcanzadas por estos principios.
La discusión sobre el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aunque valiosa por generar un debate necesario, enfrenta el desafío de equilibrar la seguridad jurídica con la protección de los derechos sociales y la igualdad. El objetivo, en última instancia, es lograr una convivencia pacífica y el desarrollo de la nación, sin desatender los postulados del constitucionalismo social que buscan la igualdad real entre las personas.
