Semillas: Fuerte debate por UPOV-91 y la búsqueda de un consenso productivo

MAR DEL PLATA.- La discusión sobre la adhesión de Argentina al convenio internacional UPOV-91 o la implementación de una nueva ley de semillas ha vuelto a exponer profundas diferencias entre los principales actores del sector agropecuario: productores, obtentores y el propio Estado. A pesar de las marcadas posturas, todos los sectores coinciden en la urgencia de alcanzar consensos para actualizar el marco normativo, con el objetivo de mejorar la competitividad del país en el ámbito genético y biotecnológico.

El eje central del debate se enfoca en el alcance del uso propio de las semillas, la viabilidad de un esquema más cercano a la UPOV-91, el temor a una mayor burocracia o la apertura a patentes, y la necesidad imperante de generar condiciones atractivas para la inversión en genética y biotecnología. Desde el Gobierno, se defiende el rol arbitral del Estado y se reafirma el compromiso de enviar al Congreso la propuesta de adhesión a UPOV-91.

Mientras los representantes de la producción reclaman un sistema intermedio que evite modelos extremos, la industria semillera insiste en que los cambios parciales no son suficientes para que Argentina compita eficazmente con mercados robustos como Brasil o Estados Unidos.

La visión del Estado: arbitraje y flexibilidad en el uso propio

Martín Famulari, presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase), atribuye la falta de acuerdos históricos a que “muchas veces los intereses de pequeños sectores o actores se antepusieron al interés general”. En este contexto, Famulari asegura que el compromiso de la Secretaría de Agricultura y del Inase es encontrar “un lugar donde todos los actores de esta cadena tan importante se sientan cómodos”, destacando el rol del Estado como árbitro en la discusión.

Famulari enfatiza que el debate no debe reducirse a la dicotomía entre UPOV-78 y UPOV-91, señalando que “si podemos buscar consensos con UPOV-78 o 91 debemos hacerlo”. Sin embargo, advierte que avanzar únicamente con la adhesión al convenio sin una reforma integral del sistema sería insuficiente. “Con una reglamentación de semillas consensuada, moderna y que mire para adelante, casi deja sin efecto a la UPOV-91”, afirma. Según su explicación, el punto crucial de la discusión radica en el uso propio de semillas, ya que la UPOV-91 delega en cada Estado la definición de su alcance. “Nos delega la facultad de Estado para ponernos en cualquier lugar que nos quede cómodos entre el 0 y el 100% de uso oneroso”, explica Famulari, quien defiende el esquema actual argentino, asegurando que el uso propio vigente “cumple con las normas de UPOV-91” al haber sido diseñado bajo esos criterios. El desafío, remarca, es construir una ley que permita acceder a “la mejor tecnología del mundo”.

Productores: evitar burocracia y temor a las patentes

Desde el sector productivo, representado por Pablo Ginestet de Confederaciones Rurales Argentinas y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, se expresan reparos sobre un sistema que implique mayores controles o costos administrativos. Si bien Ginestet valora la discusión, subraya la necesidad de encontrar un punto intermedio “entre el cero que sería la posición para los productores y el 100 que sería para los semilleros”.

Ginestet advierte que imponer “algo que implique más burocracia o mayor control que significa volverse onerosos en el funcionamiento de esto tampoco va a ser bueno”. Propone la incorporación de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para simplificar los mecanismos de control y cobro. El dirigente rural también relativiza el debate exclusivo entre UPOV-78 y UPOV-91, recordando que países vecinos como Brasil, Uruguay y Paraguay operan bajo esquemas derivados de UPOV-78 con modificaciones propias. Las diferencias de fondo del convenio 91, según Ginestet, generan preocupación en parte del sector productivo porque “abren la puerta a patentes”, un escenario que “hoy en la Argentina no se puede, pero siempre están las puertas abiertas”. Además, recordó un “casi acuerdo” en 2018 que no prosperó, destacando la importancia de la construcción de confianza entre las partes.

La industria: una UPOV-91 para atraer inversiones y tecnología

Por su parte, Lucas Amadeo, gerente de relaciones institucionales de GDM, lamenta que el debate se haya transformado históricamente en una disputa “de unos versus otros” entre productores y obtentores, cuando en la dinámica diaria “somos aliados”. Insiste en que la discusión debe enfocarse en cómo lograr que el desarrollo de variedades sea más rentable y competitivo para atraer inversiones y nuevas tecnologías.

Amadeo diagnostica un “atraso genético” en Argentina, y sostiene que las modificaciones parciales o “parches” no son suficientes. “En la Argentina solo hay dos compañías haciendo mejoramiento genético. Brasil tiene más de 10 grandes compañías y más de 15 programas de mejoramiento genético y no van a venir a la Argentina con un cambio circunstancial, paulatino e intermedio”, afirma. El representante de GDM defiende abiertamente la adhesión a la UPOV-91, argumentando que este esquema pondría a la industria argentina “en igual paridad que Brasil, Estados Unidos y Canadá”. Un marco normativo más robusto, indica, sería clave para atraer inversiones en edición génica y nuevas tecnologías de mejoramiento vegetal. “Tomemos UPOV-91 y mejoremos y seamos el ejemplo del mundo”, propone, remarcando que la adhesión tendría un impacto directo en la productividad y en la capacidad de recuperación de inversiones. “La adhesión a la Upov es ganancia genética, impacto directo en el bolsillo de los argentinos por mayor producción. El uso propio lo definirá el Estado. Si la Argentina adhiere a la Upov-91 nos cambia la previsión del recupero de capital”, concluye Amadeo.