Un “maleficio bonaerense” amenaza a los Adorni y sacude la política
Una serie de eventos políticos y judiciales converge en el entorno de los hermanos Adorni, reavivando una antigua leyenda sobre los funcionarios que participan de la tradicional ceremonia de destrucción de estupefacientes en General Pacheco. Aunque la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, no creería en supersticiones, la orden de que Manuel Adorni asistiera a la quema del 28 de abril parece haber activado un “maleficio” que ya afectó a otros funcionarios.
Apenas tres semanas después de su presencia en el rito, el fiscal Guillermo Marijuán aceptó investigar la denuncia por enriquecimiento ilícito presentada por la diputada Marcela Pagano contra Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial. Quienes precedieron a Manuel Adorni en esta experiencia debieron renunciar a sus cargos envueltos en escándalos. Tal fue el caso de Marcelo D’Alessandro, quien dimitió al Ministerio de Seguridad porteño tras la divulgación de chats comprometedores, y José Luis Espert, quien abandonó su candidatura a diputado nacional por un presunto vínculo con un empresario narco.
La denuncia contra Francisco Adorni y sus implicancias
La diputada Marcela Pagano, una disidente libertaria, solicitó analizar la evolución patrimonial de Francisco Adorni desde que fue asesor del Ministerio de Defensa y luego del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). La denuncia se centra en la cancelación en solo un año de un préstamo hipotecario por 60 millones de pesos, otorgado por el Banco Provincia. Francisco Adorni, quien fue electo diputado provincial por La Libertad Avanza (LLA), podría enfrentar un pedido de desafuero a la Legislatura por parte de Marijuán para ser citado a indagatoria. Además, la Justicia bonaerense podría reclamar la causa si el banco oficial de la provincia aparece involucrado.
Este desarrollo no solo pone en jaque al hermano del vocero presidencial, sino que también genera un fuerte impacto en el tablero político bonaerense y nacional. La situación podría complicar la relación entre el gobierno de Milei y el PRO, especialmente si se percibe como una vulnerabilidad en el “hostil territorio bonaerense”.
El PRO busca reposicionarse y el peronismo especula
En este contexto, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, un exjuez federal con experiencia en el ámbito judicial, ya dio un indicio. En uso de licencia, ordenó a su bloque de concejales recuperar el nombre del partido fundado por Mauricio Macri, omitiendo cualquier referencia libertaria. Macri, de hecho, cerrará el encuentro convocado hoy del PRO bonaerense, al que Cristian Ritondo, presidente del partido, pidió participar pese a no figurar entre los invitados. Montenegro y Ritondo impulsaron la incorporación de Diego Santilli al gobierno de Milei, aunque se rumorea que la fe libertaria del ministro del Interior estaría en crisis y su relación con Macri, rota.
El “círculo rojo” espera que Macri se postule a presidente ante un supuesto decaimiento de la expectativa con Milei, cuya aprobación, según el informe de mayo de la Universidad de San Andrés, es del 37%, y la satisfacción con el rumbo del gobierno, del 29%. La división del voto no peronista es un estímulo para Juan Manuel Olmos, motor intelectual del acto peronista en Parque Norte, quien observa el delicado momento del PRO en la Ciudad. El peronismo especula que, para aprovechar esta división, necesita un candidato a presidente que colme las expectativas insatisfechas.
Curiosamente, un pedido de desafuero contra Adorni podría contrariar los deseos de Axel Kicillof de mantenerse como el candidato mejor posicionado del PJ, y el único. Un desafuero lo obligaría a activar la parálisis en la Cámara de Diputados bonaerense por falta de acuerdo con Cristina Fernández de Kirchner sobre la distribución de comisiones. Kicillof logró una victoria táctica en el Senado, cediendo la comisión de Acuerdos Constitucionales a Malena Galmarini, pero asegurando el control de Legislación General, una puerta de entrada a los proyectos del Ejecutivo, excepto el de cubrir vacantes en la Corte.
El factor Massa y la “motosierra silente” de Kicillof
El eventual acuerdo, por ahora distante, entre Cristina y Kicillof es el principal riesgo que enfrenta la candidatura del senador por San Juan, Sergio Uñac, a quien la expresidenta le sugirió recorrer el país. Sergio Massa, por su parte, se autoexcluiría de esa carrera, no solo por el consejo de Jaime Durán Barba, sino también por la inquietud que le provocan las causas relacionadas con el “rulo financiero”. Se rumorea que el gobierno busca unificar las cuatro causas en Comodoro Py sobre este asunto con la que tiene en su poder la jueza María Eugenia Capuchetti.
El enfrentamiento del gobierno con el juez Ariel Lijo crece a medida que avanzan sus investigaciones sobre el jefe de Gabinete y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Un antecedente relevante es el fallo de la Cámara Federal porteña que declaró prescripta la causa donde Capuchetti investigaba si la constructora brasileña Odebrecht pagó sobornos para quedarse con las obras de ampliación de los gasoductos TGN y TGS. Entre los citados a declarar figuraba Jorge “El Corcho” Rodríguez, actual titular de Edelap, del grupo DESA, un puesto al que habría accedido por recomendación de Massa.
Mientras tanto, un informe de la consultora PPA de Daiana Reboredo destacó que, durante el primer trimestre, la recaudación de Kicillof superó en cinco puntos el gasto en salarios, permitiéndole afrontar el pago de aguinaldos sin sobresaltos. Esta situación financiera sugiere una “motosierra silente” aplicada por Kicillof en su administración, induciendo una inercia que es motivo para que intendentes representados en Parque Norte busquen contacto con Sergio Uñac.
