Causa Cuadernos: Casación volvió a bloquear fondos en Suiza y ordenó actualizar los embargos a los empresarios
La Cámara Federal de Casación Penal dictó un revés clave para los empresarios procesados en la causa conocida como los «cuadernos de las coimas». La Sala I del máximo tribunal penal del país resolvió, por mayoría, restablecer el bloqueo de fondos depositados en cuentas de bancos de Suiza y ordenar la actualización de los embargos sobre los bienes de los acusados, revirtiendo una medida previa del tribunal oral que los había liberado.
La resolución judicial se centró específicamente en la situación del empresario Juan Carlos De Goycochea, exdirectivo de la firma Isolux Corsan. Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron que el impacto de este fallo se proyectará de inmediato sobre planteos idénticos realizados por otros imputados de la causa, lo que marca un precedente determinante para el desarrollo del juicio oral en curso.
El detalle de las cuentas y bienes afectados
Con el voto mayoritario de los camaristas Gustavo Hornos y Javier Carbajo —y la disidencia de Diego Barroetaveña—, Casación revocó la resolución del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), que integran los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli (este último en disidencia). De esta manera, se ordenó reponer de forma urgente el congelamiento de los activos remanentes en la cuenta N° 11.451.742 del Intesa San Paolo Private Bank –Suisse– SA, con sede en Lugano, Suiza.
Dicha cuenta, detectada originalmente por la Unidad de Información Financiera (UIF) y bloqueada en su momento por el fallecido juez Claudio Bonadio, registraba un saldo de US$ 5.543.443 al 2 de noviembre de 2018. El fallo de Casación también alcanza a otra cuenta en el UBS Switzerland AG que acumulaba US$ 8.400.000 a fines de ese mismo año, además de reimponer el embargo sobre dos inmuebles ubicados en la provincia de Chubut y mantener la inhibición general de bienes de De Goycochea.
La inflación como argumento para actualizar embargos
Los jueces de la mayoría argumentaron que levantar estas medidas cautelares carecía de fundamentación adecuada, especialmente en un proceso que se encuentra en pleno debate oral. Explicaron que el objetivo de mantener estos fondos bajo resguardo judicial es asegurar el cobro de eventuales multas, indemnizaciones civiles, costas procesales y el recupero de activos derivados de delitos de corrupción y lavado de dinero.
Asimismo, los camaristas señalaron que la última actualización de los embargos sobre De Goycochea se había realizado el 19 de abril de 2023. Advirtieron que, tras más de dos años y medio, las cifras fijadas quedaron totalmente desactualizadas frente a «los avatares inflacionarios de público conocimiento y las oscilaciones del valor de la moneda nacional», un factor que el tribunal oral omitió evaluar al momento de liberar los fondos.
La confesión del arrepentido y el rol de Isolux
El trasfondo de la acusación contra De Goycochea se vincula a presuntos retornos ilegales para garantizar la adjudicación de la obra pública de la Central Termoeléctrica Río Turbio. Al empresario se le atribuye haber efectuado 18 pagos a exfuncionarios del gobierno de Cristina Kirchner. Aunque De Goycochea se acogió al régimen del imputado arrepentido al inicio de la causa y admitió los desembolsos, argumentó que se trataba de aportes de campaña electoral bajo extorsión y negó que la cifra ascendiera a los montos señalados por el chofer Oscar Centeno.
En sus anotaciones, Centeno había registrado un millonario traslado de divisas que involucraba de forma directa a la compañía energética:
“Llevé al Licenciado [Baratta] a Maipú 742, donde se encontró con dos personas y luego subieron al 1 B y luego bajaron del Dpto el Lic. y una persona con una valija más o menos de 90 cm de alto, por 40 de ancho y 20 cm de espesor. Yo la cargué en el baúl del auto y pesaría más o menos 40 kgs. Era dinero. Y luego lo llevo al Lic. a su dpto, donde se baja con la valija y luego lo traje al Lic. al ministerio. Las personas son de Isolux-Corsan, en la valija había más o menos 6 millones de dólares”.
La apelación que derivó en esta marcha atrás judicial fue impulsada por la fiscal ante el TOF 7, Fabiana León, y sostenida ante la instancia superior por el fiscal de Casación, Raúl Pleé. Con esta resolución, la causa Cuadernos recupera una de sus principales herramientas de aseguramiento económico de cara a las instancias finales del juicio.
