Conflicto judicial: Leopoldo Bruglia pide a la CIDH una cautelar para evitar ser reemplazado
El camarista federal Leopoldo Bruglia elevó una dura crítica contra funcionarios del gobierno de Javier Milei y a colegas del Poder Judicial. El magistrado solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar de no innovar para suspender todas las acciones vinculadas al concurso del Consejo de la Magistratura que, según su denuncia, buscan removerlo de la Sala I de la Cámara Federal porteña.
La presentación, incorporada a fines de la semana pasada, se suma a la petición P-35-21, en trámite ante la CIDH desde 2021. En esa instancia se analiza la situación de Bruglia y de sus colegas Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, tras los embates liderados por el kirchnerismo durante la presidencia de Alberto Fernández.
Bruglia identificó un punto de no retorno para su petición a la CIDH: el momento en que la eventual designación de reemplazantes tornaría irreversible su salida del cargo. Según el camarista, el 27 de abril pasado el consejero Diego Barrotaveña reactivó el concurso 461, que había permanecido paralizado durante la instancia de solución amistosa iniciada ante la CIDH. Tres días después, el 30 de abril, las ternas fueron aprobadas en la Comisión de Selección del Consejo en menos de quince minutos y, según Bruglia, sin debate sustantivo, tras una reunión previa a puertas cerradas.
De acuerdo con el planteo del magistrado, el Poder Ejecutivo proyecta que las ternas sean elevadas al Ministerio de Justicia a mediados de este mes, que los pliegos ingresen al Senado en julio y que los nuevos jueces juren en agosto. Ese sería, sostuvo, el momento en que la situación se volvería irreversible.
Señalamientos a funcionarios y trato desigual
En su presentación, Bruglia señaló directamente al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y al viceministro, Santiago Viola. Recordó que Viola fue designado por Milei como representante del Poder Ejecutivo ante el propio Consejo y que tanto él como Bertuzzi lo habían procesado en el pasado en una causa en la que Viola fue acusado de haber promovido testigos falsos contra el juez federal Sebastián Casanello.
El camarista sostuvo que funcionarios y jueces que integran el Consejo impulsan una aplicación selectiva del fallo de la Corte Suprema de 2020. Dicho fallo estableció que los jueces trasladados ocupan sus cargos de manera transitoria hasta completar el proceso constitucional de designación. Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, desde un tribunal oral a la Cámara Federal porteña con el aval del Consejo. Sin embargo, tras el fallo de la Corte, Bruglia remarcó que las nuevas pautas ordenadoras se aplicaron únicamente en sus casos, mientras que en decenas de situaciones similares no se activaron concursos ni se retrotrajeron vacantes.
Como respaldo a su planteo, Bruglia presentó el caso “testigo” de Carlos Mahiques. Lejos de activar un concurso en el Consejo de la Magistratura, el presidente Javier Milei impulsó darle un nuevo acuerdo por cinco años más en la Cámara Federal de Casación Penal. Ese acto, sostuvo Bruglia, evidencia con nitidez el trato desigual.
La gravedad institucional del argumento tiene, para Bruglia, un respaldo inesperado: las palabras del ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, uno de los firmantes del fallo “Bertuzzi”, quien declaró públicamente que “la decisión del Consejo de la Magistratura de hacer concursos para algunos jueces trasladados y no para otros afecta la legitimidad”, y contrastó el tratamiento recibido por Carlos Mahiques con el de Leopoldo Bruglia.
El origen del conflicto y la interrupción de la solución amistosa
El conflicto se remonta a noviembre de 2020, cuando la Corte Suprema dictó el fallo “Bertuzzi” en el marco de un “per saltum” y fijó el carácter transitorio de todos los traslados de jueces y camaristas. En 2024, el Estado argentino impulsó ante la CIDH un proceso de solución amistosa que implicó la paralización de los concursos 461 y 479 durante casi dos años.
Sin embargo, ese proceso se interrumpió el 15 de octubre de 2025, apenas veinte días antes del inicio del juicio oral en la “causa Cuadernos”. El cambio de estrategia se consolidó con la llegada de Juan Mahiques al Ministerio de Justicia y de Viola al Consejo, en marzo de este año.
Bruglia sostuvo, además, que ya agotó las instancias internas, al solicitar sin éxito ante el Consejo de la Magistratura la suspensión del concurso al amparo del artículo 25 del reglamento de la CIDH. Según indicó, el organismo habría considerado que no reviste carácter de parte interesada, una interpretación que el magistrado cuestionó.
Así, la cautelar apunta a suspender todas las acciones vinculadas al concurso 461 hasta que la Comisión Interamericana se pronuncie sobre el fondo del caso. Bruglia sostuvo que se encuentran acreditados los requisitos de gravedad, urgencia y daño irreparable, e invocó la posible vulneración de garantías como la estabilidad judicial, la igualdad ante la ley y el debido proceso. Según alertó, si los nuevos jueces juran antes de que la CIDH resuelva, cualquier decisión posterior del organismo podría resultar de imposible cumplimiento.
