Comodoro Py: el Gobierno jubila a Martín Irurzun y abre el concurso para su sucesión en un tribunal clave
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, notificó formalmente al Consejo de la Magistratura sobre la jubilación de hecho del histórico camarista Martín Irurzun, quien cumplió 75 años el pasado sábado 18 de julio. Al no haber enviado un nuevo pliego de acuerdo al Senado para prorrogar su permanencia, el Poder Ejecutivo solicitó al presidente del organismo y de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, que dé inicio de inmediato al concurso público para cubrir la vacante en la estratégica Cámara Federal porteña.
La decisión marca un punto de inflexión en los tribunales de Comodoro Py. Irurzun, uno de los magistrados más influyentes de las últimas tres décadas, pretendía continuar en sus funciones y había iniciado un reclamo judicial de urgencia. Sin embargo, la Casa Rosada dio por concluido su ciclo basándose de forma estricta en el límite de edad que impone la Constitución Nacional.
La pulseada judicial de un hombre clave de Comodoro Py
En un intento por frenar su salida, Irurzun le había solicitado formalmente a la Corte Suprema de Justicia que habilitara la feria judicial de invierno para tratar su continuidad más allá de los 75 años. No obstante, el máximo tribunal no realizó movimientos durante el fin de semana en que el magistrado alcanzó la edad límite.
De forma paralela, el camarista presentó una demanda de fondo ante el fuero Contencioso Administrativo Federal contra el Estado Nacional. Su objetivo es que se declare la nulidad del tercer párrafo del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional —incorporado en la reforma de 1994—, el cual exige un nuevo acuerdo del Senado para los jueces que alcancen los 75 años. La presentación, patrocinada por los abogados Alberto Antonio Spota y Federico Dal Maso, se suma a una medida cautelar previa que ya fue de las instancias judiciales inferiores.
Ante este escenario judicial adverso para el magistrado, el director nacional de Relaciones con el Poder Judicial, Lucas Somigliana, envió una nota formal a Rosatti para acelerar el proceso de reemplazo. En la misiva, el funcionario detalló:
“Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al expediente de la referencia, mediante el que tramita la presentación del Dr. Martín Irurzun, a través de la que solicitó un nuevo nombramiento en los términos del artículo 99, inciso cuatro, tercer párrafo, de la Constitución Nacional para continuar en el ejercicio de su cargo como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal Sala II”
En el texto, Somigliana remarcó la inacción del Ejecutivo para sostener al juez en su cargo, lo que sella su salida definitiva de la estructura judicial activa:
“Atento a que el magistrado alcanzó la edad de setenta y cinco (75) años el pasado 18 de julio y que el Poder Ejecutivo Nacional no ha elevado la propuesta de su nuevo nombramiento al H. Senado de la Nación, cumplo en informarle dicha circunstancia. En consecuencia, habiéndose producido la vacante definitiva en el cargo, le solicito tenga a bien arbitrar lo conducente a fin de que se sustancie el concurso correspondiente”
Un tribunal estratégico para el poder político
La Cámara Federal porteña es el tribunal de apelaciones que define el destino de las causas de corrupción que involucran a funcionarios, exfuncionarios y empresarios. Con la salida de Irurzun, el Gobierno nacional tiene la posibilidad de avanzar en la designación de un tercer camarista para moldear la nueva conformación de este cuerpo clave.
Recientemente, la administración nacional designó al juez Pablo Yadarola en reemplazo de Leopoldo Bruglia —quien había accedido al cargo mediante un traslado durante la gestión de Mauricio Macri— y revalidó la posición de Pablo Bertuzzi tras superar el correspondiente concurso público.
Actualmente, el tribunal de apelaciones está integrado por los magistrados Mariano Llorens, Alberto Boico, Eduardo Farah y Bertuzzi, mientras que Yadarola aún tiene pendiente su juramento formal. Hasta que concluya el nuevo concurso de oposición y antecedentes para reemplazar a Irurzun, la vacante en la Sala II será cubierta de forma transitoria por sorteo entre los miembros actuales.
La relevancia del tribunal es inmediata para el oficialismo. En sus despachos tramitan expedientes de alto impacto político, tales como el caso «LIBRA$», en el que se investiga al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la causa «Andis», que mantiene procesado a Diego Spagnuolo; y la futura intervención en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el vocero presidencial, Manuel Adorni.
