Flores: la odisea de Patricia Castro para recuperar la casa familiar, ocupada por talleres textiles clandestinos

“Estamos adentro”. Ese mensaje recibido el 26 de mayo pasado marcó el fin de una prolongada y angustiante batalla para Patricia Castro. Después de años de reclamos, denuncias, amenazas y un extenso proceso judicial, Patricia y su familia lograron recuperar la casa de sus abuelos en Flores, un inmueble que había sido transformado en un centro de actividades ilegales.

La propiedad, ubicada en la concurrida zona comercial de avenida Avellaneda, fue ocupada por quienes inicialmente eran inquilinos. Sin embargo, con el tiempo, la familia Castro descubrió que la vivienda se utilizaba para actividades que excedían el uso habitacional. Inspecciones y allanamientos posteriores revelaron un complejo entramado de subalquiler de habitaciones, depósitos de mercadería y el funcionamiento de talleres textiles clandestinos. La restitución del inmueble, un hito emocional y legal, llegó tras la enfermedad y el fallecimiento del padre de Patricia, José Castro Rodríguez.

De pensión familiar a centro clandestino

La historia de la casa se remonta a 1968, año en que nació Patricia y sus abuelos paternos, inmigrantes españoles, adquirieron la propiedad. En sus inicios, funcionó como una pensión de señoritas, donde la familia vivía en la planta baja y alquilaba habitaciones en los pisos superiores. “Era la fuente de trabajo de mis abuelos. Mi abuelo fue mozo y lechero a carro; mi abuela era costurera y mi bisabuela atendía las habitaciones. Los domingos nos reuníamos todos en una habitación del frente. Era un petit hotel muy cuidado y muy lindo”, recordó Patricia.

Tras la muerte de su abuela, la administración quedó a cargo de su padre, José. Las crecientes exigencias para mantener la habilitación como hotel llevaron a que decidiera alquilar la propiedad como vivienda familiar para complementar su jubilación.

El deterioro y las amenazas

La situación comenzó a descontrolarse a fines de 2019, cuando José fue diagnosticado con una enfermedad avanzada. La pandemia y las restricciones de circulación aislaron a la familia de cualquier control sobre el inmueble. “Con las restricciones para circular ni siquiera pasábamos por la puerta. Mi papá seguía confiando en que la inquilina iba a cumplir. Nos pedía paciencia”, explicó Patricia.

José falleció en 2021. En medio del duelo, la familia intentó cobrar alquileres impagos y obtener respuestas, pero las contestaciones se volvieron hostiles. Patricia relató que uno de los ocupantes llegó a llamar a su madre para amenazarla:

Le dijeron que no molestara más porque a ellos les hacía mal el reclamo, que no iban a contestar más y que, si seguía insistiendo, la iba a pasar mal.

Las cartas documento enviadas para comunicar la finalización de los contratos fueron ignoradas o respondidas con negativas a restituir el inmueble. “Ese fue un punto de quiebre. Ahí empezó nuestro peregrinar porque no sabíamos cómo ni a quién reclamarle”, sostuvo Patricia.

Al acercarse personalmente a la casa, Patricia constató que el lugar distaba de ser una vivienda familiar. “Vi entrar personas desconocidas con llave. Chicos con bicicletas y mochilas de reparto, personas afrodescendientes, gente cargando bultos de mercadería. La casa está en pleno centro comercial de la avenida Avellaneda y era evidente que allí pasaba algo más”, describió.

Talleres clandestinos y un largo proceso judicial

Las denuncias ante la Agencia Gubernamental de Control (AGC) revelaron que la familia desconocía un historial de inspecciones, clausuras y allanamientos desde 2017 por “taller textil clandestino, depósitos de mercadería y subalquiler de habitaciones sin habilitación ni condiciones mínimas de seguridad”. Patricia lamentó: “Las clausuras quedaban pegadas en la puerta y ellos simplemente las arrancaban”.

“Sentimos bronca, humillación e impotencia. Aprovecharon la enfermedad y la muerte de mi papá, la etapa más dolorosa que atravesamos, para engañarlo y burlarse de nosotros”, expresó Patricia. Durante 2022, las gestiones se intensificaron, mientras el deterioro edilicio avanzaba, generando preocupación por posibles problemas estructurales, filtraciones o riesgos eléctricos y de gas.

La magnitud del problema se hizo evidente al descubrir que en distintos momentos llegaron a vivir en la propiedad alrededor de 45 personas. “Con mi hermano entendimos que habíamos heredado un enorme problema. Ya no era una casa ocupada por inquilinos. Había una veintena de personas desconocidas desarrollando actividades comerciales para las que la propiedad nunca estuvo preparada”, reflexionó Patricia.

Aunque un allanamiento a fines de 2022 incluyó una orden de desalojo que debía concretarse en diez días, esta nunca se ejecutó. La familia inició entonces una larga batalla judicial, un proceso lento debido a la necesidad de identificar y notificar a cada ocupante. En paralelo, lograron que Metrogas inspeccionara la propiedad, encontrando “una situación de riesgo” que llevó al corte inmediato del suministro.

Durante los allanamientos, Patricia presenció el estado desastroso de la casa: “Estaba completamente derruida, con desprendimientos de techos, escaleras quebradas, suciedad por todos lados. Había habitaciones cerradas con candados y cuando preguntábamos quién vivía ahí nos respondían que eran familiares, de los que ni siquiera recordaban el nombre”. La confirmación final llegó con la restitución: “Cada habitación era un taller textil. Había máquinas instaladas y enormes depósitos de tela”.

Desalentada, Patricia pensó en abandonar la lucha, pero siguió insistiendo. Incluso desarrolló un gesto simbólico: cada vez que pasaba por la puerta, escribía con fibrón los números de la casa, que eran tapados por los ocupantes para evitar allanamientos. El punto de inflexión llegó este año, al contactar a funcionarios del gobierno porteño a través de otra familia en una situación similar. “No prometieron nada, solo dijeron que iban a ayudarnos”, afirmó.

La restitución y un nuevo comienzo

Poco después, llegó el mensaje que cambió la historia. Al día siguiente, Patricia recibió formalmente la restitución de la propiedad, que además se convirtió en el inmueble número 800 recuperado durante la actual gestión porteña. La emoción, sin embargo, se mezcló con el dolor al ver el estado del que fuera el hogar de sus abuelos. “Cuando entré, me di cuenta de que estaba parada en lo que había sido el comedor. Ya no quedaban los pisos, casi no había revoques ni luz. Era irreconocible”, relató.

A pesar del deterioro material, para Patricia el desenlace tuvo un significado mucho más profundo: “Mi mamá sintió que no le había fallado a mi papá. Que habíamos luchado por todo lo que él construyó. De la pérdida de mi papá no nos recuperamos, pero sí recuperamos lo que nos dejó”.

Hoy, la casa permanece tapiada y no puede volver a ser habitada. La familia aún no sabe qué hará con ella, pero tiene claro que la lucha valió la pena. “Muchas personas no entienden que, detrás de estas casas tomadas, hay familias, historias y años de trabajo. Nosotros estuvimos cerca de rendirnos varias veces, pero seguimos insistiendo. Por eso a quienes están pasando por algo parecido les decimos que no bajen los brazos”, concluyó Patricia.