Cortes de luz: el Gobierno licitará una obra clave en el AMBA y la pagarán los usuarios
El Gobierno nacional se prepara para lanzar la licitación de un megaproyecto de ampliación de la red de transporte eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una iniciativa crucial para mitigar los frecuentes cortes de luz y aliviar los «cuellos de botella» que afectan al sistema. La obra, con una inversión estimada entre US$700 y US$800 millones, se desarrollará bajo un esquema de concesión de obra pública con financiamiento privado, garantizado en parte por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La principal novedad de este modelo radica en que la empresa adjudicataria podrá comenzar a recuperar su inversión de forma escalonada, a medida que se completen avances parciales de la construcción. Estos ingresos provendrán directamente de las tarifas que pagan los usuarios, incorporándose al componente de transporte de las facturas eléctricas, uno de los cuatro segmentos que componen la boleta junto con generación, distribución e impuestos.
Fuentes del sector energético consultadas por LA NACION indicaron que el objetivo es generar incentivos atractivos para inversores, en una infraestructura que el BID respaldará con una garantía parcial de US$200 millones. Se espera que los pliegos y el llamado a licitación se publiquen entre esta semana y la próxima, según lo previsto por la Secretaría de Energía.
AMBA I: 500 kilómetros de alta tensión y nuevas estaciones
El proyecto, denominado «AMBA I», contempla la construcción de más de 500 kilómetros de líneas de alta tensión y la instalación de nuevas estaciones transformadoras. Estas mejoras son fundamentales para reforzar el abastecimiento eléctrico en el principal centro de consumo del país, donde se concentra cerca del 40% de la demanda nacional.
La concesión privada abarcará el financiamiento, la construcción, la operación y el mantenimiento de la infraestructura por un período mínimo de 15 años. Se estima un plazo de ejecución de 52 meses, con un repago de la inversión que se extendería a lo largo de siete años.
La ampliación del sistema de transporte es una de las principales urgencias del sector. A pesar del crecimiento en la generación eléctrica en los últimos años, impulsado por renovables y gas natural, gran parte de estas inversiones no pueden aprovecharse plenamente debido a las severas limitaciones de la red de transmisión, que prácticamente no ha tenido expansiones significativas en más de una década.
Cambio de estrategia y financiamiento privado
Este nuevo esquema representa una modificación importante en la estrategia del gobierno de Javier Milei para financiar la expansión eléctrica. Inicialmente, el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, y la secretaria de Energía, María Tettamanti, habían propuesto la creación de un cargo fijo en las boletas eléctricas, conocido como «estampillado», para fondear estas obras de transmisión. Sin embargo, esta propuesta no prosperó debido a objeciones internas en el Ejecutivo, atribuidas en el sector al asesor presidencial Santiago Caputo.
La alternativa posterior fue la de concesiones de obra pública financiadas íntegramente por privados, donde las empresas recuperaban la inversión una vez finalizada y habilitada toda la infraestructura. Este modelo, sin embargo, enfrentaba objeciones por encarecer el financiamiento debido a los largos plazos de ejecución y los antecedentes de congelamiento tarifario y cambios regulatorios en Argentina.
El nuevo modelo de la Secretaría de Energía, que permite a los adjudicatarios comenzar a cobrar ingresos tarifarios a medida que completan hitos parciales de construcción, busca resolver estos problemas. La intención oficial es mejorar las condiciones de financiamiento y acelerar la llegada de inversores privados a proyectos críticos para evitar futuros problemas de abastecimiento en los picos de consumo.
Esta decisión también refleja la postura del Gobierno de evitar obras financiadas directamente por el Tesoro, en línea con su estrategia fiscal. La apuesta es que el sector privado asuma el financiamiento, la construcción y el mantenimiento, mientras el Estado mantiene su rol regulatorio.
Plan Nacional y otras iniciativas
Funcionarios del área energética, como el subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo, ya han transmitido estos lineamientos a empresas del sector. Sanfilippo brindó detalles durante su exposición en la conferencia regional Adelatam 2026, donde se debatió la modernización de la infraestructura eléctrica en América Latina.
La obra AMBA I es parte del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, un conjunto de 16 proyectos prioritarios definidos por la Secretaría de Energía para reforzar la red de alta tensión y acompañar el crecimiento de la demanda. El AMBA, con su 40% del consumo nacional, arrastra problemas estructurales de transmisión que se hacen patentes durante los picos de demanda de verano e invierno, aumentando el riesgo de cortes.
En paralelo, el Gobierno avanza en otras iniciativas para reforzar la confiabilidad del sistema. Sanfilippo confirmó el lanzamiento de una licitación para incorporar generación térmica modular en nodos críticos definidos por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), buscando sumar potencia firme en zonas vulnerables. Además, la Secretaría de Energía espera recibir ofertas para el segundo programa de almacenamiento mediante baterías a escala del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con el objetivo de extender este esquema a siete regiones críticas del interior del país, incorporando unos 700 MW de potencia de reserva.
