Tregua con universidades: el Gobierno cede con fondos y salarios para descomprimir la presión

El Gobierno de Javier Milei logró este miércoles un principio de acuerdo con las universidades nacionales para apaciguar el prolongado conflicto por el ajuste presupuestario. La firma del convenio, impulsada por la cartera de Capital Humano que lidera Sandra Pettovello, busca descomprimir la presión social y judicial que pesaba sobre la administración libertaria, en un momento de creciente malestar y tensiones internas en el Gabinete, agravadas por el llamado «caso Adorni».

El entendimiento implica un giro pragmático por parte del Presidente, quien, dejando de lado la intransigencia fiscal, accedió a abrir la billetera para mitigar la conflictividad callejera. Semanas atrás, la reactivación de protestas, con paros docentes y tomas de colegios, había generado preocupación en la Casa Rosada por una posible escalada social. Este contexto, sumado a la pérdida de poder adquisitivo y el lento repunte económico que reflejan las encuestas, hizo que la tregua universitaria se volviera una necesidad imperiosa para el Gobierno.

Las claves del acuerdo y el factor judicial

El pacto con rectores y sindicatos no solo busca calmar las aguas en las calles, sino también ganar tiempo y evitar un revés en la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal debe expedirse sobre una medida cautelar que exige al Gobierno cumplir con la actualización de salarios y becas, según lo previsto en la Ley de Financiamiento Universitario. Fuentes cercanas a las negociaciones indicaron que desde los tribunales se enviaron señales de que la Corte esperaba una solución política, y que no estaba dispuesta a fallar en contra del Ejecutivo si no existía un acuerdo.

Comunicado oficial.@JMilei pic.twitter.com/5GpUsMo6KT

— Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) June 10, 2026

“Lo de la Corte puede ser eterno, pero necesitábamos cerrar la etapa del conflicto en las calles y garantizar que haya clases”, señalaron fuentes al tanto de las tratativas. Las negociaciones fueron llevadas adelante por Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, quien actuó como interlocutor entre Milei, Pettovello y Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

El acuerdo prevé un aumento salarial del 24,33% (21,33% para junio y un 3% adicional en octubre), así como un incremento en los fondos destinados a becas, hospitales universitarios y gastos de funcionamiento. La discusión paritaria se reabrirá en septiembre, considerando la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El CIN, si bien calificó el acuerdo como “un paso importante”, aclaró que “de ninguna manera [es] definitorio ni suficiente” y ratificó que mantendrá la demanda judicial contra el Gobierno.

Fondos y fiscalización: los detalles de la negociación

Inicialmente, el Gobierno había exigido el retiro de la denuncia judicial como condición para otorgar el aumento, pero esa cláusula fue finalmente excluida del acta. En su lugar, se incluyó la condición de que las universidades nacionales deberán rendir los “fondos asignados”, con el compromiso oficial de “reforzar el área de fiscalización”.

Para sellar el trato, Álvarez gestionó una partida de alrededor de 800.000 millones de pesos del Ministerio de Economía, a cargo de Luis “Toto” Caputo. Este monto es significativamente menor al costo fiscal estimado de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario en su totalidad, que según estimaciones, implicaría un desembolso de entre 2,5 y 3,6 billones de pesos (0,23% del PBI).

El conflicto universitario se había desatado con fuerza el 23 de abril de 2024, con una masiva marcha en rechazo al recorte presupuestario, marcando la primera gran movilización que enfrentó la administración de Milei. La disputa escaló al Congreso, donde la oposición logró aprobar leyes para incrementar los fondos universitarios, que luego fueron vetadas por el Presidente. Esas decisiones fueron rechazadas por ambas cámaras, dejando firme la ley y significando una dura derrota para el oficialismo en su objetivo de mantener el equilibrio fiscal.