Corrupción en la AFA: la Justicia volverá a definir qué juez investiga la mansión de Pablo Toviggino
La interna judicial por determinar qué magistrado debe instruir la causa por presunto lavado de dinero y corrupción que salpica a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo. La Cámara Federal de Casación Penal resolvió reabrir la disputa de competencia en torno a la investigación sobre la lujosa mansión de Pilar atribuida a Pablo Toviggino, tesorero de la entidad de la calle Viamonte.
Una propiedad de lujo y sospechas de testaferros
El expediente judicial gira en torno a un imponente predio de 105 mil metros cuadrados ubicado en Pilar, que cuenta con helipuerto propio y un galpón donde se hallaron 54 automóviles de lujo y de colección. Formalmente, la propiedad pertenece a la firma Real Central SA, cuyos titulares son Luciano Pantano y su madre jubilada, Ana Lucía Conte. Sin embargo, la Justicia sospecha que actúan como testaferros de Toviggino, dado que ninguno de los dos posee la capacidad económica declarada para adquirir semejante patrimonio.
Durante los primeros procedimientos ordenados por el juez federal Daniel Rafecas, los investigadores encontraron en la mansión un bolso con el nombre de Toviggino, una plaqueta de agradecimiento del club Barracas Central y constataron que los 54 vehículos tenían cédulas azules autorizadas a nombre de familiares directos del tesorero de la AFA.
El derrotero de una causa que pasó por cuatro jueces
La competencia del expediente es objeto de debate desde el inicio de la denuncia en diciembre pasado. Tras el paso inicial de Rafecas, la causa fue derivada al fuero Penal Económico, bajo la tutela del juez Marcelo Aguinsky. El magistrado avanzó sobre la hipótesis de que la mansión de Pilar fue adquirida con fondos desviados de la propia AFA. Entre las pruebas recolectadas, se detectó que Pantano utilizaba una tarjeta corporativa de la asociación de fútbol con consumos mensuales de hasta 50 millones de pesos, con la cual también se abonaban los peajes (Telepase) de la flota de autos de colección.
No obstante, la defensa de Pantano y Conte solicitó el traslado de las actuaciones a la justicia federal de Campana, argumentando razones de jurisdicción territorial sobre el partido de Pilar. Dicho planteo fue convalidado por el camarista federal de San Martín, Alberto Lugones, dejando el caso temporalmente en manos del juez Adrián González Charvay.
La decisión de Lugones fue apelada por los fiscales del caso. Posteriormente, los camaristas de la Cámara en lo Penal Económico, Roberto Hornos y Carolina Robigilio, dictaminaron que la causa debía retornar a su fuero, recayendo en el Juzgado Penal Económico N° 10, subrogado actualmente por la jueza Verónica Straccia.
La decisión de Casación y el escenario político
Cuando parecía que el destino del expediente estaba sellado, la Cámara Federal de Casación Penal volvió a habilitar la discusión. Con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña —quien renunció en diciembre pasado a la presidencia del Tribunal de Ética de la AFA—, el máximo tribunal penal del país declaró admisible el recurso de queja presentado por los presuntos testaferros de Toviggino para que la investigación regrese a Campana. El camarista Alejandro Slokar votó en disidencia.
Casación fijó una audiencia clave para el próximo 12 de agosto a las 11:30 horas, donde escuchará los argumentos de la defensa de Pantano y Conte, así como la postura del fiscal general de Casación, Mario Villar. A partir de ese encuentro, se definirá de manera definitiva qué magistrado quedará a cargo del expediente.
En paralelo, el devenir de la causa coincide con un escenario de alta tensión política: el gobierno nacional de Javier Milei se encuentra en condiciones de proponer un candidato para cubrir la vacante definitiva en el Juzgado Penal Económico N° 10, el despacho donde hoy descansa la investigación contra el entorno del tesorero de la AFA.
