Cámara Federal: Eduardo Casal dictaminó contra el pedido de Martín Irurzun para continuar en su cargo
El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó en contra del recurso extraordinario presentado por el camarista federal Martín Irurzun, quien busca que la Justicia lo habilite a continuar en su cargo en la Cámara Federal de Apelaciones más allá del límite constitucional de los 75 años, edad que alcanzará este sábado. Con esta resolución, la Corte Suprema de Justicia de la Nación queda en condiciones de decidir sobre el futuro del magistrado, aunque el máximo tribunal enfrenta serias limitaciones operativas para pronunciarse de forma inmediata.
La opinión de la Procuración, si bien no tiene carácter vinculante para los ministros de la Corte, deja al camarista en una posición procesal sumamente compleja. Casal recomendó declarar formalmente inadmisible el recurso planteado por Irurzun, al considerar que sus agravios carecen de la fundamentación autónoma que exige la ley para habilitar la vía extraordinaria ante el máximo tribunal del país.
El debate por la doctrina Schiffrin
La defensa de Irurzun intentó impugnar el límite de edad mediante una medida cautelar autónoma orientada a suspender los efectos del artículo 99, inciso 4, tercer párrafo de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994. Esta cláusula establece que los jueces federales requieren un nuevo acuerdo del Senado y un decreto presidencial para continuar en sus funciones una vez cumplidos los 75 años.
Previamente, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal había rechazado la cautelar basándose en el histórico precedente Leopoldo Schiffrin del 28 de marzo de 2017. En aquel fallo, la Corte Suprema validó el límite de edad constitucional y dejó sin efecto la doctrina sentada previamente con el juez Carlos Fayt, que beneficiaba a los jueces nombrados antes de la reforma de 1994. Según el estándar vigente de Schiffrin, la restricción etaria no afecta la inamovilidad ni la independencia de los magistrados, sino que únicamente altera el carácter vitalicio del cargo.
Frente a este escenario, la estrategia de Irurzun consistió en argumentar que la mayoría que dictó el fallo Schiffrin ya se desarticuló debido a los cambios en la composición del tribunal, haciendo especial hincapié en la salida de Juan Carlos Maqueda. Sin embargo, Casal desestimó este planteo de plano. En su dictamen, el Procurador remarcó que el camarista no logró explicar por qué una modificación en los integrantes del tribunal debería implicar un cambio en la doctrina legal, calificando la postura de Irurzun como una «mera conjetura, carente de entidad jurídica suficiente».
La parálisis de la Corte y el trasfondo político
A pesar de la celeridad con la que el Procurador General devolvió el expediente tras analizarlo en menos de seis horas, la resolución del caso en la Corte Suprema se proyecta lenta. El máximo tribunal no tiene previsto reunirse en acuerdo esta semana debido a la licencia del juez Ricardo Lorenzetti. Para que el cuerpo pueda sesionar con conjueces, se requiere que los tres magistrados debatan previamente el caso, constaten la falta de unanimidad y procedan a un sorteo, un trámite que demanda al menos 15 días para conformar el tribunal y que hasta el momento no se ha iniciado.
En paralelo, el conflicto expone la tensión política en torno a las vacantes judiciales. Hace un año, Irurzun solicitó formalmente al gobierno de Javier Milei el envío de su pliego al Senado para obtener un nuevo acuerdo, pero el Poder Ejecutivo optó por no dar curso al pedido. Esta inacción contrasta con el trato brindado al camarista de Casación Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, cuyo trámite sí fue impulsado con celeridad.
La eventual salida de Irurzun de la Cámara Federal abriría una tercera vacante en un tribunal clave, encargado de revisar las causas por corrupción de funcionarios y exfuncionarios públicos. El Gobierno nacional ya ha manifestado su intención de rediseñar este cuerpo y avanzó previamente con el envío de los pliegos de los jueces Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi para cubrir los puestos vacantes.
