Ajuste en el INTA: el Gobierno prorrogó la fecha de retiros voluntarios por baja adhesión
El Gobierno nacional extendió hasta el 10 de junio el plazo para adherirse al programa de retiros voluntarios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La medida se tomó porque los niveles de adhesión no alcanzan la meta oficial de 1200 desvinculaciones, en un contexto de persistentes dificultades para reconocer la antigüedad del personal transitorio.
La prórroga se definió tras una reunión del Consejo Directivo del organismo. Mientras fuentes gubernamentales hablan de entre 600 y 650 desvinculaciones acordadas hasta el momento, los sectores gremiales elevan esa cifra a unos 750 trabajadores, todavía lejos del objetivo planteado.
La meta de desvinculaciones y el futuro de las AER
El plan de retiros voluntarios contempla un costo total de $101.717 millones. Antes de su implementación, el INTA contaba con aproximadamente 5750 trabajadores, por lo que la meta de 1200 desvinculaciones implicaría una reducción cercana al 21% de la planta. Sin embargo, trabajadores y gremios sostienen que las autoridades del organismo habrían recibido un pedido para elevar ese piso a 1500 retiros, aunque esta información no está confirmada oficialmente. De concretarse, este nuevo objetivo solo podría lograrse mediante una medida drástica: el cierre de diversas Agencias de Extensión Rural (AER) en el interior del país.
Uno de los principales obstáculos para sumar adhesiones sigue sin resolverse: la definición sobre si la Fundación ArgenINTA asumirá o no los años de Planta No Permanente (PNP) que esperan los trabajadores para poder adherir al sistema con una mejor liquidación. Este punto es crucial para muchos empleados que buscan una liquidación más favorable. Semanas atrás, se conoció que la Fundación ArgenINTA, que es superavitaria y está integrada por representantes del sector público, entidades agropecuarias, universidades y miembros del sistema científico y productivo, podría intervenir para cubrir este costo, con un presupuesto evaluado en unos $2000 millones para los años de PNP. Sin embargo, el tema aún está bajo análisis.
El esquema de retiro voluntario ofrece un pago de 1,5 veces la remuneración mensual por cada año de servicio, en una única cuota dentro de los 30 días posteriores al cese. La adhesión implica la desvinculación del organismo desde el 15 de junio de 2026 y la imposibilidad de reingresar al sector público nacional por un período de cinco años.
Advertencias sobre el impacto territorial
Frente a la posibilidad concreta del cierre de agencias, referentes y trabajadores del INTA comenzaron a alzar la voz para advertir a la dirigencia agropecuaria sobre las consecuencias en el terreno. Héctor Ferrario, trabajador del INTA, remarcó que “una Agencia de Extensión Rural no realiza únicamente transferencia tecnológica”, sino que allí “se construyen acuerdos, redes institucionales y soluciones territoriales concretas”.
Ferrario cuestionó la idea de que la presencia física del INTA pueda ser reemplazada por asistentes virtuales o plataformas digitales, recordando que problemáticas complejas como sequías, inundaciones o la falta de infraestructura y agua segura en el ámbito rural no se resuelven con aplicaciones móviles. En su lugar, propuso fortalecer y modernizar las agencias mediante un “sistema híbrido” que combine equipos territoriales especializados con nuevas herramientas tecnológicas como inteligencia artificial o drones.
Por su parte, Humberto Debat y la exvicepresidenta del INTA, Nacira Muñoz, describieron en un documento interno el “impacto emocional y el desgaste de este proceso”. Enfatizaron que el INTA es “una construcción colectiva profundamente federal” y que “hay algo profundamente doloroso en mirar al INTA únicamente como una planilla de ajuste”. Ambos autores remarcaron que el valor de la institución “se mide en soberanía tecnológica, en arraigo territorial, en conocimiento, en producción, en alimentos”, y advirtieron que su debilitamiento impactará directamente sobre las capacidades productivas, la innovación y las oportunidades de desarrollo para miles de productores en las diversas regiones de la Argentina.
Desde las bases del organismo se hizo un llamado a legisladores, gobiernos locales y a las organizaciones y entidades del campo a defender la estructura del organismo.
