Corrientes: Condenan a productor por millonaria estafa ganadera
La Justicia de Corrientes dictó un fallo histórico que sacude al sector ganadero nacional. Tras más de seis años de investigación, pericias y audiencias, el Tribunal Oral Penal de Mercedes encontró culpable al productor Rómulo Augusto Bobbio por administración fraudulenta. La condena económica, que superaría los US$3,3 millones con intereses, surge de la comprobación de la desaparición de casi 2000 cabezas de ganado pertenecientes a la firma Landver SA.
La resolución, adoptada por los jueces Jorge Alberto Troncoso (presidente), Juan Manuel Muschietti y Ramón Alberto Ríos, lo declara “autor material penalmente responsable del delito de administración fraudulenta”. El fraude ocurrió en la zona rural del departamento correntino de Curuzú Cuatiá entre 2019 y 2020, en perjuicio de Landver SA.
El caso, que mantuvo en vilo al ambiente ganadero por el volumen de hacienda involucrada y las implicancias comerciales, se inició cuando directivos de Landver SA detectaron inconsistencias en el stock bovino administrado por Bobbio. Auditorías internas y verificaciones posteriores confirmaron el faltante masivo de animales, derivando en una denuncia penal que se convirtió en uno de los expedientes más sensibles para el negocio ganadero de los últimos años.
Reparación económica y pena de prisión
El tribunal hizo lugar a la acción civil promovida por el abogado Matías Mosca Tressens, apoderado de Landver SA, y ordenó una reparación económica vinculada al valor actualizado de la hacienda. Bobbio deberá pagar “la suma que resulte equivalente al valor promedio de la hacienda del Mercado Agroganadero de Cañuelas (MAG) al momento en que se efectivice el pago”.
La sentencia detalla las categorías de animales involucradas: 37 toros en servicio, 213 vaquillonas de recría, 987 vacas preñadas, 540 vacas secas para entorar y 182 animales de invernada. A este monto se le suma un interés puro del 6% anual en concepto de privación de uso del ganado, calculado desde el 23 de septiembre de 2020 hasta el efectivo pago.
Fuentes del negocio ganadero estiman que, al actualizar los valores y aplicar los intereses judiciales, la suma total de la condena rondaría los US$3,3 millones. A esto se añadirán los honorarios de los abogados de ambas partes.
En paralelo a la condena económica, el tribunal impuso una pena de tres años de prisión en suspenso, además de las costas del juicio. También fijó reglas de conducta por cuatro años, que incluyen fijar residencia, no modificarla sin autorización, abstenerse de cometer nuevos delitos y evitar el “consumo excesivo de bebidas alcohólicas y consumo de estupefaciente”.
Estrategia legal para garantizar el cobro
Un aspecto notable del expediente es la compleja ingeniería judicial y patrimonial que la querella debió desplegar para asegurar el cobro de la condena civil. Los abogados de Landver SA avanzaron sobre las acciones y derechos sucesorios que Bobbio poseía en una sucesión radicada en Buenos Aires, correspondiente a un campo heredado de su padre. Posteriormente, lograron inscribir en Corrientes un embargo sobre “la porción indivisa que le corresponde” dentro de ese establecimiento rural. Los magistrados ordenaron que, una vez firme la condena, se convierta en ejecutivo dicho embargo.
La defensa del productor y la visión del tribunal
Durante el debate oral, Rómulo Augusto Bobbio rechazó las acusaciones y cuestionó la investigación. Según consta en la sentencia, afirmó:
“No había esa cantidad de hacienda. Nunca existió esa cantidad de hacienda”.
También sostuvo ante el tribunal:
“Yo no sacaba las guías. No era ese administrador potencial que todos dicen. Simplemente me ocupaba del trabajo de la hacienda”.
En otro tramo de su declaración, expresó:
“Me condenaron prácticamente antes de saber qué había pasado”.
Sin embargo, el tribunal consideró acreditada la maniobra de administración fraudulenta y validó los elementos reunidos durante la investigación. El expediente incluyó pericias, documentación comercial, análisis de movimientos de hacienda, testimonios y reconstrucciones vinculadas con traslados y operaciones ganaderas realizadas entre 2019 y 2020.
Con la difusión de los fundamentos, la Justicia correntina deja asentadas las razones técnicas, comerciales y jurídicas que sostienen esta condena. Por su dimensión económica y el mensaje hacia el sector, el fallo ya es observado como un precedente clave para futuros conflictos relacionados con la administración de hacienda ajena en Argentina.
