Reforma judicial: el Gobierno busca limitar el mandato del Procurador y cubrir 300 vacantes de jueces
El Gobierno nacional avanza con un plan integral para transformar la estructura del Poder Judicial, que contempla la cobertura de unas 300 vacantes de jueces nacionales y federales antes de fin de año. Esta iniciativa, que busca asegurar la designación de postulantes propios en el 40% de los cargos, se complementa con una propuesta para limitar el mandato del Procurador General de la Nación.
La Casa Rosada se propone acortar la gestión del jefe de los fiscales, actualmente vitalicia hasta los 75 años, a un máximo de dos períodos. Aunque no se definió la duración exacta de cada período (se barajan opciones de 4, 5 o 6 años), la medida apunta a reducir el “enorme poder” que el cargo tendrá con la implementación del sistema acusatorio, que concentra la investigación de delitos en manos de los fiscales.
El futuro de la Corte Suprema y la danza de nombres
Mientras el plan judicial toma forma, la situación de las dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia permanece en la indefinición. El Presidente aún no resolvió si avanzará con estas designaciones en el segundo semestre de este año o las postergará hasta 2028.
En este contexto, el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, se reunió hace tres meses con Javier Milei para insistir en la necesidad de que los nuevos miembros provengan del Poder Judicial, preferentemente de la justicia federal, y no de la política. Recientemente, volvieron a circular nombres como los de Mariano Borinsky, la jueza Karina Perilli y Agustina Díaz Cordero, junto con María Ibarzabal Murphy, titular de la Secretaría de Legal y Técnica y cercana a Santiago Caputo.
Debate por el Procurador General y las negociaciones políticas
La propuesta de limitar el mandato del Procurador General, cargo vacante desde 2017 y ocupado interinamente por Eduardo Casal, busca facilitar un acuerdo para su designación. La senadora Carolina Moisés ya había presentado un proyecto que propone un mandato de 8 años con opción a 4 más, manteniendo el requisito de los dos tercios de los votos del Senado para su aprobación.
Este proyecto comenzó a circular entre jueces y operadores políticos, convirtiéndose en parte de la negociación por el eventual candidato a Procurador. La posibilidad de atenuar el poder del cargo es vista como una forma de destrabar un consenso. Aunque la prioridad en las negociaciones legislativas del oficialismo pasa por la reforma política y la eliminación de las PASO, los acuerdos sobre el futuro de la Justicia están entrelazados en estas conversaciones. La presencia de 13 gobernadores en la asunción de Diego Santilli como Jefe de Gabinete fue interpretada como una señal de sólido apoyo a estas ideas.
Vacantes clave en la Cámara Federal y Comodoro Py
La otra prioridad del Gobierno es cubrir todas las vacantes judiciales antes de fin de año, con la meta de tratar entre 20 y 30 pliegos por sesión en el Senado. Ya se enviaron casi 140 pliegos, y se espera que los 300 sean remitidos antes de diciembre. La primera sesión está prevista para el 16 de julio y en agosto se citarán nuevas audiencias.
Esta semana se habilitó el envío de pliegos para la estratégica Cámara Federal. El Gobierno debe proponer candidatos para las vacantes de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, cuyos traslados fueron anulados por la Corte Suprema. Los favoritos para ser propuestos al Senado son Pablo Yadarola, cercano al ministro Juan Bautista Mahiques, y el propio Bertuzzi o la fiscal Cecilia Incardona. A esto se suma una tercera vacante, ya que el juez Martín Irurzun cumple 75 años el 18 de julio y su pliego no fue elevado para una reválida.
La conformación de la nueva Cámara Federal ya genera debate en tribunales, donde Mariano Llorens aspira a formar un núcleo de coincidencias con Bertuzzi, Yadarola y Eduardo Farah, buscando aislar a Roberto Boico, quien llegó con apoyo del kirchnerismo. Las vacantes en Comodoro Py también incluyen cuatro juzgados federales y cuatro en la Cámara de Casación Penal.
Interna en el Consejo de la Magistratura
El Consejo de la Magistratura enfrenta su propia dinámica. La mayoría de los mandatos de sus consejeros, especialmente jueces y abogados, vencen a fin de año, lo que ya genera expectativas por las próximas elecciones. El presidente de la Cámara de Casación, Diego Barroetaveña, planteó su deseo de ser reelecto, a pesar de que la ley del Consejo lo prohíbe. Su candidatura rompió la lista Bordó de la Asociación de Magistrados, que ostenta la hegemonía en las elecciones de jueces.
La oposición a la reelección de Barroetaveña es fuerte, con referentes del kirchnerismo como Vanesa Siley, Mariano Recalde y Rodolfo Tahilade, quienes enviaron una nota señalando que su intención “no tiene sustento normativo” y contradice a la Corte. Desde otra vereda, María Eugenia Talerico, de Será Justicia, también se opuso, y el asunto tampoco es bien visto en el seno de la Corte Suprema.
