Poder Judicial: el criterio discrecional de Javier Milei para jubilar o sostener a los jueces clave
El Gobierno nacional, bajo la conducción del presidente Javier Milei, aplica de manera abiertamente discrecional la facultad constitucional para decidir qué magistrados continúan en actividad después de cumplir los 75 años. Mientras la gestión libertaria forzó la jubilación de Martín Irurzun, un histórico de Comodoro Py, impulsó con celeridad la prórroga de los mandatos de Carlos Mahiques y Víctor Pesino, exponiendo una estrategia de sintonía política y rediseño del mapa de la justicia federal.
De acuerdo con el artículo 99, inciso 4, tercer párrafo de la Constitución Nacional, los magistrados cesan en sus funciones al alcanzar los 75 años, a menos que el Poder Ejecutivo solicite un nuevo acuerdo al Senado. Desde el Ministerio de Justicia admitieron a la prensa que esta atribución es «propia de la discrecionalidad del Presidente». Sin embargo, el contraste entre los pliegos rechazados y los aprobados revela un patrón donde la afinidad y los fallos favorables al oficialismo juegan un rol determinante en la supervivencia de los jueces dentro del sistema.
El desplazamiento de un histórico en Comodoro Py
En el caso de Martín Irurzun, quien integraba la Cámara Federal porteña desde 1994 y lideraba la estratégica Sala II, el Poder Ejecutivo optó por dejar caer su pliego sin enviarlo al Senado. La decisión responde a la intención oficial de reconfigurar un tribunal clave que define el rumbo de las causas por corrupción. Fuentes del sector señalan que Irurzun dio muestras de independencia y resistencia a las sugerencias del poder político, lo que motivó al Gobierno a avanzar con un concurso para designar a Pablo Yadarola y reconfirmar a Pablo Bertuzzi. Este rediseño de Comodoro Py se aceleró notablemente, alcanzando en solo 150 días una cantidad de nombramientos similar a la realizada durante toda la gestión de Mauricio Macri, bajo la coordinación del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Los beneficiados por la prórroga presidencial
En la vereda opuesta se ubican los jueces que obtuvieron el aval de la Casa Rosada. Carlos Mahiques, integrante de la Cámara de Casación y padre del ministro de Justicia, obtuvo la extensión de su mandato hasta 2031 mediante el decreto 367/2026. Aunque cumple 75 años el próximo 1° de noviembre, su pliego fue tratado con extrema anticipación: la Comisión de Acuerdos dictaminó en abril y el Senado lo aprobó en mayo por 58 votos a favor y 11 en contra. Desde el oficialismo argumentan que el trámite se inició antes de que su hijo asumiera el ministerio para evitar suspicacias de nepotismo.
Por su parte, el camarista laboral Víctor Pesino también aseguró su continuidad por cinco años más, justo antes de la fecha límite del 27 de julio para evitar su jubilación obligatoria. La postulación de Pesino avanzó en paralelo a su intervención en la reforma laboral impulsada por Milei, la cual habilitó al aplicar un efecto suspensivo a una apelación contra la medida que estaba frenada. Aunque el magistrado negó ante el Senado cualquier tipo de negociación o intercambio de favores frente a las duras críticas del senador kirchnerista Mariano Recalde, reconoció haberse reunido previamente con el ministro de Justicia, quien le comunicó que su trámite avanzaría.
De este modo, el límite de edad constitucional funciona como un filtro automático, pero la continuidad de los jueces queda sujeta a la voluntad política de un Poder Ejecutivo que utiliza la discrecionalidad para moldear los tribunales de acuerdo con sus propias necesidades de gobernabilidad y reformas estructurales.
