Fuerte inyección presupuestaria para jubilados con sentencias firmes

El Gobierno nacional ha dispuesto una significativa ampliación de la partida presupuestaria destinada al pago de deudas previsionales, un movimiento clave para los jubilados con sentencias firmes. La medida, oficializada este lunes a través de la Decisión Administrativa 2026 en el Boletín Oficial, eleva el monto asignado de $212.288 millones a $712.288 millones, lo que representa un incremento de $500.000 millones.

Este refuerzo presupuestario llega en un momento crítico, dado el considerable retraso que acumula la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) en la cancelación de estas obligaciones. La expectativa ahora se centra en que el organismo previsional instrumente rápidamente esta inyección de fondos para acelerar los pagos.

El problema del pago de retroactivos y la litigiosidad

Durante los últimos años, la falta de actualización adecuada del presupuesto para el pago de juicios firmes llevó a la ANSeS a una práctica controvertida: separar la actualización del haber mensual en las nuevas sentencias del pago del retroactivo, dejando este último para una etapa posterior sin una fecha definida. Esta modalidad choca con la ley previsional, que estipula el pago completo de la sentencia —retroactividad más reajuste del haber— dentro de los 120 días.

Jueces previsionales han calificado esta separación como ilegal. Abogados del sector, aunque reconocen una reducción en el pago de sentencias completas, se ven obligados a recurrir al embargo de cuentas de la ANSeS para efectivizar el cobro, una estrategia que, según señalan, resulta exitosa.

El problema no solo radica en la demora, sino también en la persistencia de nuevos reclamos. A pesar de los pagos anuales que realiza la ANSeS según el Presupuesto Nacional, el stock de juicios no disminuye. Esto se debe tanto al ingreso constante de nuevas demandas como a las impugnaciones de abogados que consideran que la liquidación de retroactivos o haberes reajustados es incorrecta, lo que los lleva a iniciar nuevos litigios.

Actualmente, se estima que la ANSeS gestiona unos 270.000 juicios en trámite, de los cuales 90.000 ya cuentan con sentencia firme y están pendientes de pago. La situación se agrava porque la Corte Suprema de Justicia aún no se pronuncia sobre numerosos reclamos con fallos de segunda instancia, apelados por ANSeS, que se arrastran desde hace años.

Otros frentes de reclamo previsional

Además de las sentencias firmes, el sistema previsional enfrenta una diversidad de reclamos:

Hay, además, diversos reclamos por la anulación de pensiones por discapacidad, por el descuento de Ganancias sobre los montos jubilatorios y por mala liquidación de las sentencias pagadas.

Otro punto de conflicto son los topes que la ANSeS aplica sobre la liquidación de haberes más altos. Los jueces, en estos casos, suelen invocar el fallo de la Corte Suprema en la causa “Actis Caporale” de agosto de 1999, que establece que los topes no pueden generar una quita superior al 15% del haber, límite considerado de confiscatoriedad.

La pirámide previsional también fue objeto de controversia. Los aumentos por decreto de 2020, que priorizaron a los haberes más bajos en detrimento de los medios y altos, generaron reclamos. Esto se suma a la pérdida del 19,5% que sufrieron todos los jubilados durante la gestión anterior y la suspensión retroactiva de la movilidad.

Recientemente, diversas Cámaras Federales y de Seguridad Social del interior del país, incluyendo Tucumán, Córdoba, Mendoza, Salta, Mar del Plata, Rosario y Bahía Blanca, declararon la inconstitucionalidad de la fórmula de movilidad aplicada entre 2021 y marzo de 2024. Estos fallos ordenan reparar la pérdida acumulada durante ese período, una situación que el Gobierno reconoce, pero aún no repara. A esto se añade que el bono de hasta $70.000 para haberes mínimos se mantiene congelado desde marzo de 2024. Los jubilados con haberes medios y altos, por su parte, acumulan una pérdida significativa en los últimos cinco años en relación con los salarios de los trabajadores activos y no han recibido bonificaciones compensatorias.