Biocombustibles: un ejecutivo de YPF respaldó el proyecto de Patricia Bullrich y advirtió sobre los límites de mezcla

Una nueva jornada de análisis sobre el futuro de los biocombustibles en Argentina se llevó a cabo en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Minería, Energía y Combustibles del Senado. Con seis proyectos de ley en discusión, entre ellos una iniciativa de la libertaria Patricia Bullrich, el debate reunió a once expositores de distintos sectores interesados, evidenciando posiciones encontradas sobre el nuevo marco regulatorio.

Mauricio Martín, director suplente de YPF SA y vicepresidente Ejecutivo Midstream & Downstream, expuso la postura de la petrolera. Martín subrayó la importancia de avanzar hacia un esquema que integre a los refinadores como actores clave y que los cortes para las mezclas de biocombustibles sean sostenibles. En este sentido, pidió considerar las características geográficas de producción y mencionó “quejas” sobre la calidad del biodiésel elaborado a base de soja en algunas ocasiones. Además, fue enfático al afirmar que un corte superior al 10% para el biodiésel “no es viable”, argumentando que la limitación no reside en la voluntad, sino en la cadena logística y comercial.

En relación al impacto en el precio para el consumidor, Martín detalló que el corte actual del 7,5% representa el 4,5% del costo final del combustible. Elevarlo al 10% implicaría un aumento de aproximadamente tres puntos porcentuales. Respecto al bioetanol, donde el corte permitido alcanza el 15%, YPF no ha registrado reclamos en los puntos de venta, pero considera que este porcentaje debe ser “el máximo” autorizado, una postura que coincide con la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa). La empresa avala el proyecto de ley presentado por Bullrich, al considerarlo un modelo que promueve la “competencia, razonabilidad económica” y la incorporación de nuevas tecnologías.

“No es una limitación de voluntad, sino en la cadena logística y comercial que debe tenerse en cuenta”, agregó Martín sobre los límites del corte de biodiésel.

La iniciativa de Patricia Bullrich propone un régimen con una vigencia de 15 años. Establece una mezcla mínima inicial del 7,5% de biodiésel, que escalaría obligatoriamente al 10% un año después de la sanción de la ley. El proyecto contempla excepciones para el uso de gasoil en zonas frías de la Patagonia, la minería, las centrales eléctricas y las operaciones en la Antártida. Para las naftas, la mezcla obligatoria de bioetanol comenzaría en un 12%, aumentando al 15% al cabo del primer año de vigencia de la norma.

Miradas de los especialistas y cámaras empresariales

Claudio Molina, analista de energías renovables y ferrocarriles, destacó el “amplio consenso” sobre la necesidad de modificar el marco regulatorio vigente. Molina calificó de “inconstitucional” la disposición de la ley 27.640 que prohíbe la participación de los grandes traders de la molienda de oleaginosas y leguminosas en el abastecimiento de la mezcla obligatoria de gasoil y nafta. Subrayó que la nueva normativa debe rectificar este punto.

Molina también rebatió las críticas sobre el “costo fiscal” de los biocombustibles, al señalar que la postergación parcial o total de las alícuotas del impuesto a los combustibles desde fines de 2019 le costó al Estado Nacional unos US$12.000 millones. Rechazó la idea de que los biocombustibles puedan replicar una falla de mercado como la de los combustibles líquidos, donde cuatro empresas controlan el 94% de la oferta. En el nuevo marco, sugirió fijar un tope para los actores del biodiésel y definir un “precio tope paridad de importación” para evitar importaciones indiscriminadas. “Una política pública no puede llevar a la destrucción de empresas que generan empleo sostenible”, afirmó.

Por su parte, la Cámara Santafesina de Energías Renovables manifestó en un comunicado una “profunda contradicción” en el proyecto de Bullrich. Argumentaron que la iniciativa establece una “protección explícita y permanente para determinados sectores del bioetanol”, mientras expone a los productores independientes de biodiésel a una competencia desigual frente a empresas verticalmente integradas y un mercado de demanda concentrado en pocas petroleras.

En contraste, el Centro Azucarero Argentino, la Cámara de Bioetanol de Maíz, Coninagro, Maizar, BioPyme, el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT) y la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, entre otras entidades, emitieron un comunicado conjunto. Consideraron la iniciativa libertaria como una “oportunidad estratégica para consolidar una política energética moderna, federal y orientada al crecimiento productivo, la generación de empleo y el desarrollo sustentable del país”. Afirmaron que el proyecto “avanza en la dirección correcta al establecer un marco de mayor previsibilidad para los biocombustibles, promoviendo inversiones, fortaleciendo las economías regionales y permitiendo que la Argentina aproveche sus ventajas competitivas en materia agropecuaria y agroindustrial”.