A 40 años del atentado contra Alfonsín en Córdoba que un policía frustró

Un cable negro serpenteando entre los pastizales en las instalaciones del Tercer Cuerpo del Ejército en Córdoba fue el indicio que salvó la vida del entonces presidente Raúl Alfonsín hace 40 años. El lunes 19 de mayo de 1986, el oficial Carlos Primo del Comando Radioeléctrico de Córdoba realizaba una revisión de rutina cuando su atención fue captada por ese inusual detalle. Al seguir el recorrido del cable, Primo descubrió un artefacto semienterrado en una alcantarilla y, sin dudarlo, alertó a su compañero:

“¡Es una bomba!“

En efecto, se trataba de un proyectil cargado con 2,5 kilos de TNT y dos panes de trotyl de 450 gramos cada uno, colocado en un lugar por donde la comitiva presidencial pasaría horas más tarde. La posterior detonación controlada del artefacto confirmó su letalidad, dejando en claro que el explosivo estaba destinado a matar al presidente Alfonsín, frustrando así un intento de magnicidio.

Un clima de violencia política y el Juicio a las Juntas

El intento de atentado en Córdoba no fue un hecho aislado. Mayo de 1986 se había caracterizado por una escalada de violencia en Argentina. Apenas tres días antes, el viernes 16, ocho bombas explotaron en comités radicales de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, dejando destrozos y una niña de 14 años herida. Una novena bomba pudo ser desactivada. Este reguero de violencia se interpretaba como una serie de ataques contra la incipiente democracia.

El contexto político era complejo. Alfonsín, en su tercer año de mandato, había impulsado y concretado el histórico Juicio a las Juntas Militares, que en diciembre de 1985 había condenado a los cabecillas de la dictadura por crímenes de lesa humanidad. En ese marco, César ‘Chacho’ Jaroslavsky, diputado de la UCR y cercano al presidente, vinculó los ataques a “grupos fachos de extrema derecha con muy presumibles conexiones con el gobierno dictatorial que la democracia desalojó en 1983”.

El hallazgo y la reacción oficial

Mientras el mandatario volaba hacia Córdoba, los oficiales del Comando Radioeléctrico inspeccionaban la guarnición. La Justicia reconstruyó que el explosivo fue hallado en una alcantarilla de un camino lateral del Tercer Cuerpo, que unía la plaza de aparatos de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada con la torre de control de lanzamientos, conocida como “la Mezquita”. Este era un punto clave en el recorrido previsto para la comitiva presidencial.

Resulta llamativo que agentes del mismo comando habían rastrillado la zona en tres oportunidades previas sin hallar nada. Fue en la cuarta inspección, a las 9:50, que el oficial Primo dio con el cable. La reconstrucción judicial, a cargo del juez federal Miguel Rodríguez Villafañe, reveló que el hallazgo fue prácticamente casual, cuando el policía descendió del patrullero por una necesidad fisiológica. Inmediatamente después, Primo y su compañero, el cabo Hugo Velázquez, alertaron a la Brigada Antiexplosivos.

A pesar de los trascendidos, la información fue retaceada a la prensa durante la visita presidencial. Recién por la noche, el Ministerio de Defensa, entonces a cargo de José Horacio Jaunarena, emitió un comunicado confirmando el hecho:

“Durante la visita efectuada en el día de la fecha por el presidente de la Nación a la Guarnición Militar de Córdoba, fue encontrado un artefacto explosivo cuyo poder es motivo de análisis”.

Pese a la gravedad del descubrimiento, Raúl Alfonsín no alteró su agenda, permaneciendo en el cuartel por unas seis horas. Presenció ejercicios de tiro, abordó un avión Hércules 130 para observar saltos de paracaidistas y disparó un cañón de 155 milímetros. Antes de partir, se reunió con los oficiales del Tercer Cuerpo y, en un discurso, afirmó: “Me siento acompañado por las Fuerzas Armadas, lo que no implica que, como en cualquier otra institución, no haya hombres que no estén de acuerdo en seguir el camino de la democracia. Pero no nos preocupa, pues sabemos que son una ínfima minoría”.

La sombra de Menéndez y la explosión controlada

En el momento del atentado, se encontraba en prisión y a la espera de juicio por crímenes de lesa humanidad el general Luciano Benjamín Menéndez, quien había sido el hombre fuerte de la dictadura en Córdoba, a cargo del Tercer Cuerpo del Ejército entre 1975 y 1979. Algunos analistas de la época vincularon el atentado a personajes relacionados con el “menendismo”.

Curiosamente, el mismo día del hallazgo, el general Héctor Ríos Ereñú, jefe del Estado Mayor General del Ejército, minimizó la gravedad del caso ante la prensa.

“Yo no calificaría de atentado el hallazgo de material explosivo de características aún en análisis”

, señaló, desestimando un “mayor grado de riesgo” por haber aparecido “en medio del campo” y “lejos” del casino de oficiales. Sin embargo, la posterior reconstrucción y explosión del dispositivo pondrían en duda sus palabras.

El estallido controlado del artefacto se produjo el 26 de mayo. Se confirmó que la bomba se había encontrado a unos 104 metros del lugar donde Alfonsín activó el cañón y a unos 681 metros de “La Mezquita”, es decir, a la vera del camino que la comitiva presidencial recorrería. Si bien el artefacto no contaba con un “explosor” o “detonador” al momento de ser hallado, su fuerza era considerable. A 1300 metros del lugar, la explosión creó un cráter de un metro de diámetro por 15 centímetros de profundidad. Pruebas con “señuelos” en forma humana revelaron impactos de esquirlas a 15 metros y perforaciones a 45 metros, confirmando la tesis policial de que el artefacto buscaba acabar con la vida de Alfonsín.

Sin culpables, pero con consecuencias

Aunque la bomba no causó víctimas, su “onda expansiva simbólica” tuvo consecuencias. El mismo día de la reconstrucción, el comandante del Tercer Cuerpo del Ejército, general Aníbal Ignacio Verdura, solicitó su pase a retiro, que fue aceptado por el presidente Alfonsín.

“Esto tiene mal olor porque hay cosas que no están muy claras”

, declaró Verdura, despegándose del atentado y asegurando que “ninguno de mis subalternos ha sido capaz de tener una actitud de este tipo”. En 2014, Verdura sería condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

La investigación del juez Rodríguez Villafañe no logró esclarecer el atentado, que quedó sin culpables. Lo único que apareció fueron misteriosos panfletos firmados por una “Fuerza de Tareas 4” que cuestionaban a Ríos Ereñú. Este no sería el último intento de ataque contra Raúl Alfonsín; tras terminar su mandato, sufrió dos atentados más: uno en sus oficinas de Buenos Aires en 1989 y otro en San Nicolás en 1991, donde una persona intentó dispararle en un acto público.