Coimas en la Andis: la Justicia peritará los audios que mencionan a Karina Milei

El juez federal Ariel Lijo, a cargo de un juzgado vacante en Comodoro Py, ordenó peritar los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en los que supuestamente se menciona que Karina Milei cobraría un 3% del precio de los medicamentos adquiridos por el organismo. La decisión judicial busca determinar la autenticidad de las grabaciones, cuya validez es fuertemente cuestionada por la defensa de Spagnuolo.

Spagnuolo, quien ya se encuentra procesado en la causa, argumenta que los audios –difundidos a través del streaming Carnaval, presuntamente cercano al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino– son falsos y fueron creados mediante inteligencia artificial. Este planteo central de la defensa busca desestimar una de las pruebas que, aunque la Justicia no considera clave para el procesamiento actual, sí escaló la investigación a nombres de alto perfil político.

La medida de Lijo revierte una decisión previa de su antecesor, Sebastián Casanello, quien había mantenido en suspenso el análisis de estas grabaciones. Ahora, el juez dispuso que la Gendarmería Nacional realice el estudio técnico, para lo cual solicitó a Spagnuolo una muestra indubitable de su voz. Sin embargo, el exfuncionario, a través de su abogado Mauricio D’Alessandro, ya presentó a su propio perito de parte, quien ha delineado una estrategia para impugnar la prueba sin que Spagnuolo deba aportar su voz.

La estrategia de la defensa para desarmar los audios

El perito de parte aceptado por el juzgado es Marcelo Torok, ingeniero en informática y magíster en ciencias forenses. Su objetivo principal es demostrar la ilegalidad, falta de integridad y manipulación de los archivos de audio, lo que podría derivar en un pedido de nulidad y el consecuente debilitamiento de esta parte del caso. La estrategia de la defensa se basa en diez puntos de pericia presentados por Torok.

Entre los puntos clave, el perito solicitó el formulario de la cadena de custodia para verificar la continuidad de la evidencia y detectar posibles movimientos no acreditados. Además, pidió librar un oficio a Google LLC (propietaria de YouTube) para obtener toda la información disponible sobre el archivo alojado en el canal de streaming Carnaval, incluyendo los metadatos completos. Torok también busca determinar la fecha y hora exactas de las grabaciones, si se trata de un “archivo original” íntegro, y si existen interrupciones o saltos que sugieran edición.

La defensa ya presentó un peritaje realizado en España que supuestamente establece que un 65% de los audios fueron montados con inteligencia artificial. Para reforzar esta línea, se solicitó filtrar el sonido de fondo y el frontal para analizar las voces principales, y se pidió una explicación de por qué no se escucha al interlocutor de Spagnuolo, dado que la conversación supuestamente tuvo lugar en un lugar público. El perito también busca analizar si se distinguen dos formatos diferentes de audio —uno “en vivo” y otro “telefónico”— a partir de un minuto y 43 segundos de la grabación, lo que reforzaría la hipótesis de un montaje artificial.

Finalmente, el ingeniero Torok exige determinar si, con los elementos presentes en el archivo, se puede identificar fehacientemente a Spagnuolo en la grabación, con el propósito de impugnar este elemento como prueba. Por su parte, el fiscal Franco Picardi, que tiene delegada la investigación, designó a cinco especialistas de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) para el peritaje oficial. La droguería Suizo Argentina y Miguel Calvete también han puesto a sus peritos de parte en el expediente.

La investigación principal y nuevos desarrollos

Más allá de la controversia por los audios, la Justicia hasta ahora sostiene que no son la prueba clave en la causa, sino que existen otras evidencias que respaldan la investigación. En este expediente, el juez Casanello ya procesó a Spagnuolo sin prisión preventiva por considerarlo jefe de una asociación ilícita y autor de fraude al Estado, cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. Se le trabó un embargo superior a los 202.000 millones de pesos.

La causa investiga una red de corrupción y sobreprecios dentro de la Andis, donde el organismo habría direccionado compras de medicamentos de alto costo y baja incidencia a determinadas droguerías que actuaron de forma cartelizada. Se detectaron licitaciones direccionadas, compras con sobreprecios y un sistema de retornos o coimas. Junto a Spagnuolo, fueron procesados otros exfuncionarios de la Andis y Daniel Garbellini, empresario del sector farmacéutico.

En una segunda etapa, bajo la órbita del juez Lijo, el fiscal Picardi amplió la acusación, detectando más casos de sobreprecios y negocios en la compra de elementos médicos, como andadores, que también se adquirieron con sobreprecios millonarios. La investigación hasta el momento se ha centrado en Spagnuolo y otros funcionarios, sin escalar a los nombres de Karina Milei y los Menem, mencionados en los audios.

Esta semana, el miércoles, está citado a declarar el empresario Alan Pocovi, por sospechas de lavado de dinero. Pocovi es medio hermano del hijo de Zulemita Menem y se lo menciona como supuesto integrante de las operaciones coordinadas por Miguel Calvete para el presunto desvío de fondos de la Andis. El nombre de Pocovi aparece en chats de teléfonos investigados por la Justicia, donde Picardi transcribió mensajes del teléfono de Calvete que sugieren que ambos «movilizaban en forma regular importantes sumas dinerarias en moneda local y estadounidense» y que «parte de los fondos recibidos por Alan Pocoví serían invertidos en criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain».