Trata de personas: piden 12 años de cárcel para un abogado por explotar a 37 mujeres en San Juan

La Justicia Federal de San Juan se acerca a una definición en una causa que expuso una sofisticada red de explotación sexual digital. El fiscal federal Fernando Alcaraz y la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez solicitaron 12 años de prisión para el abogado Gustavo Antonio de la Fuente (59) y el ciudadano colombiano John Sebastián Quevedo Medina (31), a quienes acusan de explotar a al menos 37 mujeres a través de la producción y comercialización de contenido sexual en vivo.

Según la acusación presentada ante el Tribunal en lo Criminal Oral Federal (TOF) de San Juan, los imputados captaban a las víctimas con falsas promesas de trabajo como modelos para la empresa Belle Argentina. Una vez dentro, las mujeres eran obligadas a crear una “identidad digital” con nombres de fantasía y a transmitir contenido sexual durante siete horas diarias, seis días a la semana, incluso utilizando dispositivos sexuales interactivos controlados a distancia por los usuarios.

Modalidad de captación y explotación

La investigación, que se inició en 2022 a partir de una denuncia anónima, reveló que la captación se realizaba mediante publicaciones en redes sociales, tarjetas de promoción, contactos telefónicos y un “programa de referidos” que ofrecía beneficios a las víctimas por incorporar a otras mujeres. En uno de los casos, una mujer fue trasladada desde La Rioja y alojada en la sede de Belle Argentina en San Juan.

Las víctimas debían ceder los derechos de sus imágenes y videos sexuales para su comercialización en plataformas digitales como Stripchat, Camsoda, Cam4, Chaturbate, XLove, Bongacams, Streamray y Streamate. Los pagos de los “usuarios” se realizaban mediante “tokens” o criptoactivos a través de billeteras virtuales. Los acusados retenían al menos el 50% de las ganancias y aplicaban descuentos arbitrarios por “horas incumplidas”, “multas”, “faltas por cansancio”, “menstruación” o “llegadas tarde”.

Uno de los aspectos más graves de la explotación, según la fiscalía, era el uso de dispositivos sexuales interactivos controlados de forma remota por los usuarios durante las transmisiones, lo que les otorgaba un “acceso material y directo sobre el cuerpo de las víctimas”, según detalló la Procuración General de la Nación en su sitio www.fiscales.gob.ar.

Reparación integral y decomiso de bienes

Además de las penas de prisión, el Ministerio Público Fiscal solicitó el decomiso de seis inmuebles y tres vehículos, y una reparación integral para las víctimas por un total de 1152 millones de pesos. En el cálculo de estas reparaciones colaboraron la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (Sifrai) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (Dgraab).

El fiscal Alcaraz subrayó en su alegato que el caso “expuso una modalidad de criminalidad organizada que trasladó la explotación sexual a entornos digitales”, enfatizando la necesidad de criterios metodológicos específicos para la valoración de pruebas y la atribución de responsabilidad en este tipo de delitos, con el fin de garantizar el acceso a la Justicia y erradicar la violencia contra las mujeres.

“Esta explotación avanzó con la utilización de dispositivos electrónicos que interactuaban con las mujeres; dispositivos que eran utilizados y comandados por usuarios”, explicó Alcaraz.

La auxiliar fiscal Rodríguez añadió que los imputados “se aprovecharon de la pobreza estructural en la que se encontraban [las víctimas]. La organización producía múltiples ganancias mediante la explotación de estas mujeres, convirtiéndolas en objetos”. Sobre Gustavo Antonio de la Fuente, Rodríguez afirmó que los testimonios de las víctimas y las pruebas lo identifican como el jefe de la organización, “quien realizaba los pagos, asistía al lugar y era el sujeto calificado para procurar la impunidad y dar una apariencia de legalidad mediante contratos con las víctimas”.

El juicio, a cargo del juez Daniel Doffo, comenzó el 21 de mayo. El veredicto se conocerá pasado mañana. Ambos imputados se encuentran detenidos con prisión domiciliaria. La investigación contó con la intervención de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales San Juan de Gendarmería Nacional, el fiscal general Francisco Maldonado y la fiscal cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Alejandra Mángano, entre otros organismos.