Inocencia Fiscal 2: la oposición exige excluir a los funcionarios públicos del nuevo proyecto
El proyecto de “Inocencia Fiscal 2” enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados reabrió una fuerte controversia política en el Congreso. La iniciativa impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, busca incentivar la bancarización de divisas mediante la ampliación del régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, pero generó el rechazo inmediato de diversos bloques de la oposición al confirmar que no contempla la exclusión de funcionarios y exfuncionarios públicos.
Durante la presentación técnica de la medida, la tributarista Sonia Becherman confirmó que la propuesta no establece restricciones de ingreso al sistema según la función pública ejercida. La postura encendió las alarmas de los legisladores, quienes recordaron la controversia generada tras la adhesión de Bettina Angeletti, esposa del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, al régimen fijado por la primera Ley de Inocencia Fiscal en mayo pasado, pocos días antes de que se presentara la declaración jurada del exfuncionario en medio de cuestionamientos sobre su patrimonio.
Resistencia en Provincias Unidas y la propuesta de exclusión
Las críticas resonaron con fuerza dentro del bloque Provincias Unidas. El diputado radical Pablo Juliano cuestionó con dureza que «la doctrina Adorni sigue vigente» y remarcó que durante la votación del primer texto a finales de año ya habían advertido la necesidad de fijar límites. En la misma línea, la diputada Gisela Scaglia adelantó que impulsarán modificaciones para dejar al margen a las Personas Expuestas Políticamente (PEP). Por su parte, el socialista Esteban Paulón volvió a presentar una iniciativa para prohibir el ingreso de funcionarios, legisladores y sus cónyuges, al advertir sobre un esquema de impunidad.
Cuestionamientos similares surgieron de otros sectores opositores. El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) sostuvo que la legislación previa terminó funcionando como un beneficio a medida para evasores, mientras que desde el bloque de Unión por la Patria rechazaron de plano la medida. El diputado Agustín Rossi calificó la norma de «vergonzosa», en tanto que Guillermo Michel anticipó que el peronismo buscará dictaminar la exclusión de dirigentes en las comisiones y advirtió que la iniciativa roza la inconstitucionalidad por renunciar a facultades de fiscalización.
Debate interno entre aliados y la postura de PRO y la UCR
Incluso entre los habituales aliados del oficialismo aparecieron observaciones. El diputado Oscar Zago (MID) cuestionó las expresiones públicas de Caputo sobre fondos en el exterior y planteó la necesidad de discernir entre la evasión ordinaria y el origen ilícito de los fondos en el marco de la función pública.
En contraste, los bloques del PRO y de la Unión Cívica Radical (UCR) adoptaron una postura cautelosa y se encuentran analizando la letra chica de la iniciativa legislativa. Aunque expresaron coincidir con el espíritu general de la norma impulsada por la Casa Rosada, remarcaron que la discusión técnica dentro de las bancadas recién comienza antes de definir si respaldarán el articulado en el recinto.
