Poder Judicial: el Gobierno oficializó la salida de Martín Irurzun de Comodoro Py y busca su reemplazo
El juez federal Martín Irurzun dejó oficialmente de formar parte del Poder Judicial. Tras cumplir 75 años el pasado sábado 18 de julio, el Gobierno nacional decidió no convalidar la prórroga de cinco años que el magistrado había solicitado para continuar en su estratégico cargo en la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Py. De inmediato, el Ministerio de Justicia de la Nación activó el trámite administrativo para iniciar el concurso público que definirá a su reemplazante.
El fin de una era en los tribunales de Retiro
La salida de Irurzun marca un punto de inflexión en los tribunales federales, donde el magistrado se desempeñó por más de dos décadas como una de las figuras más influyentes. La Constitución Nacional establece los 75 años como el límite de edad para el ejercicio de la función judicial, permitiendo la continuidad únicamente si el Presidente de la Nación avala un pedido de prórroga y el Senado presta su acuerdo. En este caso, la Casa Rosada optó por rechazar la solicitud del camarista.
La decisión oficial se materializó mediante una nota enviada por Lucas Somigliana, Director Nacional de Relaciones con el Poder Judicial, al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti. En el documento se detalla de manera taxativa la situación del magistrado:
«Atento que el magistrado alcanzó la edad de setenta y cinco (75) años el pasado 18 de julio y que el Poder Ejecutivo Nacional no ha elevado la propuesta de su nuevo nombramiento al Senado de la Nación, cumplo en informarle dicha circunstancia».
Con la vacante declarada de forma definitiva, el Ministerio de Justicia solicitó que se arbitren los medios necesarios para sustanciar el concurso correspondiente, un expediente que ya fue derivado a la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura para dar inicio formal al proceso de cobertura del cargo.
Una batalla judicial sin margen de tiempo
En las semanas previas a su cumpleaños, Irurzun intentó abrir una vía judicial para postergar su salida. Logró un fallo favorable en el fuero Contencioso Administrativo Federal para que su planteo fuera analizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, el máximo tribunal rechazó habilitar la feria judicial extraordinaria de invierno para tratar el caso, clausurando sus posibilidades de revertir la medida antes del límite constitucional.
«La petición mediante la cual se solicita al Tribunal la habilitación de la feria judicial no justifica suficientemente la aplicación del artículo 4° del Reglamento para la Justicia Nacional, razón por la cual corresponde denegarla», resolvió la Corte Suprema.
Sin margen temporal ni amparo judicial, el Poder Ejecutivo pasó a considerar a Irurzun como un exjuez, acelerando el proceso de reemplazo en una de las instancias más sensibles para el poder político.
El rearmado de una cámara estratégica
La Cámara Federal de Apelaciones es el tribunal encargado de revisar todas las decisiones que toman los jueces de instrucción de Comodoro Py en causas de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero. Sus miembros definen el destino de procesamientos, prisiones preventivas, sobreseimientos y embargos. Desde la Casa Rosada admitieron que la salida de Irurzun responde a una decisión política deliberada de buscar un cambio en esa estructura clave.
El criterio adoptado con Irurzun contrasta con otros casos recientes. Por ejemplo, el Gobierno sí avaló la continuidad de Carlos Mahiques —padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques—, cuyo pliego fue enviado con celeridad al Senado para permitirle seguir en la Cámara Federal de Casación Penal hasta los 80 años. Desde el entorno presidencial defendieron la diferencia de criterios al señalar que es potestad plena del Jefe de Estado conceder o no una prórroga.
Para avanzar en el rediseño de la Cámara de Apelaciones, el Ejecutivo ya envió previamente al Senado los pliegos del juez Pablo Bertuzzi (quien se desempeña allí de forma provisional) y de Pablo Yadarola, actual magistrado del fuero Penal Económico, evidenciando el fuerte interés de la gestión oficial por cubrir los casilleros vacíos en Retiro.
