Crímenes de Lesa Humanidad: La Justicia Federal declaró al Estado responsable por los fusilamientos de José León Suárez
La Justicia Federal dictaminó que los fusilamientos de José León Suárez, ocurridos en junio de 1956 y narrados por Rodolfo Walsh en “Operación Masacre”, constituyen crímenes de lesa humanidad. La jueza federal Alicia Vence, del Juzgado Federal N°2 de San Martín, declaró el lunes 22 de junio al Estado Argentino responsable por la planificación, ejecución y encubrimiento de estos hechos.
La resolución, resultado de un Juicio por la Verdad que se llevó a cabo entre el 17 y 19 de junio, atribuyó a integrantes del aparato represivo de la dictadura autodenominada “Revolución Libertadora” la culpabilidad en allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad, homicidio y tentativa de homicidio. Aunque los responsables directos ya han fallecido, la sentencia establece una condena moral y reparatoria.
Los responsables señalados y el contexto histórico
La investigación judicial señaló como culpables a figuras clave del régimen que derrocó a Juan Domingo Perón en 1955. Entre ellos se encuentran los dictadores Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Francisco Rojas, junto con Juan Constantino Quaranta, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE); Desiderio Fernández Suárez, jefe de policía bonaerense, y Rodolfo Rodríguez Moreno, jefe de la Unidad Regional de San Martín. Todos los mencionados estaban fallecidos al momento de la lectura del veredicto.
La noche del 9 de junio de 1956, doce hombres fueron secuestrados ilegalmente de una casa en Florida, partido de Vicente López, donde escuchaban una pelea de box. Tras ser incomunicados y custodiados en la Unidad Regional de San Martín, fueron trasladados a un descampado en los basurales de José León Suárez y fusilados. Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Mario Brión y Carlos Lisazo fueron asesinados esa madrugada. En tanto, Miguel Ángel Giunta, Horacio Di Chiano, Roberto Gavino, Julio Troxler, Rogelio Díaz y Juan Carlos Livraga lograron sobrevivir. Livraga, con 94 años, fue el único sobreviviente que pudo brindar testimonio en el juicio.
Medidas reparatorias y un antecedente crucial
La jueza Vence afirmó durante la lectura del veredicto que la sentencia en sí misma constituye una forma de reparación. Adicionalmente, se establecieron diversas medidas reparatorias:
La publicación de la sentencia en la página oficial de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia, la convocatoria a incluir en los planes de estudio los hechos históricos probados en el juicio, la colocación de placas conmemorativas de las víctimas y la creación de un sitio de la memoria en el predio correspondiente a los basurales donde fueron cometidos los fusilamientos.
Este proceso judicial fue impulsado por los familiares de las víctimas y la Comisión Memoria, Verdad y Justicia del partido de San Martín. Tuvo como antecedente directo el Juicio por la Masacre de Napalpí, ocurrido en Chaco en 1924, que en 2022 reconoció la responsabilidad estatal en el asesinato de más de 400 miembros de las comunidades Qom y Moqoit.
