Pruebas Aprender: el Gobierno cambia la frecuencia y reaviva el debate
El Gobierno nacional modificó la frecuencia de las pruebas Aprender, una medida que vuelve a poner en el centro de la escena el debate sobre la evaluación educativa en Argentina. A partir de ahora, las evaluaciones censales, aquellas que alcanzan a la totalidad de los alumnos de determinados años, se realizarán cada cuatro años. En los períodos intermedios, se implementarán pruebas muestrales, aplicadas a un número significativamente menor de estudiantes.
Desde la Secretaría de Educación, la decisión se justifica en la necesidad de reducir la “sobrecarga” evaluativa sobre las instituciones escolares, evitar superposiciones con otras evaluaciones de carácter nacional e internacional y optimizar el “uso pedagógico” de los resultados obtenidos. Argumentan, además, que las evaluaciones censales anuales no suelen evidenciar cambios sustanciales en lapsos tan acotados.
Sin embargo, esta nueva configuración no está exenta de críticas. Voces expertas advierten que una menor frecuencia en las evaluaciones podría derivar en la pérdida de información detallada sobre el rendimiento de cada escuela, debilitar la “cultura de la evaluación” —que tanto esfuerzo costó instaurar en el país— y agravar las disparidades entre provincias con capacidades desiguales para generar datos educativos propios.
Historia de cambios y la sombra de la política
La discusión sobre las pruebas Aprender no es nueva. Desde su implementación en 2016, durante la gestión de Mauricio Macri, su formato y periodicidad han sido objeto de ajustes según la administración de turno. Inicialmente censales y anuales, en 2018 el gobierno de Macri resolvió espaciarlas, alternando su aplicación entre primaria y secundaria. La pandemia de COVID-19 trajo un nuevo cambio con la administración de Alberto Fernández, y ahora el gobierno de Javier Milei introduce otra modificación.
Cada gestión ha esgrimido sus propias razones, y si bien es probable que ninguna haya sido completamente arbitraria, la recurrente alternancia pone de manifiesto un problema central: una política pública de la magnitud de las evaluaciones educativas, crucial para comprender el desempeño de millones de estudiantes, depende excesivamente de las prioridades y conveniencias de cada gobierno.
La autonomía como modelo regional
Esta realidad contrasta con lo que ocurre en gran parte de la región. Países como Uruguay, Chile, Brasil, México, Colombia y Ecuador cuentan con agencias autónomas dedicadas a la evaluación educativa. Estos organismos técnicos, dotados de mayor estabilidad institucional, logran sostener metodologías y criterios de evaluación más allá de los vaivenes políticos, garantizando una continuidad y objetividad que en Argentina aún no se consigue.
En este contexto, la semana pasada, los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade presentaron un proyecto de ley para la creación de una agencia de estas características en Argentina. Iniciativas similares, impulsadas previamente por Esteban Bullrich y el propio Ferraro, no han logrado avanzar en el Congreso. La propuesta busca despolitizar el diseño y la implementación de las pruebas educativas, asegurando que sean un instrumento genuino para entender lo que sucede en las aulas y orientar la política pública, en lugar de un “termómetro que se calibra al gusto de cada paciente”.
