Revés judicial para Milei: la Justicia frenó el cierre de más de 600 servicios del INTI
La Justicia federal propinó un nuevo revés al Gobierno de Javier Milei al suspender parcialmente la resolución oficial que había ordenado el cierre de más de 600 servicios y prestaciones del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La medida judicial responde a las objeciones presentadas por gremios y trabajadores del organismo, quienes alertaron sobre el impacto en el empleo y la operatividad del instituto.
El fallo implica un freno a la avanzada sobre las áreas técnicas del INTI, un organismo descentralizado que desempeña un rol crucial en el desarrollo y la certificación tecnológica de la industria argentina. La resolución gubernamental había generado una fuerte preocupación en el sector, dado que implicaba la discontinuación de una vasta gama de servicios esenciales para empresas, pymes y emprendedores en todo el país.
Impacto en el INTI y el sector productivo
La decisión de la administración nacional de reducir drásticamente las operaciones del INTI había sido interpretada como parte de la política de ajuste y achicamiento del Estado. Sin embargo, los críticos de la medida argumentaron que el INTI no solo genera ingresos propios a través de sus prestaciones, sino que también cumple funciones indelegables en áreas como la metrología, los ensayos de calidad, la certificación de productos y la asistencia técnica a diversas industrias.
Los gremios que representan a los trabajadores del INTI, junto con cámaras empresariales y asociaciones profesionales, habían manifestado su preocupación por el potencial desmantelamiento de capacidades técnicas acumuladas durante décadas. Subrayaron que la eliminación de estos servicios dejaría a muchas empresas sin el soporte necesario para cumplir con estándares de calidad, seguridad e innovación, afectando su competitividad tanto en el mercado interno como en el internacional.
La suspensión judicial, aunque parcial, otorga un respiro a la institución y a los sectores que dependen de sus servicios. Ahora, el Gobierno deberá revisar la implementación de su resolución o enfrentar nuevas instancias judiciales que podrían consolidar el freno a la política de desmantelamiento del organismo.
