Adhesión al Tratado de Patentes: oficialismo avanza con cambios clave

El oficialismo dio un paso crucial este martes en la Cámara de Diputados al obtener dictamen favorable para la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). La decisión, que se tomó en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, Legislación General e Industria, contó con 57 firmas de La Libertad Avanza (LLA) y bloques aliados.

Sin embargo, el despacho de mayoría introdujo una modificación significativa respecto a la media sanción aprobada por el Senado en 1998. La principal novedad es la incorporación de una reserva sobre el Capítulo II del acuerdo, un punto que ha generado una fuerte controversia con la industria farmacéutica nacional y sus representantes.

La reserva que divide aguas

El Capítulo II del PCT habilita al INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial), el organismo encargado del registro de patentes en Argentina, a apoyarse en informes técnicos elaborados por oficinas extranjeras para el análisis de nuevas invenciones. La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (CILFA), principal opositora a la adhesión sin reservas, ha advertido que estos criterios externos podrían influir en las decisiones locales y facilitar la aprobación de patentes que actualmente son rechazadas en el país.

La diputada libertaria Juliana Santillán, quien presidió el plenario, defendió el proyecto, argumentando que busca “simplificar y ordenar” el sistema de patentes, reducir costos y agilizar trámites para investigadores, pymes y empresas argentinas. Santillán enfatizó que el PCT “no concede patentes internacionales ni limita la soberanía de los Estados”, manteniendo cada país la potestad de decidir qué innovaciones aprueba.

En la misma línea, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, explicó que el tratado crea una “solicitud única” para iniciar trámites de patentamiento en los 158 países miembros, lo que evitaría a los inventores argentinos tener que gestionar presentaciones por separado en cada jurisdicción. Además, destacó que el acuerdo amplía de 12 a 30 meses el período de prioridad para proteger invenciones, un beneficio que, según sus palabras, favorece especialmente a pymes y pequeños desarrolladores.

Debate político y económico

La discusión sobre la adhesión al PCT no solo se centra en aspectos técnicos, sino que también está atravesada por la política exterior del Gobierno. La ratificación del tratado era un compromiso asumido por el presidente Javier Milei al firmar en febrero el Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones con Donald Trump, y debía concretarse antes del 30 de abril. A pesar de las demoras legislativas, Estados Unidos retiró recientemente a Argentina de su “Priority Watch List”, la nómina de países cuestionados por el respeto a la propiedad intelectual.

Uno de los cuestionamientos más fuertes provino de Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica. Aunque respaldó la adhesión al tratado, rechazó la reserva sobre el Capítulo II, advirtiendo que envía “una mala señal” a los socios comerciales y apuntando directamente al “lobby de la industria farmacéutica”. Ferraro, quien anticipó la presentación de un dictamen de minoría para ratificar el acuerdo “sin reservas”, declaró:

“Yo elijo no fingir demencia, elijo decir lo que se trata de omitir”.

Por su parte, el peronismo, representado por Unión por la Patria, rechazó el acuerdo en su totalidad. Históricamente, este bloque ha respaldado la postura de los laboratorios nacionales, quienes sostienen que el tratado reduciría la competitividad local y encarecería los medicamentos. Santiago Cafiero, de Unión por la Patria, adelantó el dictamen de rechazo de su bloque y cuestionó la “contradicción” del Gobierno entre promover tratados vinculados a la innovación y, al mismo tiempo, recortar fondos para universidades y organismos científicos, vinculando la iniciativa con los compromisos asumidos con Estados Unidos.

Impacto y próximos pasos

Argentina es el único miembro del G20 y uno de los pocos de la región que aún no integra el sistema PCT. El Gobierno sostiene que la ratificación alineará al país con estándares internacionales, simplificará y abaratará el registro de patentes. Con el PCT, un inventor argentino dispondría de 30 meses (en lugar de 12) para definir en qué países protegerá su invención, lo que otorgaría más tiempo para conseguir financiamiento, estudiar mercados y diseñar una estrategia comercial.

Además, el sistema permitiría iniciar el trámite directamente desde Argentina a través del INPI, sin necesidad de recurrir a oficinas extranjeras, lo que, según el oficialismo, podría reducir significativamente los costos internacionales, en algunos casos hasta un 90%. El impacto se concentraría en la industria agropecuaria (desarrollos vinculados a semillas) y la farmacéutica (creación de nuevos medicamentos).

CILFA, por su parte, alerta sobre el fenómeno del “evergreening”, mediante el cual grandes compañías extienden monopolios sobre medicamentos ya existentes a partir de modificaciones menores. Los laboratorios nacionales argumentan que una mayor influencia de criterios internacionales podría facilitar este mecanismo, limitar la competencia de los genéricos y encarecer los precios en el mercado local, por lo que impulsan una adhesión con reservas similar a la aplicada por Uruguay.

Si el texto modificado es aprobado por la Cámara de Diputados, deberá regresar al Senado para su sanción definitiva. El oficialismo evalúa llevar el tema al recinto la próxima semana.