Designación de jueces: ¿Un nuevo “Marbury v. Madison” a la argentina por el caso Michelli?

La designación de la jueza María Verónica Michelli para el Tribunal Federal N°3 de La Plata, tras haber recibido el acuerdo del Senado, se encuentra en un limbo que podría generar un precedente judicial de gran envergadura. La falta de un decreto presidencial que la ponga en funciones abre interrogantes sobre si la voluntad del Presidente es el último eslabón de un proceso que ya ha atravesado múltiples etapas y poderes del Estado.

La situación evoca un icónico precedente de la jurisprudencia estadounidense: el caso “Marbury v. Madison” de 1803. Este fallo es ampliamente reconocido por establecer el control judicial de constitucionalidad, aunque su rol fundacional ha sido debatido por especialistas como Manuel García-Mansilla, quien postula que la idea ya existía. No obstante, sigue siendo una referencia ineludible en la Corte Suprema de Estados Unidos, en la nuestra y en los manuales de derecho constitucional.

El antecedente de “Marbury v. Madison”

El caso “Marbury v. Madison” surgió en un contexto de alta tensión política en Estados Unidos. El presidente saliente, John Adams, antes de la asunción de Thomas Jefferson, promovió la creación de cargos de jueces de paz y designó a personas de su partido, conocidos como “jueces de la medianoche”. Aunque el Senado dio su acuerdo y Adams firmó sus designaciones, algunos no llegaron a ser puestos en funciones antes del cambio de gobierno.

Uno de ellos, William Marbury, demandó ante la Corte Suprema al nuevo secretario de Estado, James Madison, para que lo colocara en su cargo. La Corte, presidida por el legendario John Marshall, falló a favor de Marbury pero declaró que el caso no era de su competencia originaria, invalidando una ley que supuestamente la ampliaba. La trascendencia del fallo radica en la declaración de inconstitucionalidad de una ley por parte del máximo tribunal.

El dilema constitucional en Argentina

Una diferencia clave con el caso Marbury es que, en la situación de Michelli, el Presidente Javier Milei aún no ha firmado su designación, a diferencia de Adams. Esto plantea la cuestión constitucional central: si el decreto presidencial (o su ausencia) es un acto puramente político y discrecional del Presidente, no revisable judicialmente, o si, por el contrario, implica una obligación una vez que el Senado ha prestado su acuerdo.

Existen dos posturas al respecto. Una sostiene que el proceso de designación de jueces solo se perfecciona con el decreto presidencial, y hasta ese momento no hay un derecho adquirido. La otra interpretación, especialmente tras la reforma constitucional de 1994, considera que la designación es un acto complejo que involucra al Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Senado. Esta visión argumenta que la reforma buscó acotar la discrecionalidad presidencial, limitándola a elegir uno de los tres candidatos del Consejo. Permitir que el Presidente omita la designación sin justificación, incluso después de haber remitido el pliego al Senado, lo ubicaría en un plano de superioridad respecto de los otros poderes.

La Corte Suprema argentina no cuenta con precedentes sobre esta situación, lo que convierte el escenario en terra incognita judicial. Más allá de los intrincados debates constitucionales, la situación genera preocupación por sus implicancias. Se considera escandaloso que una profesional con trayectoria y reconocimiento judicial, que ha superado todas las instancias de evaluación, sea desplazada por razones externas, como la relación familiar de su cuñado con un periodista de investigación. Esto no solo afectaría la independencia judicial, sino que también podría interpretarse como una advertencia al ejercicio del periodismo independiente.