Precio único del libro: el Gobierno busca derogar la ley y el sector editorial se declaró en alerta
El Gobierno nacional volverá a enviar al Congreso un proyecto para derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera, la norma sancionada en 2001 que establece un precio único para la venta de libros en todo el país. La iniciativa, elaborada dentro del nuevo paquete de desregulación económica que encabeza el ministro Federico Sturzenegger, reabrió un fuerte rechazo en el sector cultural y la industria editorial.
El argumento oficial: más competencia y precios más bajos
Desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado sostienen que la eliminación de la restricción vigente permitirá a librerías, cadenas y plataformas de venta en línea fijar libremente los precios, aplicar promociones y competir. Según la postura del Ejecutivo, la medida busca incrementar la competencia comercial para beneficiar a los consumidores con mejores opciones económicas.
Fuentes de la cartera explicaron que el proyecto no busca eliminar editoriales ni políticas culturales, sino levantar la prohibición de competir en precios. Desde el sector oficial defendieron la propuesta citando el caso del Reino Unido tras la eliminación de su acuerdo de precio fijo en 1995, al sostener que la producción de títulos continuó en aumento y que el precio único no es imprescindible para garantizar la diversidad de publicaciones.
Rechazo unánime de las cámaras y el sector cultural
La reacción del sector comercial y cultural fue inmediata. Un colectivo representativo de instituciones —entre las que figuran la Cámara Argentina del Libro (CAL), la Cámara Argentina de Publicaciones (CAP), la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (FALPA), la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) y la carrera de Edición de la UBA— difundió una declaración conjunta en rechazo a la medida.
En el documento aclararon que el precio del libro no es fijado por el Estado sino por el editor o importador, y que la ley actual garantiza que ese importe se respete en todos los puntos de venta minoristas. Según explicaron, la norma evita que el libro sea utilizado como «producto gancho» por grandes superficies o plataformas digitales, protegiendo a la red federal de librerías independientes.
“Ninguno de los actores relevantes de la cadena (autores, editores, distribuidores, libreros, promotores de la lectura) lo ha solicitado, ni ahora ni antes. No hay un mercado cautivo esperando ser liberado”, señalaron en el comunicado.
Debate por el impacto internacional y gestiones en el Congreso
Los representantes de la industria editorial rebatieron los datos internacionales presentados por el Gobierno. Citaron que en el Reino Unido cerraron cerca de 1.000 librerías independientes entre 1995 y 2021 tras la desregulación, mientras que en Australia la red minorista cayó de 2.879 a 1.457 locales entre 2013 y 2023. Además, destacaron que el sistema de precio único rige en países como Francia, Alemania, España, Italia, Portugal, Japón y Corea del Sur.
Ante la inminente entrada del proyecto al Poder Legislativo, referentes de las distintas cámaras iniciaron contactos con diputados de diversos bloques parlamentarios para frenar la iniciativa. En el terreno político, legisladores de la oposición adelantaron su postura en contra de la derogación, mientras funcionarios e integrantes del oficialismo expresaron públicamente su respaldo a las reformas impulsadas por el Ministerio de Desregulación.
