AFAgate: la Justicia reactiva la investigación por la mansión de Pilar en pleno Mundial

La investigación judicial por la lujosa mansión de Pilar, vinculada a presuntas maniobras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se reactiva de manera urgente. En la antesala del Mundial, un tribunal puso fin a una serie de dilaciones y ordenó que la causa, conocida como AFAgate, vuelva al fuero Penal Económico y sea investigada por la jueza María Verónica Straccia, una magistrada con «buenos antecedentes». Esta decisión representa un revés significativo para Claudio Tapia y Pablo Toviggino, jerarcas de la AFA.

La reactivación se produce luego de al menos seis meses de una compleja estrategia legal ideada por abogados de la AFA. El objetivo era concentrar todas las pruebas en un juez que, según fuentes judiciales, nunca avanzó en imputaciones concretas y llegó a anular una prueba sensible contra Tapia y Toviggino. Durante este período, la causa de la mansión de Pilar se convirtió en una especie de «esponja» que absorbió otros expedientes, estancando la investigación.

Maniobras para dilatar la investigación

La jugada para desviar la causa comenzó el 29 de diciembre, poco después de que se revelara la maniobra para desviar fondos de la AFA en el exterior a través de la empresa TourProdEnter, con sede en Miami. El 30 de diciembre, último día hábil del año, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, pidió el apartamiento del juez Marcelo Aguinsky, quien ya había avanzado con medidas de prueba, incluyendo el allanamiento de la mansión.

González Charvay procedió a pesar de la opinión en contra de un fiscal. La celeridad buscaba que la instancia de revisión recayera en la Cámara Federal de San Martín. La maniobra implicó esperar el fin de las vacaciones de Alberto Lugones, un camarista considerado «amigable» y aliado del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura, quien finalmente dio la razón a los abogados de los presuntos testaferros de Toviggino y envió la causa a Campana.

Anexión de expedientes clave y anulación de pruebas

Una vez en Campana, el juez Charvay anexó otras causas sensibles que rozaban los intereses de la AFA. Entre ellas, un expediente que llevaba el juez federal Luis Armella, que había allanado la empresa del empresario Javier Faroni y las sedes de la AFA. De allí surgieron los contratos con TourProdEnter, que le permitían a la empresa recolectar al menos el 30% de los ingresos de la AFA en el exterior, con mínimos controles. También absorbió la causa de Santiago del Estero, donde el fiscal Pedro Simón había solicitado las detenciones de Tapia y Toviggino e investigaba el entramado de sociedades del tesorero de la AFA.

A pesar de estas anexiones, Charvay no pudo incorporar la causa que llevan adelante la jueza Paula Petazzi y la fiscal Silvana Russi en el fuero penal ordinario. En este expediente se encuentran las pruebas clave llegadas desde Estados Unidos: más de 3000 páginas con decenas de transferencias autorizadas por Faroni y su mujer, Erica Gillette. La investigación detectó que la maniobra superaría los US$57 millones, con diez empresas fantasma involucradas, creadas por ciudadanos argentinos que viajaron a Miami. Por esta defraudación millonaria, el supuesto delito precedente del lavado de dinero que se investiga en la causa de la mansión, aún nadie fue citado a declarar.

En estos seis meses, el juez de Campana ordenó pericias contables, una medida habitual para ganar tiempo, pero no avanzó sobre los jefes de la AFA. Sin embargo, fue muy rápido para anular como prueba un pendrive con el contenido del celular de Juan Pablo Beacon, ex mano derecha de Toviggino, de donde surgieron chats, documentos y videos con fajos de dólares.

El fallo que cambia el rumbo de la causa

La Cámara fue contundente al evaluar el desempeño de Charvay, señalando que «hasta el momento no se ha avanzado en orden a la situación procesal de imputado alguno, ni se han dispuesto actos procesales que determinen una situación de avance trascendente del proceso». El apartamiento de Charvay no sorprendió en Tribunales. El argumento formal para el cambio de jurisdicción fue que la empresa Real Central, supuesta dueña de la mansión valuada en US$17 millones, tiene domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, donde también se hizo la última escritura en 2024.

El juez de Campana fue notificado el mismo viernes y este martes deberá entregar todas las causas y legajos anexos. Los abogados de Tapia y Toviggino, en tanto, continuarán su batalla en la Cámara de Casación, aunque con «cada vez menos chances».

Con el cambio de juzgado, que es el tercero desde el inicio del escándalo, se abren nuevos interrogantes. Se espera definir si la jueza Straccia asumirá la investigación o la delegará en el fiscal Claudio Navas Rial, el mismo que intervino en la causa por evasión. También queda pendiente qué sucederá con las otras causas que se habían anexado, como la de Santiago del Estero, donde el fiscal Simón espera una señal para retomar su investigación.

Si bien algunos escépticos lamentan que la maniobra de dilación haya sido efectiva, ya que «ningún teléfono o computadora sirve seis meses después», las pruebas aportadas por cinco bancos de Estados Unidos, con decenas de transferencias y receptores identificados, permanecen intactas. En los tribunales, se destaca la figura de Straccia, a quien describen como «incorruptible y con buenos antecedentes técnicos», aunque advierten que está a cargo del juzgado 10 hasta fin de año. Todo esto ocurre con Tapia en Estados Unidos, en pleno Mundial, y Toviggino sin haber solicitado autorización para viajar.