Lobby: el Gobierno busca regular la «gestión de intereses» y alertan por el «lobby cívico»
Un proyecto de ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional el pasado 22 de mayo, busca regular la actividad conocida como lobby, generando un intenso debate. Si bien la gestión de intereses es una práctica habitual en las democracias contemporáneas y su regulación puede fortalecer la transparencia, la propuesta oficial genera alarma por su amplitud y el régimen sancionatorio que incorpora.
La iniciativa define la gestión de intereses de manera extraordinariamente amplia, abarcando cualquier actividad de promoción, representación, intermediación, asesoramiento o incidencia destinada a influir en decisiones públicas. Esta definición incluye a toda persona u organización, con o sin fines de lucro, que actúe de manera remunerada o gratuita, obligándolos a inscribirse en un registro administrado por el Estado y a cumplir con una serie de obligaciones formales para interactuar con funcionarios y legisladores.
Penas de prisión y multas para el “lobby cívico”
El aspecto más preocupante del proyecto radica en su régimen sancionatorio. La propuesta establece penas de hasta dos años de prisión para quienes desarrollen actividades de incidencia pública sin estar inscriptos en el registro, además de multas que podrían ser imposibles de afrontar para particulares y numerosas organizaciones sociales. Esto implica que representantes de organizaciones de la sociedad civil podrían enfrentar consecuencias penales simplemente por reunirse con funcionarios o legisladores para expresar posiciones sobre políticas públicas o proyectos de ley.
La regulación del lobby es importante y necesaria. Sin embargo, el proyecto incurre en un problema conceptual profundo: no distingue entre lobby corporativo y lobby cívico.
Expertos como Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), y March, director del área Futuros en Fundación Avina Latinoamérica, señalan que el proyecto incurre en un problema conceptual profundo al no distinguir entre el lobby corporativo y el lobby cívico. Ambos buscan influir legítimamente en la toma de decisiones estatales, pero responden a lógicas, finalidades e intereses completamente diferentes.
Diferencias clave entre lobby corporativo y cívico
Mientras el lobby corporativo suele orientarse a la obtención de ventajas económicas, regulatorias o sectoriales, el lobby cívico se vincula con la defensa de derechos humanos, intereses colectivos, protección ambiental, acceso a la información pública o demandas sociales. Las grandes empresas y grupos económicos cuentan con recursos financieros y estructuras profesionales para defender intereses privados. En contraste, las organizaciones sociales existen para representar causas de interés público y canalizar demandas ciudadanas que, de otro modo, quedarían fuera de la agenda estatal.
Equiparar ambos universos bajo un mismo esquema regulatorio no solo resulta inadecuado, sino que podría terminar afectando el funcionamiento mismo de la sociedad civil y restringiendo el espacio cívico. Los autores del análisis se preguntan si el papel de funcionarios y legisladores, en una democracia representativa, no es acaso escuchar e informarse sobre la voluntad de la ciudadanía.
Experiencias internacionales y el riesgo de control político
La experiencia comparada en países como Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea demuestra la existencia de alternativas más equilibradas. Estas regulaciones distinguen entre representantes empresariales, consultores profesionales y organizaciones sin fines de lucro, estableciendo incluso excepciones vinculadas al ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y la participación ciudadana.
En la mayoría de los países de la OCDE, no se equipara el lobby corporativo con la incidencia cívica vinculada a la defensa de derechos e intereses públicos. Las organizaciones sociales cumplen un rol democrático esencial como mecanismos de participación, control ciudadano y pluralismo político. Sin embargo, el proyecto de ley argentino, en lugar de incorporar estas buenas prácticas, se asemeja a modelos de países como Venezuela o Nicaragua, que, según los expertos, sirven para anular a la sociedad civil organizada.
El debate de fondo, entonces, trasciende una discusión técnica sobre la regulación del lobby. Lo que realmente está en juego es el alcance del espacio cívico en la Argentina actual y el lugar que ocuparán las organizaciones sociales dentro del sistema democrático. Regular la influencia de los grupos de poder económico puede ser un avance en transparencia, pero aplicar el mismo esquema a organizaciones que actúan en defensa de derechos colectivos podría debilitar uno de los principales mecanismos de control democrático sobre el poder político. Confundir gestión de intereses particulares con lobby cívico es, en definitiva, confundir democracia y transparencia con control político y disciplinamiento social.
