Impuestos al agro: expertos de la Sociedad Rural exigieron eliminar retenciones y reformar el sistema
En el marco de la 138ª Exposición Rural de Palermo, la Comisión de Impuestos de la Sociedad Rural Argentina (SRA) llevó a cabo un encuentro clave donde reconocidos especialistas analizaron la asfixiante presión impositiva que enfrenta el sector agropecuario. Durante el debate, los analistas coincidieron en la urgencia de avanzar hacia una reforma tributaria integral, la eliminación de los derechos de exportación (retenciones) y la simplificación de los regímenes de control vigentes.
La presión fiscal sobre la renta agraria
El encargado de abrir el panel fue el abogado y contador Matías Olivero Vila, quien expuso un diagnóstico alarmante sobre la carga impositiva en el país. El especialista aseguró que el esquema actual asfixia la producción y propuso transparentar los costos frente a la sociedad.
“La Argentina es el país con los impuestos más altos del mundo, al punto tal que el 60% de la rentabilidad del agro son impuestos”
Para revertir esta situación, Olivero Vila consideró prioritario implementar un régimen de transparencia fiscal de cara al consumidor, con el objetivo de que los ciudadanos puedan percibir el impacto real que tienen los tributos sobre los precios de los alimentos en góndola.
Retenciones y el debate por Ingresos Brutos
Por su parte, el tributarista Santiago Sáenz Valiente cuestionó la estructura impositiva actual por considerar que afecta principios constitucionales básicos. Al referirse a los Derechos de Exportación (DEX), si bien valoró la proyección de una baja cercana al 50% para el año 2028, enfatizó que su derogación definitiva es una condición indispensable una vez que el Gobierno consolide el equilibrio fiscal.
Sáenz Valiente también destacó herramientas vigentes como el Régimen de Inversiones para Empresas Pequeñas y Medianas (RIMI), al que calificó como una «luz al final del túnel» para incentivar la incorporación de tecnología, y ponderó los cambios en la valuación de la hacienda de invernada que otorgan mayor equidad al sector de cría.
La crítica hacia las cargas provinciales estuvo a cargo del contador Lisandro Balestra, quien apuntó directamente contra Ingresos Brutos, el cuarto tributo de mayor recaudación a nivel nacional. Balestra fue tajante al señalar que este gravamen no debería existir debido a su efecto distorsivo en toda la cadena de valor.
“Es un convenio que confisca el dinero de los contribuyentes y es un impuesto bastante nocivo para toda la cadena industrial, los comerciales y, en particular, los productores”
Quebrantos y desburocratización
El impacto de la inflación en el balance de las empresas también formó parte de la agenda. El contador Osvaldo Balan advirtió sobre el perjuicio que genera la falta de actualización de los quebrantos acumulados, calificando la situación actual como una licuación de los recursos del productor. Ante las limitaciones de la normativa vigente, Balan recomendó recurrir a la vía judicial bajo el principio constitucional de no confiscatoriedad.
Finalmente, el contador Mariano Echegaray Ferrer analizó el funcionamiento del Sistema Simplificado Agrícola, un esquema de control estatal que definió como obsoleto y falto de eficiencia para el negocio moderno. El especialista reclamó una modernización que aporte racionalidad y permita corregir inconsistencias a tiempo, concluyendo que el verdadero ordenamiento del sector agropecuario excede la mera baja de alícuotas y requiere una reestructuración profunda del sistema.
