El Gobierno recorta fondos y confronta a la marcha universitaria

A un día de la Cuarta Marcha Federal Universitaria en reclamo por el cumplimiento de la ley de financiamiento y mayores recursos, el Gobierno nacional intensifica su confrontación con el sector universitario. En una jornada marcada por anuncios y declaraciones, el Ejecutivo no solo profundizó el recorte presupuestario a las universidades nacionales, sino que también desestimó la vigencia de la ley de financiamiento y calificó la movilización como “fuertemente influenciada por la política”.

La decisión administrativa, publicada en el Boletín Oficial, implica una poda de $5.303 millones en las transferencias de capital destinadas a infraestructura del conocimiento. Este ajuste impacta directamente en la ejecución de obras en al menos una docena de casas de altos estudios, en un contexto de creciente tensión por el financiamiento del sistema universitario público.

El Gobierno desestima la ley de financiamiento y cuestiona el gasto

En una rueda de prensa ofrecida por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Asuntos Universitarios, Alejandro Alvarez, el oficialismo buscó contrarrestar el impacto político de una marcha que se prevé masiva. Los funcionarios expusieron datos con los que pretenden refutar la acusación opositora de que el Gobierno busca “destruir la universidad pública” y reiteraron la necesidad de establecer “parámetros objetivos” para la asignación de fondos.

Álvarez afirmó que la ley de financiamiento universitario “está derogada de hecho” por la aprobación del Presupuesto y por una medida judicial. Explicó que la norma, refrendada en 2025 por el Congreso, fue votada previamente al Presupuesto 2026 y, por lo tanto, “no se pueden hacer asignaciones por afuera de la ley de leyes”. Si bien reconoció que el amparo obtenido por los rectores fue por los artículos 5 y 6 (Becas y Salarios), indicó que el Gobierno apeló y la Cámara concedió los efectos suspensivos.

Pettovello, por su parte, rechazó el eslogan opositor de “animosidad política” contra las universidades y sostuvo que desde su ministerio buscan “que la gente sepa en qué se gastan” los recursos. Cuestionó a los dirigentes universitarios por debatir “cuestiones políticas e ideológicas” en lugar de aportar “para un servicio que esté a favor de la gente que quiere estudiar y cambiar el país”.

Proyecto de reforma y la disputa por los hospitales universitarios

El subsecretario Alvarez blanqueó el proyecto oficial para modificar la Ley de Educación Superior, específicamente el articulado referido al presupuesto del sector. El objetivo es “evitar un uso discrecional de los recursos”. Según el funcionario, las principales disputas con los directivos universitarios no solo se vinculan con la ley de financiamiento, sino también con la asignación de fondos para salud y gastos de funcionamiento. “Les pedimos (a los rectores) que nos rindan en qué se gasta, pero hoy deben informes técnicos desde mediados del 2024”, remarcó.

Un punto de fuerte confrontación es la distribución de fondos para los hospitales universitarios. El Gobierno acusa a la Universidad de Buenos Aires (UBA) de intentar acaparar la mayoría de estos recursos. Si bien Asuntos Universitarios señaló que la UBA recibe unos $23 mil millones de forma automática en la categoría de “función salud”, habría intentado quedarse con casi el 90% de una línea de “Hospitales Universitarios” que tiene asignados más de $79 mil millones y que, en el pasado, se distribuía “en forma discrecional”.

Para resolver esta discusión, el oficialismo convocó a los rectores del resto de las universidades con hospitales-escuela a participar de una comisión para fijar parámetros para el reparto de estos fondos. Desde la “Casa Patria Libertad” se argumenta que existe una gran asimetría en la asignación actual y que, incluso, en provincias como Chaco se pide ponderar la asistencia a zonas con mayor necesidad por sobre la densidad poblacional del AMBA.

Costo por egresado y arancelamiento a extranjeros

En el marco de esta estrategia de transparencia y reasignación, la Subsecretaría de Asuntos Universitarios está desarrollando un micrositio de datos que centralizará información pública sobre presupuesto, cantidad de alumnos, tasas de egreso y costos por graduado. En este sentido, se elaboró un ranking de costo por egresado que, según la cartera, lo encabeza la Universidad de las Artes con $423 millones por cada alumno, seguida por la Universidad de Comechingones, que “tiene más docentes que alumnos”.

Finalmente, el Gobierno volvió a cuestionar a los rectores por no acompañar la iniciativa de arancelar la educación para estudiantes extranjeros. Según sus estadísticas, la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) tiene un promedio de estudiantes extranjeros del 51%, mientras que en la UBA asciende al 39%.