Lavado de activos: confirman los procesamientos de los directivos de Jonestur, la cueva vinculada a Daniel Muñoz
La Cámara Federal de Mar del Plata confirmó los procesamientos de cuatro directivos del grupo Jonestur por lavado de activos agravado. La resolución, dictada doce años después del inicio de la investigación, ratifica que la firma operó como una estructura financiera ilegal para captar fondos, administrarlos fuera del circuito formal y desviarlos a paraísos fiscales. Entre los beneficiarios de esta red se destaca el círculo íntimo de Daniel Muñoz, el fallecido secretario privado de Néstor Kirchner.
Los jueces del tribunal de alzada ratificaron la medida sobre los máximos responsables de la entidad marplatense: Oscar Rigano, Rubén Seret, Alfredo Blasco García y María Fernanda García Navarro. Todos ellos quedaron al borde del juicio oral y sufrieron embargos individuales de $10.000 millones. Según la pesquisa impulsada por la fiscal federal Laura Mazzaferri y la Procelac, a cargo de Diego Velasco, la organización manejó una cartera clandestina de al menos US$ 138 millones.
La ruta de los millones a Andorra y Nueva York
La operatoria excedía las funciones de una casa de cambio tradicional. Jonestur ofrecía servicios de administración patrimonial y asesoramiento financiero, canalizando divisas mediante sociedades offshore en Panamá hacia cuentas en la Banca Privada de Andorra (BPA). A través de este sofisticado engranaje, la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, y el testaferro Sergio Todisco triangularon fondos que terminaron invertidos en lujosos inmuebles en Miami y en el emblemático hotel Plaza de Nueva York. Las maniobras también salpicaron a involucrados en el caso de narcotráfico «Carbón Blanco».
El expediente judicial detalla el alcance internacional de la maniobra. En 2023, los directivos de Jonestur firmaron un acuerdo con la Fiscalía del Principado de Andorra en el que reconocieron delitos financieros y aceptaron el pago de multas por 32 millones de euros, sumado al decomiso de otros 8 millones de euros en comisiones ilegales. Actualmente, la Justicia argentina busca recuperar cerca de 40 millones de euros que permanecen congelados en la entidad andorrana.
Idas y vueltas judiciales
La causa penal se inició en 2014 por una denuncia del Banco Central de la República Argentina (BCRA) contra diversas «cuevas» marplatenses. A lo largo de la última década, el proceso enfrentó severos escollos y maniobras de las defensas para lograr el cierre del expediente. Incluso, la propia Cámara de Mar del Plata había dictado anteriormente el sobreseimiento de los imputados y apartado al juez federal Santiago Inchausti. Sin embargo, la Cámara de Casación y un posterior fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenaron reabrir la investigación y restituir al magistrado al frente de la causa.
Si bien el juez Inchausti había procesado a 29 personas bajo la figura de asociación ilícita, la Cámara Federal modificó parcialmente ese criterio. Resolvió dictar la falta de mérito y sobreseimientos para otros acusados, descartando por el momento la existencia de una banda organizada, una decisión que el Ministerio Público Fiscal ya adelantó que apelará ante Casación. Con las pruebas acumuladas, que incluyen escuchas telefónicas, peritajes contables y testimonios de ahorristas damnificados, la Justicia determinó que la estructura delictiva funcionó con «vocación de permanencia», constituyendo una de las mayores redes de intermediación financiera ilegal del país.
