Martín Irurzun da pelea para no jubilarse en la Cámara Federal y presenta una cautelar
El juez de la Cámara Federal, Martín Irurzun, presentó una medida cautelar autónoma ante el fuero Contencioso Administrativo Federal con el objetivo de evitar su jubilación, la cual debería concretarse el próximo 18 de julio cuando cumpla 75 años. La acción judicial busca suspender la cláusula constitucional que lo obliga a renovar su nombramiento, un trámite que el Gobierno no inició al no enviar su pliego al Senado.
Irurzun, integrante de la Sala II de la Cámara Federal, sostiene que la cláusula del artículo 99, inciso 4°, tercer párrafo de la Constitución Nacional, que establece el límite de edad para los magistrados, es “nula de nulidad absoluta”. Argumenta que la Convención Constituyente de 1994 se excedió en sus atribuciones al incorporarla, ya que la ley que declaró la necesidad de la reforma solo autorizaba a revisar el mecanismo de designación y remoción, no a fijar un límite de edad para el ejercicio del cargo.
El contexto político y la estrategia judicial
La presentación judicial de Irurzun, patrocinada por el abogado Alberto Spota, fue radicada ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal a cargo del juez Walter Lara Correa. Este movimiento se da en un contexto donde el gobierno de Javier Milei no envió el pliego del magistrado al Senado, lo que implicaría su cese automático en funciones en poco más de cinco semanas.
El Poder Ejecutivo busca, según fuentes cercanas, reformular la Justicia Federal y aprovechar esta vacante para reconvertir la Cámara Federal, un tribunal clave en las causas de corrupción. Este tribunal tiene la potestad de avanzar o congelar investigaciones contra funcionarios, incluyendo casos que involucran a figuras como Manuel Adorni, Diego Spagnuolo, Karina Milei y el propio Javier Milei con el caso $LIBRA.
La eventual salida de Irurzun abriría la puerta a un nuevo concurso para cubrir su cargo. El Consejo de la Magistratura ya avanzó esta semana con la aprobación de ternas para cubrir otras dos vacantes en el tribunal, correspondientes a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, aunque este último podría continuar en su cargo para el que concursó.
Antecedentes de la Corte Suprema y la urgencia del planteo
El planteo de Irurzun se basa en un análisis técnico sobre la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si bien el Máximo Tribunal, en el precedente “Schiffrin” de 2017, convalidó la cláusula constitucional de los 75 años (revirtiendo el fallo favorable al juez Carlos Fayt de 1999), Irurzun sostiene que la composición actual de la Corte, tras la jubilación del juez Juan Carlos Maqueda, “ha desaparecido” la mayoría que sostenía esa doctrina.
“El estándar de Schiffrin ha desaparecido, lo que impide tenerlo como doctrina vigente de la CSJN”, sostiene el escrito.
El juez también adelantó que se reserva el derecho de recusar a cualquier ministro de la Corte que haya participado como Convencional Constituyente en la reforma de 1994 y aprobado la cláusula impugnada, aludiendo directamente al juez Horacio Rosatti. Argumenta que la participación previa impediría una pronunciación imparcial.
La urgencia del pedido cautelar es crítica, ya que el 18 de julio Irurzun cumple 75 años. Sin una medida judicial que suspenda los efectos de la cláusula constitucional antes de esa fecha, el magistrado cesaría automáticamente en sus funciones, una situación que, según advierte su escrito, sería “irreversible y fatal”. Por esta razón, Irurzun pidió que la cautelar se dicte de inmediato, sin correr traslado a la parte contraria (el Estado) y también impugnó por inconstitucionales varias disposiciones de la ley 26.854 que regulan el régimen de medidas cautelares contra el Estado, argumentando que sus plazos harían imposible la tutela efectiva dada la urgencia del caso.
