Sturzenegger impulsa ley para empresas con IA: Argentina busca ser pionera mundial

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, impulsa un proyecto de ley que busca revolucionar el marco legal argentino al permitir la creación de empresas gestionadas íntegramente por inteligencia artificial (IA). La propuesta, que ya ingresó al Senado con el número de expediente 193/26, tiene como objetivo convertir a la Argentina en el primer país del mundo en contar con una legislación societaria de este tipo, atrayendo inversiones y posicionando al país como un hub global para la economía del futuro.

Según detalló Sturzenegger en la ExpoEFI 2026, la iniciativa apunta a preparar el terreno para un escenario en el que, en una década, una porción considerable del Producto Bruto Interno (PBI) sea generada por agentes de IA. “Si creamos el régimen jurídico para que estos agentes se incorporen en la Argentina, podríamos ser 50 millones de argentinos y 50 millones de agentes de IA produciendo para todo el mundo, pero que pagan impuestos acá”, explicó el funcionario.

Las «sociedades automatizadas» y el modelo irlandés

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado argumenta que, sin un marco legal adecuado, las entidades operadas por IA quedan expuestas a un entorno jurídico incierto. Para que un agente de IA pueda operar en entornos impredecibles y asumir riesgos reales, necesita una estructura con patrimonio propio y responsabilidad acotada, lo que el proyecto busca proveer.

El modelo que inspira esta propuesta es el de Irlanda, país que hace décadas implementó un formato similar, proveyendo un marco jurídico y fiscal atractivo para empresas. Esto la convirtió en la «cabeza de playa» de las inversiones extranjeras en la Unión Europea. El ministerio aspira a que Argentina sea la «cabeza de playa de las inversiones en empresas automatizadas». Como ejemplo, citan el caso de Apple, cuya sociedad jurídica dueña del software de los iPhones se trasladó a Irlanda alrededor de 2015, generando un salto del 26% en el PBI irlandés al capturar una enorme porción del valor económico global generado por la compañía.

La propuesta de Sturzenegger crea dos figuras societarias inexistentes hoy en el derecho argentino: la Sociedad Automatizada, que cumple su objeto con sistemas algorítmicos o agentes de IA sin trabajadores en relación de dependencia, y la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), gobernada por código sobre blockchain. Si bien es difícil prever qué empresas se registrarían, el ministerio imagina firmas que provean robots humanoides para el cuidado de adultos mayores, asistencia quirúrgica o sistemas autónomos que gestionen carteras financieras.

El régimen jurídico se basa en tres pilares: “Primero, ninguna regulación prematura sobre usos de la IA. La regulación es un limitante a cualquier innovación. Segundo, una nueva categoría societaria: la «corporación no humana», operada por agentes de IA o robots, con o sin accionistas humanos. Tercero, baja tasa corporativa, libertad para elegir el derecho de gobernanza interna y divulgación obligatoria de beneficiarios finales». La mecánica de constitución y registro aún no está definida en detalle y es parte de la conversación pendiente.

Debate y desafíos: la responsabilidad y el control

La iniciativa ha generado un intenso debate, incluso a nivel internacional. El historiador y filósofo israelí Yuval Noah Harari, por ejemplo, cuestionó públicamente la propuesta en el Financial Times, advirtiendo sobre los riesgos de otorgar personalidad jurídica a los modelos de IA. “Jamás imaginé que ese «algún día» llegaría tan solo cuatro meses después”, escribió Harari, en referencia a una advertencia que había hecho en el Foro Económico Mundial.

Uno de los puntos más delicados del proyecto, según el divulgador especializado Joan Cwaik, es que permite a estas sociedades resolver sus conflictos internos bajo derecho extranjero o arbitraje internacional. “Eso significa que parte de la litigiosidad podría no pasar nunca por un tribunal argentino. Es una decisión de arquitectura que conviene mirar con lupa, porque define quién termina teniendo la última palabra”, advirtió Cwaik.

Otro eje central de la discusión es la responsabilidad. El proyecto prevé que la sociedad automatizada responda con su patrimonio por los daños de sus sistemas, aplicando las mismas sanciones que a empresas con managers humanos. Sin embargo, Cwaik advierte: “Si el algoritmo falla y solo responde el patrimonio del algoritmo, hay un eslabón que se corta. Acá el riesgo es quedarse frente a una caja cerrada con personería jurídica, donde el daño ocurrió pero nadie en concreto rinde cuentas”.

El abogado Gilberto Santamaría, especialista en plataformas de tokenización, señaló que la doctrina internacional ya identifica problemas como el «Responsibility Gap» (dificultad para determinar quién es responsable cuando la IA toma decisiones no previstas), el «Accountability Gap» (quién supervisa y rinde cuentas), el «Liability Gap» (quién soporta las consecuencias económicas y regulatorias) y el «Taxation Gap» (quién responderá tributariamente). “La pregunta decisiva ya no es si las máquinas pueden actuar; la verdadera pregunta es si el derecho seguirá siendo capaz de identificar quién debe responder cuando lo hagan”, concluyó Santamaría.

A pesar de los desafíos, el físico e investigador Sergio Pernice, director de la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial de UCEMA, reconoce el potencial positivo en la salud y la ciencia, aunque subraya la importancia de entender primero el rol de estas tecnologías y el equilibrio entre mercado y Estado. “Ser primero tiene un atractivo evidente. Escribís las reglas antes que el resto y podés capturar inversión, talento y renta fiscal mientras los demás todavía debaten. Es la ventaja de llegar temprano a un territorio que nadie mapeó. El riesgo es la otra cara de lo mismo. Llegás primero a un lugar donde tampoco hay caminos hechos”, resumió Cwaik sobre esta audaz apuesta argentina.