Super RIGI: el Gobierno sumó un «Compre Nacional» y apura el pago a fondos buitre

El Gobierno de Javier Milei intensifica su agenda económica en el Congreso. Este miércoles, la Cámara de Diputados iniciará el tratamiento del proyecto de ley del “Super RIGI” (Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones), que incorpora una cláusula de “Compre Nacional”, y al mismo tiempo, la administración busca acelerar el pago de US$ 170 millones a fondos holdouts para evitar nuevos litigios y captar inversiones extranjeras.

La principal novedad en el dictamen de mayoría del Super RIGI, que se logró la semana pasada, es la inclusión de la cláusula de “Compre Nacional”. Esta disposición establece que al menos el 20% de la inversión total en los proyectos adheridos al régimen deberá destinarse a proveedores locales de bienes, servicios u obras. Esta incorporación surge de negociaciones con legisladores de San Juan, el MID y la UCR, y responde a un reclamo de la Unión Industrial Argentina (UIA), que había planteado la necesidad de proteger la producción nacional ante la llegada de grandes capitales.

Sin embargo, la UIA había solicitado un monto específico para bienes industriales, lo cual no se concretó. El texto actual, al hablar de “bienes, de servicios y/u obras”, genera preocupación en el sector industrial. Un ejemplo que ilustra este temor es el proyecto minero Vicuña en San Juan, valuado en US$ 18.000 millones. A pesar de contar con los beneficios del RIGI, la construcción de los módulos habitacionales para sus trabajadores provendrá de China, lo que podría desvirtuar el espíritu del “Compre Nacional” si la importación de componentes es prioritaria.

A pedido del PRO, el proyecto también contempla que las inversiones en investigación y desarrollo (I+D) vinculadas a los proyectos se computen por el doble de su valor, aunque con un tope del 20% del monto mínimo de inversión. Además, se definirá una actividad “nueva” con criterios objetivos y mensurables, y se creará un registro público para las solicitudes, aprobaciones y sanciones.

El Súper RIGI y sus incentivos

El proyecto del Súper RIGI, elevado al Congreso hace un mes, busca atraer inversiones en sectores “industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica”. Ofrece incentivos aún más agresivos que el RIGI original, con una estabilidad fiscal de 30 años. Entre los beneficios se destacan:

• Impuesto a las Ganancias: Baja del 35% al 15% (en el RIGI era 25%).
• Retenciones a exportaciones: Cero desde el día uno (en el RIGI, desde el año tres).
• Derechos de importación: Eliminados para bienes vinculados al proyecto (en el RIGI, solo bienes de capital y partes).
• Contribuciones patronales: Reducidas del 24% al 10% para nuevos empleos (el RIGI no lo incluía).

El Super RIGI, con un piso de inversión de US$ 1.000 millones, se suma al RIGI (que exige una inversión mínima de US$ 200 millones). Esta dualidad normativa ha generado sorpresa en el ámbito empresarial. Sergio Caveggia, socio de impuestos de EY, señaló que “esta dualidad normativa no registra antecedentes directos en la experiencia argentina reciente”, ya que los regímenes promocionales suelen ser sectoriales o territoriales.

El blindaje “anticepo” del Super RIGI también encendió alertas. Prevé la eliminación progresiva de la obligación de liquidar divisas: 20% de libre disponibilidad el primer año, 40% el segundo y 100% a partir del tercero (en el RIGI, el 100% recién al cuarto año). El IERAL, instituto de la Fundación Mediterránea, advirtió que si bien esto es positivo, podría derivar en una apreciación del tipo de cambio real a mediano plazo, aumentando la presión sobre sectores intensivos en mano de obra que no califican para ninguno de los regímenes.

Por su parte, FundAr alertó que estos beneficios cambiarios “implican que la inversión puede operar en territorio argentino —usando suelo, energía y agua— sin volcar prácticamente ningún dólar en la economía”, criticando que el Gobierno “adopta como política emblema un paquete de incentivos sin precedentes sin exigir nada sustantivo a cambio”.

Pago a fondos holdouts, con fecha límite

Paralelamente, el Gobierno apura el pago de US$ 170 millones a fondos holdouts, un acuerdo alcanzado con la Justicia de Estados Unidos con fecha de vencimiento el 30 de junio. Se trata de US$ 67 millones para Bainbridge y US$ 104 millones para Attestor Value Master Fund. Estos acreedores no ingresaron a los canjes de deuda posteriores a la crisis de 2001. La premura se debe a la necesidad de normalizar la relación con los mercados internacionales y evitar futuros litigios, un paso clave para la estrategia de atracción de inversiones del Gobierno.