Masiva Marcha Federal Universitaria exige cumplimiento de ley y salarios

Este martes 12 de mayo, la Argentina es escenario de la cuarta Marcha Federal Universitaria, una contundente movilización nacional que exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial para todo el sector. La protesta, convocada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y respaldada por rectores de universidades nacionales, gremios docentes, organizaciones estudiantiles y el sistema científico, busca visibilizar la situación presupuestaria que califican de «crítica».

Desde el ámbito universitario, se alerta sobre un severo ajuste que impacta directamente en el desarrollo cotidiano de las casas de estudio. Según estimaciones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las transferencias a las universidades nacionales acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026. A esta preocupante cifra se suma que las partidas destinadas al funcionamiento representan apenas el 40% del valor que tenían en enero de 2023.

Este contexto de restricción presupuestaria se traduce, según los organizadores, en una reducción del margen para sostener actividades académicas, de investigación, extensión, infraestructura, becas y programas de acompañamiento estudiantil, pilares fundamentales de la educación pública. Además, las universidades y gremios denuncian un «deterioro salarial y la pérdida del poder adquisitivo» del personal docente y no docente, una de las principales demandas que resuena con fuerza en esta jornada.

Puntos de concentración y adhesiones en la Ciudad de Buenos Aires

La movilización principal en la Ciudad de Buenos Aires tiene como epicentro Plaza de Mayo, donde el acto central está previsto para las 17. Sin embargo, las concentraciones comenzaron desde las primeras horas de la tarde en distintos puntos de la ciudad para marchar hacia la Casa Rosada.

La Confederación General del Trabajo (CGT) se suma a la marcha, concentrando a las 15 en Diagonal Sur y Bolívar. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) también convocó a esa hora en Avenida de Mayo y Tacuarí. Por su parte, la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) fijó su punto de encuentro en Plaza Houssay, frente a la Facultad de Medicina, a las 14, mientras que FEDUN marcha desde Avenida de Mayo y Piedras a partir de las 15. La Federación de Asociaciones Gremiales de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT) también confirmó su adhesión.

Otras facultades y universidades en CABA también organizaron sus propias columnas. Desde la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, el llamado es a concentrarse directamente a las 17 en Plaza de Mayo, expresando:

No marchamos solo por un presupuesto, marchamos por los sueños de miles de estudiantes, por la trayectoria de nuestros maestros y maestras y por la ciencia que nos hace soberanos.

La comunidad de Exactas de la UBA se reúne a las 13 en la intersección de Avenida Callao y Bartolomé Mitre, mientras que la UTN Facultad Regional Buenos Aires convocó a concentrar a las 14.30 en la sede Medrano. La Universidad Nacional de las Artes (UNA) participa bajo la consigna “Por la educación, la cultura y la ciencia nacional”, con concentración desde las 14 en Avenida de Mayo y Salta, sumando el apoyo de figuras de la cultura como Griselda Siciliani, Paco Amoroso, Pablo Echarri, Claudia Piñeiro, Mercedes Morán y Esmeralda Mitre, entre otros.

Réplica nacional y el reclamo por la Ley de Financiamiento

La protesta no se limita a la capital federal; se espera que la movilización se replique en distintas ciudades y localidades de todo el país. Un ejemplo es la Universidad Nacional de Quilmes, que se suma a la jornada con una primera concentración a las 12 en el campus de Bernal y otra a las 14 en Avenida de Mayo y Bernardo de Yrigoyen, en CABA, reiterando el mensaje: “La Ley de Financiamiento Universitario existe, pero el Gobierno nacional no la cumple”.

La consigna central de la marcha es clara: la exigencia de la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, una normativa que busca garantizar los recursos necesarios para el normal funcionamiento de las instituciones educativas superiores de gestión estatal, y que, según las voces del sector, no está siendo respetada por el actual gobierno.