Falsas denuncias: un informe oficial desmiente el «fenómeno criminal de escala» que debate el Senado

En medio del debate legislativo impulsado por el proyecto de la senadora Carolina Losada (Unión Cívica Radical-Santa Fe) para aumentar las penas por falsas denuncias, un informe oficial del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos concluyó que este delito es un «fenómeno marginal» en Argentina.

El relevamiento, que abarcó más de 8,2 millones de investigaciones penales registradas en 17 jurisdicciones durante el período 2023-2025, determinó que las falsas denuncias representan apenas el 0,09% del total. «Este dato no acredita ningún fenómeno criminal de escala que requiera agravamiento de penas», sostiene el informe, que buscó llenar un vacío estadístico sobre esta problemática en el país.

Según el estudio, la falsa denuncia se presenta en aproximadamente una de cada mil causas en el sistema penal, mientras que el falso testimonio ocurre en una de cada cuatro mil. Aunque los datos no cubren la totalidad del territorio nacional, buscan establecer la dimensión real del fenómeno dentro del universo de la conflictividad judicial.

A pesar de que el número absoluto de casos de falsa denuncia registrados creció de 1845 a 3142 en el período analizado, esta cifra sigue estando por debajo del 0,1% del total. El informe sugiere que este aumento podría ser «el resultado positivo de una mayor capacidad de captación del sistema».

El Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, a través del mismo Observatorio, ya habían advertido en abril que «la instalación de la idea de una supuesta proliferación de denuncias falsas no solo carece de sustento empírico, sino que además genera efectos regresivos: desalienta la denuncia, refuerza estereotipos de género y contribuye a la deslegitimación de la palabra de las mujeres víctimas».

El proyecto de Losada y las penas actuales

La iniciativa de la senadora Losada, que obtuvo dictamen en el Senado, busca modificar el Código Penal para endurecer las sanciones por falsas denuncias, falso testimonio y encubrimiento, especialmente cuando los hechos estén vinculados con violencia de género, delitos contra la integridad sexual o involucren a menores de edad. «El sistema democrático necesita mecanismos de protección frente al uso abusivo del aparato judicial», afirmó la legisladora a LA NACION, defendiendo la premisa de que «la mentira no tiene género».

Actualmente, el Código Penal argentino sanciona el delito de falsa denuncia con una multa de $750 a $12.000 y prisión de entre dos meses y un año. El proyecto de Losada propone elevar estas penas a prisión de uno a tres años y, en casos de violencia de género o delitos contra la integridad sexual, de tres a seis años. La propuesta también alcanza a los profesionales que actúen como testigos en el proceso judicial.

En cuanto al falso testimonio, la iniciativa de Losada podría implicar hasta ocho años de cárcel, en contraste con la ley actual que prevé de un mes a cuatro años de prisión. De aprobarse, estas condenas en ambos casos serían no excarcelables.

“Muchas estadísticas difundidas sobre falsas denuncias no miden el fenómeno total, sino las condenas firmes por el delito específico de denuncia falsa. Y hablamos de un delito que hoy no se persigue”, dijo Losada ante la consulta de LA NACION.

El informe del Observatorio se basó en los registros de los Ministerios Públicos Fiscales, solicitando a cada jurisdicción la totalidad de anoticiamientos e identificando cuántos correspondían a investigaciones por falsa denuncia. Sin embargo, el estudio señala que «no se relevó el resultado procesal de las causas», por lo que no es posible determinar «cuántas falsas denuncias registradas son efectivamente acreditadas como tales por el sistema judicial». Ocho jurisdicciones no respondieron al relevamiento: Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, San Luis, Santa Cruz y Tucumán.

Cuestionamientos y el riesgo de desalentar denuncias

Uno de los principales cuestionamientos al proyecto de Losada es que podría desalentar las denuncias, en un contexto donde ya existe una baja tasa de presentación de casos. Según la Encuesta Nacional de Victimización del Indec, el 88% de las víctimas de ofensas sexuales no denuncia. Asimismo, la Encuesta Nacional de Prevalencia de Violencia y la Iniciativa Spotlight indican que casi la mitad de las mujeres argentinas sufrió violencia alguna vez en su vida, pero solo una de cada cuatro buscó ayuda o denunció.

El informe del Observatorio subraya que «los delitos que se dan en un contexto de violencia de género, ya tienen el problema opuesto al que diagnostica el proyecto: no se denuncian suficientemente. Agravar la pena para quien denuncia en ese contexto agrava un problema de subacceso a la Justicia que los propios datos del Estado argentino documentan». Además, extender las penas a testigos podría desalentar la participación de peritos, que son cruciales en delitos de difícil prueba.

El relevamiento también intentó desagregar qué proporción de falsas denuncias corresponde a los supuestos que el proyecto busca agravar, pero la falta de sistemas adecuados en muchas jurisdicciones impidió obtener datos completos. «Esto evidencia un déficit de información –no un fenómeno de escala– y refuerza la necesidad de invertir en registro, no en penas», consideraron.

El estudio no incluyó desagregación por sexo del denunciante o denunciado, ni pudo verificar hipótesis como la litigación estratégica (uso de falsas denuncias en disputas familiares) o el impacto en otros procesos judiciales, datos que suelen esgrimir quienes apoyan el aumento de penas.

Denuncia contra Losada por su proyecto

Por impulsar esta iniciativa, la senadora Losada fue denunciada por un grupo de referentes de Derechos Humanos, encabezado por el exjuez y actual presidente de la Asociación Civil de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales (Aevas), Carlos Rozanski. La denuncia acusa a la legisladora de coacciones, encubrimiento agravado y apología del crimen, además de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

“No hay en la Argentina denuncias falsas por abuso sexual contra las infancias. No hay ni una. Por eso, la senadora no mostró ni exhibió ninguna denuncia falsa de abusos contra infancias. Lo que hizo fue mostrar pedófilos que fueron sobreseídos porque las pruebas no alcanzaron. Son dos cosas completamente distintas”, sostuvo Rozanski en declaraciones periodísticas.

Losada, por su parte, calificó la denuncia como un intento de «callarme, amedrentarme a mí y al resto de los legisladores». Y agregó: «Es la segunda denuncia que me hacen. Es increíble que se denuncie a una legisladora por legislar. Los proyectos te gustan, o no, pero eso se dirime en el Congreso. Inédito en democracia».